Por: Eugenia Rodríguez

Ni los hospitales privados, ni públicos, tienen la autorización de proporcionar información sobre el expediente médico de sus clientes a las aseguradoras, porque el consentimiento no es solicitado.

Así como hay un Buró de Crédito, donde se registran todas las deudas contraídas por una persona, también existe una especie de “buró médico o de enfermedades”, que es desconocido, pero opera entre los hospitales privados y las aseguradoras, para los fines de estas últimas en los Seguros de Gastos Médicos Mayores, lo cual es una violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Si una persona ingresa a un hospital privado para ser atendido de una determinada enfermedad, que incluya cualquier tipo de tratamiento, inclusive intervenciones quirúrgicas, no le es solicitada de manera explícita su autorización para que esa información privada sea proporcionada a otra persona o institución, mucho menos con fines de lucro o negocio.

La nueva ley, aprobada el 10 de marzo de 2025 sustituye a la de 2010, pero las aseguradoras siguen obteniendo información médica privada de las personas, como parte de procedimientos internos de investigación de preexistencia de enfermedades o padecimientos de sus clientes, aun cuando estas hayan sido realizadas con dinero del asegurado, al margen de la aseguradora, lo que ordinariamente se usa en beneficio de la aseguradora y perjuicio del cliente.

Una persona está obligada, por contrato, a informar a su aseguradora sobre enfermedades preexistentes al momento de la contratación de un Seguro de Gastos Médicos Mayores, pero ni los hospitales privados, ni públicos, tienen la autorización de proporcionar información sobre el expediente médico de sus clientes a las aseguradoras, porque el consentimiento no es solicitado.

Cuando un cliente reclama el pago de gastos médicos, más si se trata de enfermedades importantes, muchas de las aseguradoras buscan todos los argumentos posibles para eludir el pago o reducirlo, además de hacer moroso el mismo en caso de no encontrar argumentos para no hacerlo.

La información privada que les proporcionan los hospitales es sumamente útil. Pongamos un ejemplo: si un cliente se ha realizado una intervención quirúrgica de crecimiento benigno de próstata, con sus propios recursos, y, después de años, el paciente padece de alguna enfermedad prostática o de algún órgano genital, la aseguradora, con la información que le proporciona el hospital privado, va a usarla como argumentación para no cubrir los gastos generados o, por lo menos, lo va a intentar, suscitando un alegato médico que genera muchos procedimientos burocráticos.

Debido a los muy altos costos de las pólizas de gastos médicos mayores, que pueden alcanzar los 80 o 90 mil pesos, más el coaseguro que se tendría que pagar, muchos clientes que sí tienen un seguro de gastos médicos mayores, tienen que pagar de su bolsa algunas intervenciones quirúrgicas que pueden considerarse como “menores”, ya que su costo es inferior al deducible, y las tienen que realizar en hospitales privados, donde se les abre un expediente, pero nunca se solicita explícitamente su consentimiento para proporcionar la información de ese expediente a terceras personas, mucho menos aseguradoras.

Gran parte de los clientes no tienen inclusive conocimiento de que se abre un expediente que queda archivado sobre su estancia en el hospital, por lo que es imposible que den su consentimiento para proporcionar a un tercero esta información.

Además de los hospitales privados, los médicos que trataron al enfermo conservan un expediente sobre los padecimientos y procedimientos que le realizaron, pero los médicos no suelen proporcionar información a las aseguradoras, menos sin el consentimiento de su paciente, son los hospitales privados quienes lo hacen.

Una violación a la ley que se realiza de una manera sistemática, donde hay fuertes intereses económicos y un gran beneficio para las aseguradoras.