Por: Anabel Hernández

Mientras en México se descubre el horror de un “campo de exterminio” en Jalisco y la presidenta Sheinbaum encabeza una fiesta popular, el Departamento de Justicia de EE. UU. procesa una explosiva denuncia.

La tarde del 7 de marzo, cuando el sol se posaba sobre el reseco terreno del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un grupo de mujeres cavaba la tierra con la desesperación de quien busca lo irremplazable. Eran las Guerreras Buscadoras de Jalisco, mujeres que persiguen desesperadamente las sombras de aquellos que en vida se desvanecieron en la niebla de la impunidad. Así, empezaron a brotar de la tierra gris los fragmentos de una infame historia que nadie quería contar, y que el gobierno de México, en todos sus niveles, toleró.

Primero, fueron los huesos. Un molar, testigo mudo de un grito ahogado. Un pedazo de cráneo ennegrecido por el fuego, el vestigio de una memoria convertida en cenizas. Luego, las extremidades, como raíces cortadas de golpe, huellas de un sufrimiento sin tiempo ni nombre. Y al fondo, en la penumbra del hallazgo, decenas de pares de zapatos, desordenados como si sus dueños hubieran sido arrancados de ellos en un solo y terrible instante.

No era solo una fosa, ni un simple cementerio clandestino. Era un “campo de exterminio” donde el Cártel Jalisco Nueva Generación había erigido su reino de terror. Allí, el olvido era una orden y la muerte, una estadista. Porque en México, donde la violencia ha echado raíces profundas y las autoridades han aprendido a mirar hacia otro lado, las alianzas entre criminales y funcionarios se sellan con silencios y complicidades desde hace lustros.

Se calculan al menos doscientas victimas de todas las edades: menores de edad, adolescentes, mujeres y hombres que probaron el infierno en vida.

Las crudas imágenes que han circulado son el costo de los “abrazos y no balazos” establecidos durante seis largos años de gobierno de la llamada Cuarta Transformación en México, con el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el poder.

El campo del horror probablemente estuvo en funcionamiento desde el 2018; la absurda negación de la violencia y el crimen que el gobierno de AMLO impuso como discurso oficial permitió que las infames practicas de reclutamiento forzado, abusos sexuales, ejecuciones sumarias y crematorios clandestinos prosperaran en el infierno llamado “rancho Izaguirre”.

Dos días después de los brutales hallazgos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un festejo masivo en el zócalo de la Ciudad de México para celebrar que, aunque la Casa Blanca acusa directamente a su gobierno de tener complicidad con el crimen organizado, Donald Trump aplazó un mes más la aplicación del aumento de aranceles a México.

Las dos estampas del México actual son irreconciliables. Hay una disociación de fondo entre la sociedad y el gobierno. Mientras  la población vive una cruda realidad bajo el yugo de los carteles narco-terroristas, la clase política en el poder pareciera danzar sobre su dolor y muerte.

Esta situación podría dar un giro inesperado.

En el Departamento de Justicia de Estados Unidos se gesta una indagatoria que podría significar un cambio importante a esa disociación que se vive en México.

Denuncia en fiscalía de NY

Desde diciembre 2024 existe en una fiscalía federal de Nueva York, un expediente contra el ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y los gobernadores de extracción morenista Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Tuve acceso a una versión pública del documento. Se trata de una denuncia presentada por un particular, que señala que al tener conocimiento de actos posiblemente delictivos ha entregado al Departamento de Justicia de Estados Unidos los elementos de prueba.

En el expediente de más de 192 páginas se acusa a AMLO y a los dos gobernadores en funciones de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa, Cartel del Noreste y Cartel del Golfo, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial MORENA entre 2018 y 2024.

En la narración de hechos y pruebas testimoniales presentadas el escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la Secretaría del Bienestar, responsable de administrar los programas sociales emprendidos por AMLO para atender la pobreza.

Los documentos que se encuentran en una corte federal de NY contienen testimonios directos, en audio y video de operadores electorales de MORENA.

Los hechos narrados en la denuncia coinciden con el modus operandi revelado en este espacio desde enero 2024, cuando di a conocer una investigación de la DEA sobre el financiamiento del Cartel de Sinaloa a la campaña presidencial del 2006 de Andrés Manuel López Obrador.

Y coinciden con la acusación del gobierno de Estados Unidos hecha a principios de febrero pasado y reiterada el 4 de marzo, de que en México existe una relación entre el gobierno actual y los carteles de la droga que es “intolerable”.

En esta colaboración en DW comparto la primera parte de la truculenta historia de corrupción, ambición, dinero y narcos denunciada ante fiscales federales de NY.

La denuncia

En el expediente en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos se acusa a AMLO, Rocha Moya y Villarreal, de aceptar acuerdos con distintas organizaciones criminales como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo, declarados por el gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

En la denuncia se afirma: “El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA, incluyendo a Américo Villarreal Amaya (“Villarreal”). Estos cárteles proporcionaron dinero en efectivo para financiar las campañas a la gubernatura de MORENA en Sinaloa (2021) y Tamaulipas (2022)”.

También se asegura que hubo “financiamiento ilegal de campañas políticas para candidatos de MORENA por parte de Sergio Carmona Angulo, un empresario mexicano con vínculos con múltiples cárteles de la droga (incluyendo el Cártel del Noroeste, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y Los Zetas), quien fue asesinado en noviembre de 2021. Este financiamiento formaba parte de un esquema de sobornos y comisiones ilegales por un monto de 500 millones de pesos mexicanos dirigido al gobierno federal mexicano”.

De ambos hechos, se acusa que el expresidente López Obrador tenía conocimiento y dio su anuencia.

Si una corte federal encontrara culpabilidad de los tres morenistas por dicha acusación, la sanción a la que podrían ser sujetos va de diez años de prisión hasta cadena perpetua.

El expediente consta de 192 páginas. Contiene páginas redactadas, como es habitual en documentos que se encuentran en fiscalías o en cortes federales, bajo sello.

El denunciante es una persona moral privada. Presentó la denuncia bajo sigilo tras acceder a información sobre posibles delitos y como opera en EE.UU., notificó a las autoridades de justicia.

La entidad denunciante dijo haber llevado a cabo su propia investigación en el primer semestre de 2023, asegurando que cumplió con las normas legales de cada jurisdicción y obtuvo asesoría legal. Grabó conversaciones respetando las leyes locales, incluyendo aquellas que permiten la grabación con el consentimiento de una sola parte.

A través de LinkedIn y otras plataformas, contactó a testigos clave de una red de narco-política vinculada a MORENA, incluyendo a María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez y Horacio García Rojas, operadores electorales del partido. Sostuvieron reuniones con ellos en espacios públicos y por teleconferencia, contando con testigos.

Las pruebas incluyen grabaciones en audio y video de sus testimonios. En México algunas fracciones de esas grabaciones han sido filtradas a medios de comunicación durante los últimos meses. Pero es hasta hoy que se sabe que esas registraciones son parte de las pruebas que constan en la denuncia presentada contra AMLO, gobernantes y líderes del partido MORENA.

Además de leer el expediente, pude escuchar las grabaciones completas de las revelaciones de Jocelyn Hernández y Horacio García, de este modo se puede entender con crudeza el modus operandi de la complicidad de miembros de MORENA con el crimen organizado.

Candidatos del partido Morena, a cambio de dinero criminal recibido para sus campañas, dieron posiciones políticas a los carteles de la droga como cargos en los equipos de gobierno estatales, alcaldías, diputaciones, y regidurías.

Testigo directo de la narcopolítica en MORENA

Jocelyn Hernández es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido funcionaria de la Secretariade Desarrollo Social durante el gobierno de AMLO, según los registros oficiales del gobierno federal a los que tuve acceso. También ha sido integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Ha impartido clases en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA. Y ha sido amiga y colaboradora de Citlalli Hernández cuando esta fue Secretaria general nacional de MORENA.

Ella aseguró en el testimonio que fue presentado ante la fiscalía federal de NY que participó en la fundación del partido MORENA y fue operadora electoral de ese instituto político en Sinaloa para la elección presidencial de AMLO en el 2018.

También fue operadora electoral en la campaña de Rubén Rocha Moya en la elección de gobernador del 2021.

De acuerdo al expediente la entidad denunciante habló con Jocelyn Hernández tres veces entre mayo y junio de 2023. Dos veces en Houston, en persona. Y una ocasión vía tele-conferencia.

En su presentación Jocelyn explicó su carrera política y profesional. Al poco tiempo de graduarse creó una asociación civil donde apoyaban a jóvenes desplazados por la violencia de los carteles de la droga. Jamás imaginó que años después ella misma sería testigo del contubernio entre esas organizaciones criminales y la política.

Participó en la construcción del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), gracias a su amistad con los dos hijos mayores de AMLO, José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán, éste último actual Secretario de Organización de dicho partido.

 Explicó que por invitación de un hijo de López Obrador, ella viajó al estado de Sinaloa y operó para que AMLO ganara ahí en la elección presidencial del 2018. Su área de acción fue el Triángulo Dorado, la zona que estaba bajo el control del Cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada García “El Mayo” y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Consta en los registros electorales que de manera atípica López Obrador arrasó en el estado como candidato presidencial, ganó más del 65 por ciento de los votos a la Presidencia. MORENA y sus aliados ganaron las dos senadurías y 7 diputaciones federales. Al menos 19 diputaciones locales y 7 presidencias municipales y decenas de regidores.

La misión suicida de negociar con narcos

Jocelyn Hernández reconoció que para que MORENA pudiera ganar elecciones en Sinaloa hubo peligrosas negociaciones con el Cartel de Sinaloa que dio recursos a la campaña.

“¡Así nos decían!”, cuenta, “kamikazes, yo nunca lo hicepero había quienes lo hacían, yo nunca estuve y agradecía que no estuviera, mejor que no me sentaran ahí pero si hubo niveles que lo hicieron, no era en todas las zonas porque si había zonas donde el crimen no estaba tan metido, donde la vida es mucho más noble, más natural, más tranquila, pero bueno, así es como entré a trabajar al partido”.

Tras ganar las elecciones en 2018 la invitaron a la Secretaria del Bienestar donde le dieron el cargo de subdelegada en Sinaloa. Afirma que aceptó por consejo directo de Andy, el hijo de AMLO, que hoy es Secretario de Organización de MORENA.

Su experiencia ahí no fue mejor.

Dinero del narco financia campañas electorales de MORENA

Desde que llegó al equipo de campaña detectó que el crimen organizado apoyaba la candidatura de Rocha Moya. Cuando se comenzó a negociar cuál sería su salario y los equipos que requería le dijeron: “Lo que tú quieras por dinero no paramos’. Entonces yo dije ¿qué, los patrocina un capo? Y me dice el chofer: hay amiguita ya le atinaste”.

Detalló que durante la campaña de Rocha Moya, Villarreal “llevó a uno de los capos más pesados de Tamaulipas a Sinaloa a comer jabalí con Ricardo Monreal y con Rubén Rocha Moya y otros más”. Afirmó que el encuentro fue en territorio de la facción del narcotraficante “El Chapo” Guzmán.

Jocelyn Hernández reconoce en su testimonio que tenía miedo del ambiente criminal que la envolvía como operadora electoral de MORENA. Por su experiencia explicó cómo los carteles de la droga trabajan en distintas formas de acuerdo a la zona del país.

“Es muy diferente como trabajan los carteles en la política en el norte, en el centro y en el sur del país.”

“En el norte quieren (los carteles de la droga) ser políticos, ellos quieren estar ahí, quieren que tú les des candidaturas, no les es suficiente con tener dinero”.

Aseguró que varios alcaldes y regidores de MORENA en Sinaloa “son capos” de la droga. Y citó como ejemplo al alcalde de Badiraguaro, José Paz López Elenes.

En 2021 ganó la presidencia municipal de ese poblado. Desde 2022 en esta columna he revelado los distintos señalamientos contra López Elenes a quien se acusa de haber participado en reuniones con Los Chapitos para obtener ayuda para Rocha Moya.

“Antes yo no era así, yo nunca criticaba al partido pero ahora lo tengo que criticar porque ya lo vi, antes me decían y yo decía ‘no, es que…’pero ya lo vi, vi las maletas llenas de dinero”, dijo la fundadora del partido oficial.

Ella afirmó que el Cartel de Sinaloa financiaba la campaña de Rocha Moya a la gubernatura. “Llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha. Y Rocha muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él, le dijo, perdón pero usó una palabra, una grosería, dijo: ‘no seas cabrón como me traes esto aquí”.

De acuerdo a su testimonio el dinero venía del Cartel de Sinaloa por conducto de Fausto Isidro Meza Torres alias El Chapo Isidro, miembro del Cartel de Sinaloa, asociado a la facción de El Mayo Zambada, uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Acusado de tráfico del mortal fentanilo, entre otras drogas.

Afirmó que entre los acuerdos que hizo Américo Villarreal con el crimen organizado también a él le metieron “algunos diputados locales y regidores”. Afirmó que el operador en esos temas del hoy gobernador de Tamaulipas era Norberto Barrón.

“Él es ahijado de Américo, él es el que le hace todas esas negociaciones, él es el que lo contacta con todas esas personas y la verdad mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas, eso del dinero, las camionetas, las casas…”.

Américo Villarreal “quería ser gobernador y sabía que se tenía que portar bien y ganar si quería que le dieran ese premio”, dijo al explicar porque ayudó a como diera lugar a que Rocha Moya ganara la elección en 2021.