Por: Agencias/Redacción
Detrás de cada extorsión hay sueños truncados, talentos desperdiciados y potencial perdido; pero también hay resistencia, dignidad y ganas de salir adelante.
Los pequeños y medianos productores agrícolas de La Laguna de Durango se están enfrentando a los problemas de la sequía, el incremento de los precios de los insumos, la dificultad de obtener precios justos a sus productos, pero ahora tienen un problema peor encima: la extorsión.
Una vez que recogen su cosecha y se disponen a buscar comprador, lo que es todo un problema, tienen que enfrentar la visita de sicarios que les exigen miles de pesos para poder comercializar su cosecha; sujetos que han aparecido recientemente, apenas el año pasado, cuando fueron denunciados por los grandes productores y los organismos que agrupan al sector agropecuario.
No hay más razón que la amenaza de la violencia sobre ellos y sus familias, y no hay más recurso de defensa que la impotencia y la frustración. Con el costo de la extorsión la ganancia que queda es mínima; no vale la pena sembrar y trabajar las tierras bajo estas condiciones.
Los cuerpos policiacos de Gómez Palacio, Lerdo y otros municipios menores están coludidos o simplemente son incompetentes para atender el problema. El ejército y la Guardia Nacional hacen rondines, pero antes de que siquiera lleguen a una cierta comunidad, los “halcones” ya lo saben y los criminales evitan encontrarse con ellos.

El gobierno estatal que dirige Esteban Villegas conoce perfectamente la existencia del problema, porque se le ha presentado y se ha denunciado públicamente, pero no hace nada en concreto, salvo la burla de pedir que se hagan las denuncias correspondientes para poder proceder a realizar una investigación y detener a los responsables, sabiendo que un pequeño y mediano productor está completamente expuesto: denunciar formalmente la extorsión es exponer su propia vida y, peor aún, la de su familia.
Esteban Villegas es un gobernador ausente de la región lagunera de Durango, pero también es omiso, lo que pone a los presidentes y presidentas municipales, que recién han sido electos, en una posición de fragilidad institucional, pues además la herencia que han recibido es la de cuerpos policiacos infiltrados y con una pobre infraestructura, pero no solo los cuerpos policiacos están infiltrados, también los propios gobiernos.
El problema se viene denunciando desde el año pasado de forma pública y abierta, a tiempo para que se hubieran tomado medidas, pero en 2025 el problema no ha hecho sino empeorar.
Los grandes productores pueden pagar un cuerpo de seguridad propio, para protegerse del crimen ellos y sus familias, pero los pequeños y medianos productores agropecuarios estaban luchando por sobrevivir y para ellos es imposible pagarse seguridad.
La situación del sector agropecuario en la laguna ya es muy complicada, por los motivos expuestos, pero la presencia del crimen organizado la vuelve casi imposible.
Lo más graves es que por un lado Esteban Villegas, como gobernador, es omiso, pero por otra el crimen organizado que está operando en La Laguna de Durango, tiene el respaldo de algunos políticos del primer círculo nacional de Morena en la ciudad de México, y eso es algo público, expuesto por varios medios de comunicación.
¿Qué hacer entonces? La única alternativa posible parece estar en los grandes productores agropecuarios y los organismos empresariales, quienes pueden hacer escalar la protesta a nivel estatal y nacional, pues cuentan con el respaldo de toda la sociedad civil y tienen los medios para hacerlo, antes que el problema de la extorsión se enquiste en la región y se vuelva crónico.
El problema creció a nivel nacional en 2025 y está dañando a cada vez más pequeños y medianos productores, comerciantes, talleres, establecimientos de servicios, tanto del sector formal como informal.

UN GRAVE DAÑO SOCIAL
No es solo un delito más en las estadísticas policiales ni una nota roja olvidable al día siguiente. La extorsión se ha convertido en un monstruo que devora poco a poco la tranquilidad de millones de mexicanos, desde el tendero que abre su negocio con el alma en un hilo hasta el empresario que recibe amenazas de muerte, pasando por el padre de familia que teme por la seguridad de sus hijos. De alguna u otra manera todos llevamos esta carga invisible que pesa como losa sobre nuestro presente y futuro, pero para comprender realmente este mal que nos carcome hay que mirarlo con los ojos del comerciante que paga su cuota obligada con la garganta seca de miedo, con el corazón del policía honesto que quiere hacer su trabajo pero se topa con muros de corrupción y con la desesperanza de quienes han visto cómo el sueño de progresar se esfuma entre amenazas y balaceras.
Por ejemplo, el dueño de una tortillería en algún municipio se levanta de madrugada junto con su esposa y encienden las máquinas para tener listas las primeras tortillas del día, pero junto a la harina y la sal hay otro ingrediente amargo en su jornada: el miedo constante de que hoy pueda ser el día en que lleguen los muchachos como les llaman coloquialmente a los extorsionadores para cobrar su cuota semanal. El mismo terror que paraliza a la señora que tuvo que cerrar su pequeña papelería después de tres llamadas amenazantes y que ahora sobrevive haciendo tamales en casa porque prefirió perder su negocio antes que arriesgar la vida de sus nietos. Estas son historias inventadas pero que se ajustan a los más cercano cada día en colonias y barrios donde la ley del más fuerte se impone con brutal eficiencia.
Desde el punto de vista criminológico la extorsión es ese cáncer que crece silencioso, porque encuentra el terreno perfecto para expandirse la impunidad como abono fértil que permite a los delincuentes actuar sin consecuencias. La corrupción como cómplice que abre puertas y borra huellas y, el miedo, como aliado perfecto que silencia voces y apaga denuncias. Pero lo más grave es ver cómo este delito ha evolucionado de ser un crimen oportunista para convertirse en un sistema sofisticado de explotación criminal donde los grupos delictivos tienen cuadernos contables con listas de comercios, rutas de cobro y hasta horarios establecidos como si de una empresa legítima se tratara, pero con el sello brutal de la violencia como método de cobranza.

La delincuencia ha perfeccionado este negocio ilícito, hasta convertirlo en una de sus principales fuentes de ingresos y que sólo necesita territorio y miedo; dos recursos que abundan en nuestro país.
El daño más profundo tal vez no sea el económico, sino ese desgaste invisible de nuestros lazos como sociedad en colonias donde antes los vecinos se reunían para las fiestas patronales, hoy cierran puertas temprano y desconfían hasta de su propia sombra.
Las pérdidas van más allá de lo evidente. No es solo el dinero que llega a manos de los criminales. Es la panadería que cierra y deja sin trabajo a cinco familias; es la ruta de transporte que desaparece y aísla a una comunidad; es el taller mecánico que no se abre y deja sin servicio a todo un barrio. Esta sangría económica tiene un efecto dominó que frena el desarrollo de colonias enteras, mientras los negocios formales batallan contra la burocracia y los impuestos.
La respuesta de las instituciones ha sido con parches donde se necesitan cirugías mayores. Los operativos policiales llegan cuando el problema ya estalló, como ambulancias que solo atienden infartos, pero no previenen las enfermedades. Los programas sociales no alcanzan a quienes realmente los necesitan, quedándose en ayudas temporales que no resuelven el fondo del problema. Los jóvenes en barrios marginados siguen viendo al crimen como su mejor opción de vida porque nadie les ha mostrado otro camino.
El México que queremos está en juego. Detrás de cada extorsión hay sueños truncados, talentos desperdiciados y potencial perdido; pero también hay resistencia, dignidad y ganas de salir adelante. Cuando una sociedad decide cambiar su historia, no hay fuerza que pueda detenerla.



