Por: Gerardo Lozano
La lista de abusos, infamias e inclusive asesinatos y represión es interminable, y es el origen de muchas de las principales fortunas que hay en la región, todo ello perpetrado con la complicidad y el apoyo de los gobiernos municipales y estatales
La historia más infame de los últimos 40 años de la región lagunera es el despojo de las tierras y el agua a los ejidos, lo que se aceleró a partir de los años noventa con la reforma realizada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
La lista de abusos, infamias e inclusive asesinatos y represión es interminable, y es el origen de muchas de las principales fortunas que hay en la región, todo ello perpetrado con la complicidad y el apoyo de los gobiernos municipales y estatales.
La mayoría de los grandes desarrolladores inmobiliarios de vivienda popular y media, tienen su origen en la compra de los ejidos conurbados de Torreón, comprados a 20 pesos el metro cuadrado y hoy vendido desde 4 mil hasta 10 mil o más.
Los ejidatarios se fueron quedando sin tierras y sin agua y fueron desapareciendo gradualmente, para ocupar su lugar populosos desarrollos habitacionales, decenas de fraccionamientos de tipo medio diseñados como cotos, o lujosas zonas residenciales, incluidas algunas con campos de golf e instalaciones de un lujo insultante, junto a zonas precaristas vecinas que viven en la miseria.
Grandes productores lecheros, varios de ellos políticos o aspirantes a políticos, se fueron apropiando de las tierras y el agua de dos, tres, cuatro y hasta cinco ejidos, para establecer gigantescos establos que requieren de decenas de miles de hectáreas sembradas de forrajes, en un tráfico del agua escandaloso, pero pagando el silencio de la CONAGUA, la más corrupta de las instituciones gubernamentales que operan en la región y en general en el país, pues el agua es el bien más preciado que tenemos.

MATAR AL COMISARIADO
Toda esta infamia, que involucra a “respetables” empresarios de la construcción, del sector inmobiliario, del medio agropecuario y a conocidos políticos y exfuncionarios públicos, se borra de la memoria pública, para darle paso a una “normalización” de una historia regional que solo cuenta la versión oficial, que es la de los millonarios beneficiados.
En el primer módulo de los archivos de Revista de Coahuila existen varios casos de despojos y corrupción, pero tomemos uno: el ejido Zaragoza original y el despojo violento de lo que es la parte urbana más valiosa.
El caso se dio entre los años de 1994 y 1995, siendo presidente municipal Mariano López Mercado y gobernador Rogelio Montemayor Seguy, uno de los amigos más cercanos de Carlos Salinas de Gortari y también uno de los gobernadores más corruptos de la historia moderna de Coahuila, quien, en lo que es un caso que merece un tratamiento aparte, estaba enfrentado con López Mercado, quien llegó al cargo en contra de su voluntad, y no descansó hasta destituirlo.
En 1994 se comenzó una maniobra para apoderarse de las tierras más valiosas del ejido Zaragoza, las que se ubican al inicio de lo que hoy es el parque Mieleras y el Ferropuerto. La maniobra fue encabezada por el empresario Lázaro Bello Garza, quien era propietario de la razón social denominada Lajat.
Como es obligado, pretendían pagar la tierra ejidal en tres pesos, a lo que se opuso el presidente del comisariado ejidal, un campesino de nombre Julio Zúñiga. Su defensa de los intereses del ejido le costó la vida: fue asesinado, lo mismo que otros dos muchachos, cuyos crímenes fueron disfrazados como un pleito de borrachos en un baile rural.
Con el comisariado muerto y la represión siniestra cobijada desde la gubernatura, el ejido no tuvo más que vender en una cantidad mísera lo mejor de sus tierras, donde Lázaro Bello levantó un fraccionamiento de lujo, con campo de golf, hotel e instalaciones fastuosas, todo ello protegido por una barda perimetral gigantesca de al menos tres o cuatro metro de altura. A un lado se desarrolló el Parque Industrial Lajat.
El fraccionamiento fue bautizado como Montebello, que era, en apariencia, la combinación de los apellidos Montemayor y Bello. En el medio político se daba como un hecho que además de la protección y la amistad del gobernador Rogelio Montemayor, Lázaro Bello Garza era su socio.
Han pasado 30 años, nunca se ha podido tener acceso a los documentos de la sociedad mercantil que está detrás de Lajat para demostrar tal sociedad, pero de que Lázaro Bello cometió el infame despojo con la protección de Rogelio Montemayor es un hecho, pues Mariano López Mercado, quien era el presidente municipal, era considerado como un enemigo del gobernador y de los amigos de este.
EL CASO DE NUEVO MIELERAS
No se requiere de artes de adivinación para ver que el caso tan reciente de Nuevo Mieleras, que es de las pocas tierras de la zona que están en manos de ejidatarios y son codiciadas por empresarios y políticos, es parte de ese proceso histórico de despojo de los bienes ejidales por parte de gentes con poder económico y político, quienes tienen los medios para comprar notarios públicos, jueces y a quien sea necesario.
Se trata de 100 hectáreas de tierra que están dentro de la zona industrial y del ferropuerto, lo que les da un valor muy elevado, más si se cuenta con los recursos para realizar un desarrollo industrial al corto, mediano o largo plazo.
En este caso no se trata de un empresario inmobiliario, ni de un ganadero, ni inclusive de un político corrupto, sino de algo todavía más delicado.
De acuerdo a la información que se ha filtrado a los medios de comunicación, que es además de carácter público, porque está de por medio la comunidad ejidal, quien aparece como beneficiario reclamante de las tierras es un hermano de Juan Manuel Muñoz Luévanos, alias “El Mono”, quien fue detenido en 2015 en España y extraditado a los Estados Unidos, bajo cargos sumamente graves como lavado de dinero, tráfico de estupefacientes, entre otros, pero, por esas cosas del sistema judicial norteamericano, increíblemente se convirtió en testigo protegido y recibió una condena de tan solo tres años con dos meses, lo que había durado ya su detención.
En la propia versión del gobierno norteamericano, que opera con un pragmatismo aberrante, “El Mono” Muñoz estaba íntimamente relacionado con políticos del moreirato, jueces, funcionarios del poder judicial y otros personajes del medio judicial y policiaco.
No se requiere ahondar mucho, ni hacer conjeturas o elucubraciones, porque todo está más que claro en este nuevo caso del ejido Nuevo Mieleras, donde hay ya un muchacho de 28 años muerto, porque “las cosas se salieron de control”.
El que está fuera de control desde hace décadas es un sistema político que ha protegido esta historia infame del despojo y eliminación del sistema ejidal en La Laguna.



