Agencias/ Redacción

Revista de Coahuila ha tenido algunas experiencias directas en este uso del procedimiento judicial para impedir la libertad de expresión y protegerse de señalamientos de corrupción

El aparato judicial puede ser, para quien tiene poder y dinero, un instrumento muy eficaz para cobrar venganzas políticas, pero también para acallar medios de comunicación y periodistas, como está ocurriendo con el caso del exrector de la UNAM, Enrique Graue y Fernando Macedo, director de la FES Aragón, quienes, demandados por Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, han sido condenados por una jueza de la ciudad de México a pagar 15 millones de pesos cada uno por “daño moral”.

Cumpliendo sus obligaciones como funcionarios de la UNAM, Graue y Macedo tuvieron que resolver el caso de acusación de plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, propuesta por AMLO en 2019 para presidir la SCJN, quien ahora busca, aprovechando la denominada reforma judicial, reelegirse y obtener, bajo la protección de la 4T, la anhelada presidencia de la SCJN, no obstante todo el escándalo desatado con el caso de su tesis de licenciada en derecho.

El antecedente es sumamente delicado y muestra lo que puede suceder con un poder judicial utilizado con fines políticos de represión y venganza, algo que se puede volver mucho más común con la nueva reforma del poder judicial, donde ministros, magistrados y jueces quedarán bajo la influencia de los partidos políticos, en especial de Morena, el partido en el poder.

El uso del poder judicial no es algo nuevo. En 2016, el exgobernador, entonces todavía priista, de Coahuila, Humberto Moreira, estaba sufriendo un prologado periodo de críticas en muy diversos medios de comunicación, debido a lo que se calificaba de graves anomalías sucedidas durante su periodo de gobierno, tanto en materia de derechos humanos como de finanzas públicas, al heredar una deuda de casi 40 mil millones de pesos. Una deuda que, aunque fue indebidamente legalizada por su hermano Rubén Moreira, no está fundamentada en su origen hasta la fecha.

Como una estrategia para acallar la crítica en los medios, Humberto Moreira demandó al columnista, catedrático e investigador Sergio Aguayo, por daño moral, al haber utilizado en una de sus columnas la expresión de “un tufo de corrupción”, en referencia al exgobernador. La demanda era por 10 millones de pesos.

Sergio Aguayo, quien vive en la medianía como producto de su trabajo como académico y analista, tuvo que enfrentar, y perder en segunda instancia, un juicio que colocó su economía en una situación sumamente precaria. Los 10 millones de pesos que le condenaban a pagar representaba hasta en tres veces todo su patrimonio familiar.

El juez de primera instancia había fallado a favor de Sergio Aguayo, pero Moreira logró, en una segunda instancia, revertir el fallo y que se dictaminara en su favor, por lo que el académico recurrió a un amparo directo en 2020.

Finalmente, el 16 de marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la ministra Ana María Ríos Farjat, dictaminó en favor de Sergio Aguayo, bajo la consideración de que este no había hecho sino el uso de la libertad de expresión, por medio del periodismo crítico y, en ningún modo se podía considerar como un daño moral, reclamado por Moreira, quien fue condenado a pagar los costos judiciales del periodista.

Cabe hacer la consideración que el juicio se llevó alrededor de seis años, y fue resuelto ya fuera del periodo de Enrique Peña Nieto. 

Humberto Moreira demando por segunda ocasión, pero Sergio Aguayo, quien es especialista y un importante estudioso en temas de seguridad pública, ha profundizado en sus estudios en torno al caso de Coahuila, durante el periodo de gobierno de Humberto Moreira, ahondando sobre los horrores que son del dominio público y han sido abordados por muchos medios de comunicación, en inclusive algunas investigaciones han sido llevadas al cine.

INTIMIDAR Y GANAR TIEMPO

Revista de Coahuila ha tenido algunas experiencias directas en este uso del procedimiento judicial para impedir la libertad de expresión y protegerse de señalamientos de corrupción.

Precisamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se publicó un reportaje sobre una trama de corrupción, operada por un grupo de funcionarios de la SEP en Coahuila, quienes estaban conectados con funcionarios de la SEP nacional.

El reportaje evidenciaba el enriquecimiento inexplicable, el tráfico de influencias y la corrupción, pero los funcionarios interpusieron una demanda por daño moral, cuando solo se había publicado la mitad de las evidencias.

Como medida precautoria, el juez ordenó a Revista de Coahuila y a un importante diario de la ciudad de Torreón, el no realizar cualquier tipo de publicación que hiciera referencia a los demandantes. Ese era el verdadero propósito, pues ganar la demanda técnicamente era algo muy complicado.

En la primera instancia se fueron dos años y en la segunda otros dos, un tiempo más que suficiente para que terminara el sexenio estatal y el federal. Los denunciantes terminaron su periodo como funcionarios y al final se desinteresaron de la demanda, pues ya habían logrado su propósito y se habían ido.

YASMÍN ESQUIVEL: EL CASO DE LA NUERA

En el círculo familiar de la ministra Yasmín Esquivel hay un caso muy delicado de abuso del poder judicial, el cual es preocupante si se considera que esta ministra puede reelegirse, apoyada por Morena, y convertirse inclusive en presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esquivel está casada con el empresario José María Riobóo, quien fue asesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En 2019 interpuso una demanda sumamente inusual, acusando a su propia nuera de asesinar a su hijo, Rodrigo Riobóo Talayero, fallecido en España el 4 de marzo de 2019, a los 39 años de edad, después de 11 años de matrimonio con María Isabel Cal y Mayor.

José María Riobóo acusó a su nuera de haber maquinado la muerte de su hijo, al haberle proporcionado, durante ocho años, alimentos y bebidas que precipitaron su fallecimiento, para quedarse con todos sus bienes, cuando Rodrigo Riobóo padecía de varias enfermedades crónicas de gravedad.

José María Riobóo lanzó contra María Isabel Cal y Mayor todo el poder del aparato judicial mexicano, con la complacencia y conocimiento de Yasmín Esquivel.

El 19 de febrero de 2020, un juez de control de la ciudad de México ordenó la aprehensión de la viuda “por homicidio, en razón de parentesco, calificado y con traición”, castigado con una pena de 20 a 50 años de prisión.

Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló todas sus cuentas bancarias, con una eficiencia y prontitud que jamás empleó contra ningún “lavador” de dinero.

Para meter más presión, la Fiscalía General de la República, abrió una investigación en contra de uno de los abogados defensores de María Isabel Cal y Mayor. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió por su parte una solicitud de extradición sobre la demandada, quien tuvo la fortuna de estar radicando junto con su esposo fallecido en España.

En suma, todo el aparato judicial y gubernamental a disposición de la familia Riobóo-Esquivel.

Dado lo absurdo e infundado de la demanda, la Audiencia Nacional de Madrid desestimó todos los cargos, determinando que no había fundamento alguno para acusar a María Isabel Cal y Mayor de homicidio, de acuerdo a todas las evidencias disponibles, absolviéndola de cualquier delito, una vez que su esposo padecía, desde hacía muchos años, de diversas enfermedades crónicas, las que habían sido causa de su fallecimiento, además que la competencia judicial del hecho le correspondía a las autoridades españolas por el lugar del fallecimiento.

¿Qué hubiera pasado si María Isabel Cal y Mayor estuviera radicando en México y no en España? En principio hubiera ido a la cárcel.

Al terminar el litigio ella declaró a los medios: 

“Un hecho que deseo destacar y que no es un asunto menor, es que el padre de mi esposo, el señor José María Riobóo Martín, está casado con Yasmín Esquivel Mossa, quien actualmente es Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha hecho difícil que la justicia mexicana opere con imparcialidad en mi caso, es decir, es muy probable que exista un conflicto de intereses”

María Isabel Cal y Mayor acusó que todos los recursos legales que inició en México para no perder la herencia de su esposo a sus hijos, han topado con pared en el Poder Judicial con decisiones carentes de imparcialidad, las cuales atribuye al hecho de que la Ministra Yasmín Esquivel es esposa de su ex suegro José María Riobóo. 

La viuda batalló durante meses con varios recursos de queja para que por lo menos le admitieran su amparo contra la orden de aprehensión y la ficha roja de la Interpol, pero tanto un juez como un tribunal colegiado rechazaron aceptar su demanda.

“El padre de mi esposo, quien no fue ni siquiera a verlo a su sepelio, fabricó en contubernio con autoridades mexicanas un delito”, dice en una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra dependencias federales y locales que conocieron de su asunto.

JUSTICIA CON FINES POLÍTICOS

Más de 100 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesionales rechazaron el fallo judicial que ordena que el exrector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo, paguen 15 millones de pesos a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel.

“La sentencia de la juez Flor de María Hernández Mijangos premia a la asesora de tesis ostensiblemente plagiadas y castiga a los funcionarios que, en representación de la UNAM, tuvieron que ocuparse de ese asunto. La justicia, en este caso, es deformada para favorecer una venganza política“, señalaron los académicos en una carta difundida en redes sociales este martes.

Asimismo, calificaron como abuso de poder y manipulación de la justicia, la sentencia emitida a favor de la profesora Rodríguez Ortíz, quien había denunciado a Graue y Macedo por daño moral.

“La juez Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México estimó que la difusión de su conducta y las declaraciones de quienes encabezaban a la UNAM y a la FES Aragón le ocasionaron perjuicio a Rodríguez Ortiz”.

Los más de 100 firmantes, entre los que también hay abogados, investigadores, científicos y economistas, confiaron en que las instancias judiciales puedan reivindicar su decisión a favor del exrector de la UNAM y el exdirector de la FES Aragón, y con ello desechen la demanda de la asesora de la tesis de Yasmín Esquivel.

“(La condena impuesta) expresa de forma escandalosa las desviaciones a las que conduce la manipulación de la justicia con propósitos políticos”, sentenciaron.