Por: Alberto Ballesteros
El Presupuesto de Ingresos de la Federación para 2026 está estimado en 8.72 billones de pesos, por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 es de 10.19 billones de pesos, por lo que habrá un déficit de 1.39 billones de pesos, reforzando la tendencia de recurrir al endeudamiento, al gastar más dinero del que se dispone.
Económicamente la principal promesa de Andrés Manuel López Obrador, al asumir el poder, fue que no incrementaría la deuda pública, pero en siete años, incluyendo el actual de Claudia Sheinbaum, la deuda pública casi se ha duplicado, lo que rompe, con mucho, cualquier nivel de endeudamiento de los gobiernos anteriores a la 4T.
Los números son muy sencillos y contundentes: el Presupuesto de Ingresos de la Federación para 2026 está estimado en 8.72 billones de pesos, considerando algunas de las medidas de incrementos de impuestos que se han tomado. Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 es de 10.19 billones de pesos, por lo que habrá un déficit de 1.39 billones de pesos, reforzando la tendencia de recurrir al endeudamiento, al gastar más dinero del que se dispone.
Lo anterior ha propiciado que el incremento de la deuda sea enorme, al pasar de 10.31 billones de pesos en 2018 a 17.99 billones en 2025. Los especialistas consideran que, de seguir la tendencia, al finalizar el gobierno de Claudia Sheinbaum la deuda puede alcanzar un nivel de 25 billones de pesos, con el gigantesco pago de intereses correspondiente.
En 2025 se destinó al pago de intereses de la deuda el equivalente a 3.4% del PIB nacional, mientras que al sector salud solo se destinó un 2.7% del PIB.
Y eso es lo más crítico, que casi la mitad del gasto público está destinado a gastos como el pago de la deuda, al financiamiento de programas sociales que sostienen políticamente al gobierno y a otros gastos que no incrementan la infraestructura ni el bienestar social integral de la población, sin una visión de largo plazo y sin un proyecto de desarrollo sustentable.
Los llamados programas del bienestar, que alcanzan ya 987 mil millones de pesos y siguen en aumento, representan sin duda un beneficio a corto plazo para los ingresos de la población que los recibe, pero a largo plazo esto tendrá un costo muy alto para la misma población, pues los servicios básicos que debe ofrecer el estado, como educación, salud y seguridad, estarán recibiendo menos recursos, cuando son la base del desarrollo y de la mejoría sostenida de los niveles de bienestar.
El desarrollo de la infraestructura física del país, que es indispensable para impulsar el desarrollo y la expansión económica, se encuentra seriamente comprometida con el uso de gran parte del presupuesto en gasto corriente.
El crecimiento de la economía del país ha pasado de ser mediocre (2.0% en promedio) a muy bajo. Para 2025 de acuerdo a la Encuesta Citi de Expectativas, será de tan solo 0.5% a 0.8%, lo que implica menos ingresos fiscales, pero el escenario para 2026 está igualmente cargado de incertidumbre, problemas arancelarios del gobierno estadounidense, descomposición del marco jurídico y la baja de la inversión pública y privada.
Se habla de austeridad por parte de la presidenta, pero en la práctica ha incrementado gastos como el financiamiento de Pemex, más programas del bienestar y ahora más gasto de intereses en la deuda, lo que desmiente dicha austeridad.
Tan solo en 2024 se gastaron casi 2 billones de pesos para ganar, de forma arrolladora, las elecciones presidenciales, pero hoy se sigue gastando un billón de pesos en sostener la aprobación política, pues los programas del bienestar no deben ser universales, entregándose en todos los estratos sociales, sin realizar ningún estudio socioeconómico, que permita corroborar si la persona beneficiada realmente necesita la ayuda gubernamental.
Una aplicación responsable del gasto en programas asistenciales puede demostrar que, al menos, un 35% de los actuales beneficiarios no se justifican, lo que implicaría una disminución del gasto en al menos 350 mil millones de pesos, que pueden destinarse a salud, educación e infraestructura productiva.
Ahora el problema ya se volvió político, porque desde el principio es político. Las llamadas pensiones del bienestar se elevaron a mandato constitucional y recortarlas implica, inevitablemente, un descontento de los beneficiarios y una baja en los niveles de aprobación para el gobierno federal.
Pemex es otro grave problema, que se sigue manejando también con criterios políticos obsoletos, como la argumentación de la soberanía nacional, cuando debería manejarse con un estricto criterio de negocios, más tomando en cuenta que Pemex, al día de hoy, es la petrolera más endeudada del mundo, con más de 100 mil millones de pesos, y tiene graves problemas con sus proveedores, lo que le está costando a todos los mexicanos.
El discurso oficial es optimista ¡Vamos muy bien y vamos por el rumbo correcto! Pero la realidad tiene otros datos. La economía tiene una seria desaceleración; los ingresos públicos están por debajo de los egresos, lo que está generando cada vez más deuda y el horizonte está plagado de incertidumbre para la actividad económica del país.
Hoy pareciera que no pasa nada, por lo menos nada importante en la apreciación de una gran parte de la población, pero ¿Qué sería de los gobiernos de la 4T sin la distribución de un billón de pesos en efectivo a través de los programas del bienestar?
Tal vez más que nunca la visión del país sigue siendo cortoplacista. Vivimos al día, con plazos de un mes o tres meses.
En ninguna economía, ni doméstica ni pública, se puede gastar más de lo que se ingresa, a menos que se contraiga deuda para dedicarla a un proyecto productivo, que genere nuevos recursos, de otro modo la situación se tornará desastrosa en el mediano y largo plazo.
UN MANEJO CENTRALIZADO
Aún cuando la deuda ha ido en aumento y, en consecuencia, se tiene más disposición de recursos federales, los gobiernos de la 4T han tenido un manejo del erario cada vez más centralista, limitándose a cumplir con la distribución de recursos a los estados sólo en los términos que marca la ley, eliminando casi todas las demás partidas que se asignaban a través de las secretarías, de organismos y de fideicomisos.
Casi todo el gasto en obra física de infraestructura fue destinado a algunos estados del sur del país y, en menor medida, a la ciudad de México, el resto de las entidades han recibido muy pocos recursos y en casos, como Coahuila, durante todo el periodo de AMLO hubo una sequía, que incluía recortes sin previo aviso.
Hay instituciones, como las universidades autónomas, que han tenido un recorte sistemático de recursos, pese a que son la base de la cobertura educativa de nivel superior en los estados. En Coahuila la Universidad Autónoma de Coahuila tiene hoy un déficit de 650 millones de pesos para poder cubrir las pensiones y jubilaciones, un compromiso que es ineludible en términos de gasto, lo que ha llevado a la reducción del gasto operativo general a niveles de austeridad críticos.
Algunos gobernadores de oposición se han planteado, como es el caso de Durango, por citar un ejemplo, que el tener buenas relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum les beneficiará con nuevas asignaciones de recursos, pero la programación del gasto público federal muestra que la mayoría de los estados no están contemplados en la asignación de nuevas partidas, o bien se han anunciado algunas obras, pocas, que están proyectadas para todo el periodo sexenal, lo cual, proyectado a seis años, es demasiado poco para la aportación de recursos que realizan estados como el de Coahuila.
Las pocas grandes obras que se realizan en los estados, como fue el caso de Agua Saludable para La Laguna, que se distribuye entre Durango y Coahuila, tuvo un presupuesto original de 11 mil millones de pesos, pero hoy, cuando todavía no se concluye, lleva ya gastados 17 mil millones de pesos, los cuales han sido manejados con total opacidad. La planeación de la obra es deficiente y pasó por alto tanto a los municipios como a los gobiernos estatales, cuando son los municipios los que en principio tienen la obligación y la facultad de proporcionar el servicio de agua potable a la población.
El manejo es completamente centralizado, por lo que no ha concretado la asignación de recursos para la renovación de las redes de distribución del agua, que, debido a su obsolescencia, desperdician el 50% del agua que se les inyecta. Hasta hoy no se ha concretado un solo peso para resolver ese grave problema, ni de forma directa, ni bipartita o tripartita.
Todos los programas del bienestar tienen en cada estado su propia estructura federal, sin tomar en cuenta a los municipios y estados, y con un manejo político en beneficio del partido gobernante, para lo cual no se cubren tan siquiera las apariencias. Lo mismo sucede con las pocas obras de infraestructura.
El centralismo en la asignación de recursos es tan marcado, que inclusive se han eliminado partidas especiales para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad en los municipios.
