Por: Eduardo Rodríguez
Casos como los de Sinaloa, Morelos, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Zacatecas, por citar los casos más críticos, demuestran lo dicho por el nuevo gobierno norteamericano
Donald Trump es un enfermo de poder; un megalómano caprichoso, impredecible, que ha abierto demasiados frentes a nivel internacional, pero también ha comenzado a movilizar a los poderes fácticos de su propio país, y estos no se quedarán de brazos cruzados ante el desorden que está propiciando él y su equipo de incondicionales.
Enmedio de toda esta vorágine desatada por el trumpismo, México es el país más vulnerable y más a su merced, la sola incertidumbre que ha desatado con su guerra de aranceles está causando estragos en la economía del país, pues cambia de parecer según con el pie que se levante, pero en algo tienen razón él y personas como el Secretario de Estado, Marco Rubio, quienes han afirmado insistentemente que el estado mexicano está infiltrado por los cárteles de la droga, y un día los mexicanos nos despertaremos con la realidad de que el crimen organizado está por encima del mismo estado.
Claudia Sheinbaum lo niega con vehemencia, primero porque su caudillo, Andrés Manuel López Obrador, ahondó, como ningún presidente anterior, el empoderamiento de los cárteles, y, segundo, porque le están exigiendo que tiene que presentar resultados sobre la narcopolítica, y eso incluye de manera directa a Morena, con todos los costos que conlleva.
Marco Rubio afirma que están haciendo un favor al pueblo mexicano al plantear el problema y exigir su solución.
Y ya sea que le guste o no a Claudia Sheinbaum, la realidad es que, en eso, tiene absolutamente la razón: el estado mexicano está severamente infiltrado por el crimen y eso empeoró notoriamente en los últimos seis años.
Casos como los de Sinaloa, Morelos, Guerrero, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Zacatecas, por citar los casos más críticos, demuestran lo dicho por el nuevo gobierno norteamericano.
Y la nueva política y las exigencias norteamericanas tienen, en buena parte, que ver con algunas maniobras y el discurso del propio Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum.
Por una venganza, no porque le importara el asunto de la corrupción, López Obrador pidió la cabeza de Gerardo García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y se la concedió el gobierno de Joe Biden, montándole un juicio a modo, con los propios capos que había capturado el exfuncionario.
Esto fue acompañado por un discurso permanente de que los gobiernos anteriores a él estaban infiltrados, lo cual es cierto, como es cierto que Gerardo García Luna cometió conductas delictivas, lo que fue machacado hasta el hartazgo. Pero esto reforzó la convicción de las agencias y el gobierno norteamericano de que un combate a los cárteles tiene que pasar, necesariamente, por los narcopolíticos y los narcoempresarios, pues mientras no se combata a estos será un cuento de nunca acabar.
Para empeorar las cosas, tanto AMLO como Claudia Sheibaum, que sigue siendo su clon, han insistido en el discurso de afirmar que TODO el poder judicial está corrompido hasta los huesos, para justificar la apropiación que están realizando de este poder; para subordinarlo al poder ejecutivo o, más con concretamente, a la presidencia, a través de esa aberración que serán las elecciones del próximo mes de junio, donde se “elegirá” a jueces, magistrados y ministros.
El colmo ha sido la extradición de 29 narcotraficantes de alto nivel a los Estados Unidos, como un tributo a la esquizofrenia de Trump, lo que en la práctica no sirvió de mayor cosa, porque estos criminales ya están detenidos (en algunos casos tienen décadas en la cárcel), pero violentando el debido proceso en muchos casos, lo que es un antecedente sumamente delicado al cometer el estado un acto violatorio de la ley de manera abierta y deliberada, con fines políticos, que además fue inútil.
Lo que le están exigiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum es que entregue a narcopolíticos, narcoempresarios de alto nivel y a los capos que están hoy al frente de los cárteles, no los que están ya en la cárcel desde hace tiempo. Tampoco quieren narcos de segundo nivel, a los que se denomina como “generadores de violencia”, sino a las cabezas, pues un capo de segundo nivel se puede sustituir al siguiente día de que fue detenido.
Si tomamos como referencia el libro de investigación Camorra, del italiano Roberto Saviano, los verdaderos operativos contra las familias de la mafia incluían la detención de decenas de integrantes de la misma organización, desde las cabezas hasta los sicarios; la confiscación de las empresas de estos; la incautación de las cuentas bancarias; el corte de los flujos de dinero y los lavadores de dinero involucrados.
En el caso de Sinaloa, mientras la guerra de “los chapitos” contra “la mayiza” alcanza cerca de mil asesinatos y cientos de desaparecidos ¿Dónde está el trabajo del estado? detenciones de operadores, jefes de seguridad, desmantelamiento de algunas redes de espionaje y la destrucción de laboratorios caseros. Esto ayuda, pero no han ido contra las cabezas que mueven el cártel, los políticos que los protegen, los empresarios que les lavan el dinero, las empresas, que las tienen por decenas, las cuentas bancarias y las rutas de distribución de la droga.
Si el ataque fuera a fondo, el gobernador Rubén Rocha Moya debería estar sujeto a proceso, lo mismo que los grandes lavadores de dinero; los mandos policiacos y hasta militares que han protegido al cártel por décadas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum por momentos pareciera estar buscando el restablecimiento de la “pax narca”, más que el desmantelamiento del cártel de Sinaloa, para de esta manera evitar entrar al terreno de la narcopolítica y la corrupción de las instituciones de seguridad, que estuvieron protegiendo al cártel durante al menos los últimos seis años, y eso es lo que los norteamericanos, con toda razón, toman como una tomadura de pelo, que no parecen estar dispuestos a seguir tolerando, como lo demuestra el operativo de captura de Ismael “El Mayo” Zambada, con el cual acabaron con la “pax narca” que llevaba décadas en los estados de Sinaloa, Durango, Nayarit y parte de Sonora.
