Por: Gerardo Lozano
Poniendo de momento a un lado todo lo demás, el problema de la seguridad pública es, con mucho, el saldo más grande que heredó el gobierno de AMLO, con una expansión e infiltración de los cárteles y organizaciones criminales a regiones y estados completos del país, con un costo de terror, sangre y violencia que alcanzó niveles históricos
Asumir el poder tiene sus costos y estos pueden ser muy altos. Estar en la oposición, por lo menos en México, puede ser muy cómodo, más con gobiernos como fueron los de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, donde no se dieron políticas de represión, ni un asedio sistemático y feroz con todo el aparato estatal, como si se da en muchos países del mundo.
Morena llegó al poder, lo que lo convierte en el partido gobernante. Ya no se trata de estar gritando en la plaza pública los errores de los gobiernos, sino de ser gobierno y demostrar, con hechos, no con demagogia y campañas publicitarias, que se es capaz de ajustar y resolver los grandes problemas del país. Es el momento de la verdad.
Morena ya ejerció su primer gobierno con Andrés Manuel López Obrador como caudillo absoluto y está iniciando su segundo gobierno, pero este nuevo gobierno se niega a asumir los costos de estar en el poder y quiere, anodinamente, seguir atribuyendo la mayoría de sus errores e ineficiencia a los gobiernos anteriores a AMLO.
Quitando los programas del bienestar, con los que se compraron, a un costo altísimo, una enorme clientela política y electoral, el gobierno de AMLO dejó un saldo enorme al país, por lo que la nueva presidenta ha usado todos los recursos a su alcance para minimizar o, pero aun, ocultar.
Poniendo de momento a un lado todo lo demás, el problema de la seguridad pública es, con mucho, el saldo más grande que heredó el gobierno de AMLO, con una expansión e infiltración de los cárteles y organizaciones criminales a regiones y estados completos del país, con un costo de terror, sangre y violencia que alcanzó niveles históricos.
Hoy, que tenemos encima al ominoso gobierno de Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum y la 4T en general, están tratando de evadir su responsabilidad y la parte que les toca en este grave problema, donde, de acuerdo a las propias cifras oficiales del sistema de seguridad nacional, tienen inclusive más responsabilidad y cuentas pendientes que cualquiera de los gobiernos anteriores.
El problema es que Claudia Sheinbaum no quiere asumir el costo político de esa responsabilidad que ha heredado y el partido oficial tampoco. Está más que documentado que una parte de los gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y funcionarios de origen morenista están relacionados a los cárteles y, muchos más, han sido intencionalmente omisos a las actividades criminales en muchos estados del país.
Nunca, ni en las épocas más oscuras del viejo priismo había habido tanta impunidad hacia actos de corrupción y de ilegalidad de políticos del partido oficial. Es aberrante que un exgobernador como Cuauhtémoc Blanco no este en la cárcel y, como burla, sea diputado federal con fuero, como aberrante es que Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, en plena narcoguerra, de la que él es uno de los precursores, reciba la distinción de entregarle su credencial de Morena por parte de Andrés Manuel López Beltrán, el heredero político de AMLO.
A cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, trata de descalificar, personalmente, a la reconocida periodista Anabel Hernández, usando mentiras y argumentos falsos, para poner en entredicho las publicaciones que evidencian los nexos de la 4T con al menos uno de los grandes Cárteles, que habría financiado campañas electorales del ahora partido
