Por: Gerardo Lozano
El teatro es hoy manejar la fantasía de que tenemos una Suprema Corte al servicio de los pueblos indígenas, cuando se trata de la Suprema Corte de Justicia DE LA NACIÓN, y la nación la componemos más de 130 millones de mexicanos, de todos los estados, de todos los orígenes raciales, de todos los niveles socioeconómicos, incluidos los extranjeros que están radicados en el país.
El teatro de la política debe continuar. Hugo Aguilar Ortiz, otra de las ocurrencias irresponsables de Andrés Manuel López Obrador, está haciendo su teatro, lo delicado es que está haciendo un teatro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo para distraer del hecho gravísimo de sometimiento del poder judicial por la presidencia y el partido gobernante, por medio de una elección fraudulenta, ilegítima, que se da en medio de la indiferencia colectiva, lo que es un reflejo del estado de derecho que existe en el país.
En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, tan solo el 10% de los 31.3 millones de delitos que se cometen son denunciados, lo que deja una cifra negra que asciende hasta un 90%, pero de ese 10% que si se denuncia, el 50% de las carpetas abiertas por el Ministerio Público no tienen seguimiento en su investigación o sencillamente no pasa nada.
Con semejante estadística, era urgente una reforma al poder judicial, pero realizada por expertos en la materia y de forma integral, incluyendo al sistema federal, a los estatales y a las fiscalías. Comenzar desde abajo con los ministerios públicos y las fiscalías, los jueces de primera instancia, los magistrados y finalmente los ministros y los diferentes órganos que componen a este poder.
En lugar de algo serio, se cometió un asalto político al poder judicial, motivado por la venganza, lanzando una elección que tuvo una votación de apenas un 10% del padrón electoral del país, pero además sucia, fraudulenta, por medio de un operativo masivo de “acordeones”, para inducir el escaso voto hacia los candidatos del partido gobernante Morena, que se ha apoderado de todo el sistema federal y de los estados que gobierna.
Con este escenario, Andrés Manuel López Obrador ha impuesto como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un personaje pintoresco, llamado Hugo Aguilar Ortiz, quien resulta una caricaturización de Benito Juárez, y quien ha iniciado un teatro que busca distraer sobre lo que ha sucedido y sobre el estado que guarda el sistema judicial del país, en toda su problemática y sus necesidades.
Hugo Aguilar Ortiz es un político que ha profesionalizado su ascendencia indígena y de ello ha vivido toda su carrera profesional, ostentándose como defensor de los pueblos indígenas de México, ahora denominados como ‘pueblos originarios’. Realmente es un funcionario que ha estado al servicio del poder, prestando sus servicios de negociación, intermediación y en muchos casos de manipulación de esos pueblos indígenas, como fueron los servicios que le prestó a López Obrador con obras como las del Tren Maya, donde se encargó de alinear a los pueblos indígenas y a los campesinos sobre la sesión de tierras, para esta controvertida obra que ha penetrado las reservas forestales más importantes del país.
El teatro consiste principalmente en manejar el argumento absurdo de que la SCJN finalmente atenderá los reclamos de justicia de los pueblos indígenas, para lo cual ha realizado ceremonias folklóricas pseudo-religiosas, donde ha recibido el “bastón de mando” y otro tipo de ceremonias de purificación, para alejar los malos espíritus y toda esa parafernalia imaginativa que se ha puesto de moda con López Obrador.
Aguilar Ortiz declaró que renunciaría al uso de la toga de ministro, porque eso era parte del poder tradicional y conservador; en su lugar emplearía guayaberas folklóricas, pero luego ha cambiado de parecer y se ha mandado confeccionar una toga con ribetes de tipo oaxaqueño, con lo que adorna su figura diminuta.
Enseguida ha anunciado un recorte de 800 millones de pesos, que son una cantidad ridícula en el presupuesto federal, pero que despoja de muchas de sus prestaciones básicas a los propios ministros y al personal de la SCJN, siguiendo, en todo, la línea de López Obrador.
LOS INDÍGENAS AL MARGEN DE TODO
En la misma Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024, se aporta información muy delicada sobre el estado de la impartición de justicia de los estados del sur del país, donde se concentra precisamente la población indígena que es de 23 millones de ciudadanos, ya sea nativos puros o con ascendencia, de los cuales 7.4 millones hablan lenguas indígenas.
Y son los estados sureños los que tienen el índice más alto de cifras negras en la comisión de delitos que no se denuncian. Guerrero tiene un 97.5% y Chiapas un 96.5%, lo que les coloca en estados que viven al margen del sistema judicial de nivel estatal, y muchísimo más del nivel federal.
Los pueblos indígenas y la población en general de la mayoría de los estados sureños no utiliza ni cree en el sistema judicial, ni aun tratándose de delitos graves. Los resuelven como pueden o sencillamente se quedan sin resolver.
Hay códigos de usos y costumbres, que les son permitidos a muchos pueblos indígenas, los cuales violentan la ley, especialmente de las mujeres, pero también de la población en general.
Con su toga de ribetes oaxaqueños, Hugo Aguilar Ortiz no va a arreglar los serios problemas del poder judicial en México, menos en los estados del sur, pero si va a manipular la suprema corte a favor de las ordenanzas de la presidencia de la república y del partido en el poder, lo que no hará sino aumentar el estado de incertidumbre jurídica que se ha acrecentado en el país, especialmente dentro de los medios empresariales y de negocios.
En su momento, Hugo Aguilar argumentó que los “acordeones” que distribuyó Morena estaban plenamente justificados, porque la elección de elección de jueces era compleja y la gente requería de una “orientación”, especialmente la gente más pobre, de menor educación y que vive muy aislada, como los pueblos indígenas, quienes no tenían ni una noción remota sobre esta absurda elección. Los pocos que acudieron fueron llevados por los operadores de Morena y se les proporcionó su “acordeón” para que pudieran votar.
Esa es la idea que se tiene de la ciudadanía más pobre y de más baja educación, a la que sí pueden manipular al antojo, pues al resto de la población no le interesó la elección de junio, mucho menos emitir su voto.
El teatro es hoy manejar la fantasía de que tenemos una Suprema Corte al servicio de los pueblos indígenas, cuando se trata de la Suprema Corte de Justicia DE LA NACIÓN, y la nación la componemos más de 130 millones de mexicanos, de todos los estados, de todos los orígenes raciales, de todos los niveles socioeconómicos, incluidos los extranjeros que están radicados en el país.
De fondo tenemos una Suprema Corte sometida a la presidencia de la república y a las élites del partido gobernante, que ha concentrado así todo el poder, rompiendo el modelo democrático del país. En un sentido riguroso, institucional, hemos pasado a un sistema autoritario, que se ha consumado en este año de 2025.
