Por: Eduardo Rodríguez

Abusar de la figura de testigo del gobierno en procesos judiciales o de ‘cooperante’, se puede considerar como una violación a la ética, pero algo mucho más delicado: un instrumento para la violación del debido proceso, bajo la máxima de que el fin justifica los medios

Muchos hechos documentados, relaciones y bienes muestran que Gerardo García Luna, el Secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, fue un funcionario corrupto, eso no parece tener discusión, pero desde el punto de vista del derecho, en la opinión de expertos en la materia, su juicio ha sido una aberración, ejecuta por indicaciones del más alto nivel y a petición del pasado gobierno de México.

Es un caso, como varios que se han dado en los últimos años, para su estudio en cualquier facultad de derecho, no sólo de México sino de los Estados Unidos. En general se dio lo que en derecho se denomina violación al debido proceso.

De acuerdo a la jurisprudencia, se puede juzgar al mismo diablo, si se pudiera, pero este tiene derecho al debido proceso, es decir ser sentenciado a una determinada condena en base a pruebas sólidas que presenta la fiscalía y no pueden ser rebatidas por la defensa, las cuales pueden ser de diverso tipo, como testimoniales, documentales, periciales, pero sólidas e irrebatibles. 

Por medio del cine y la televisión, casi cualquier persona conoce cómo es que funciona un juicio en el sistema judicial norteamericano. Hay un jurado de ciudadanos escogido al azar, que es el que emite la sentencia después de deliberar a puerta cerrada; hay un juez, quien determina la pena; una fiscalía que acusa en nombre del estado y busca demostrar la culpabilidad y hay una defensa, pagada o asignada, que busca demostrar la inocencia.

El caso de Gerardo García Luna es tal vez el más representativo de un recurso que está empleando el sistema judicial norteamericano, del cual parece estar abusando: utilizar criminales como testigos acusatorios en contra del procesado, a cambio de otorgar a estos criminales, por más peligrosos que sean, beneficios en sus condenas, o inclusive beneficios todavía más amplios, los que se realizan con secrecía, de los cuales el jurado, que está formado por ciudadanos ordinarios, no está enterado.

En el juicio de Gerardo García Luna quedó para el estudio del derecho una frase de la fiscal sobre los testigos: “Estos hombres han cometido actos horribles, pero les pido que les crean…”.

Como se trata de un juicio oral, los testigos, en este caso conocidos capos mexicanos que han cometido todo tipo de delitos, entre ellos los de homicidios, tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiración criminal, fueron empleados por la fiscalía para acusar a un ex Secretario de Seguridad Pública de México, un secretario de estado del más alto nivel relacionado con la lucha contra el crimen.

Lo más delicado, desde el punto de vista del derecho, es que todo estaba basado en testimonios orales, pero sin aportar pruebas de ninguna naturaleza, era la palabra de un criminal de muy alta peligrosidad, algunos de ellos detenidos por el mismo gobierno al que perteneció el acusado, sin que se pudiera verificar si lo dicho era cierto o falso, pero además estaban previamente aleccionados por la fiscal para darle cierta coherencia y relación a los parlamentos que iban presentando ante el jurado de forma sucesiva.  

En el sentido estricto, el jurado estaba siendo manipulado psicológicamente para predisponerlo a emitir una sentencia condenatoria, persuadiéndolo de que el exfuncionario era tanto o más criminal que sus acusadores, como al final lo expresó el propio juez, una vez que se dio el veredicto de culpabilidad.

¿SON ÉTICAS LAS NEGOCIACIONES CON LOS CAPOS?

El pasado mes de noviembre fue liberado el capo Osiel Cárdenas Guillen, considerado como uno de los más sanguinarios capos que ha habido en la historia reciente, quien fue sentenciado a tan solo 25 años de cárcel, pero a los 21 años ha recibido libertad condicional, y deberá de permanecer en los EEUU por 5 años usando un dispositivo electrónico, pero en libertad.

Osiel Cárdenas recibió tan benigna condena por cooperar, lo que consiste en proporcionar información criminal y delatar a gente involucrada en el crimen. 

Este ha sido el procedimiento, que se ha vuelto común, de agencias como la DEA y el FBI, para obtener información que, de otra forma, les implicaría mucho trabajo de inteligencia, tanto en los Estados Unidos como en México, con todo lo que ello implica.

El asunto delicado es que los especialistas en derecho opinan que estos procedimientos deben de tener límites, pues de otro modo están contraviniendo la aplicación de la justicia.

Juan García Abrego, el capo antecesor de Osiel Cárdenas Guillen, quien fue detenido en 1996, recibió una condena de ¡11 cadenas perpetuas! Y tenía métodos mucho menos violentos que Osiel Cárdenas.

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado a una cadena perpetua más 30 años de prisión, lo que es suficiente, pues nadie tiene más que una sola vida, por lo que da lo mismo si es una o son once cadenas perpetuas, pero la condena de Juan García Abrego tenía el propósito de mostrar toda la dureza posible de la ley.

Como la mayoría de los capos mexicanos son extraditados a los Estados Unidos, muchos de ellos de mediano nivel, a través de esta política de “cooperación”, que puede ser inclusive posterior al juicio y a la sentencia que ya se les dio, como es el caso de los testigos en el caso de Gerardo García Luna, los capos están sacando provecho, lo mismo que las agencias de seguridad norteamericanas, quienes poseen más información confidencial sobre el crimen organizado que el propio gobierno mexicano.

Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, testigo estelar en el caso de Gerardo García Luna, detenido en 2010 y extraditado en 2012, declaró inicialmente que había secuestrado, torturado y descuartizado a cerca de 90 personas. Las autoridades mexicanas lo relacionaban con varios asesinatos, algunos de ellos efectivamente con tortura y descuartizamiento, entre varios cargos criminales de suma gravedad.

Pese a ello, Sergio Villarreal Barragán se convirtió en testigo del gobierno y ha colaborado en varios juicios como tal, pero su aportación estelar fue en el juicio contra Gerardo García Luna, en el que declaró que el exfuncionario había recibido sobornos del Cártel de Sinaloa.

El pasado 12 de noviembre de este 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, borró a Sergio Villarreal Barragán de su lista negra, lo que significa que está en libertad. 

Ya gozaba de otros beneficios antes de testificar contra Gerardo García Luna, pero ahora está de nuevo en las calles, a sus 55 años. 

El capo colombiano Jorge Sifuentes Villa, quien fue presentado como testigo de la fiscalía en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, no solo ha sido dejado en libertad, sino que se le desbloquearon sus cuentas y empresas ubicadas en territorio norteamericano.

¿Esto es justicia?

Abusar de la figura de testigo del gobierno en procesos judiciales o de ‘cooperante’, se puede considerar como una violación a la ética, pero algo mucho más delicado: un instrumento para la violación del debido proceso, bajo la máxima de que el fin justifica los medios.

Esto desvirtúa, y mucho, la política de extradición de criminales a los Estados Unidos, por la incapacidad del gobierno mexicano para llevarlos a juicio y contar con un sistema penitenciario que sea realmente de máxima seguridad. 

¿Qué sucederá en el juicio de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los capos más sigilosos y astutos que han existido en México? Debido a las características del personaje, es muy difícil que la fiscalía disponga de pruebas sólidas para acusarlo de todos los delitos que ha cometido a lo largo de 50 años de carrera criminal.

“El Mayo” Zambada además tiene 76 años de edad y tiene problemas de salud ¿Cuántos puede durar en prisión de acuerdo a sus expectativas de vida? Debido a su nivel es difícil convertirlo en testigo del gobierno, pero sí puede convertirse en ‘cooperante’, para proteger a su familia, específicamente a uno de sus hijos, y a sus intereses, que son muchos. De entrada, el caso tiene muy nervioso al gobierno mexicano, que incluso ha llegado al extremo de realizar una defensa indirecta del capo. Las razones solo las conoce el círculo más cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.