Agencias/Redacción
El gasto público se excedió en el sexenio de AMLO en promedio un poco más de 1 billón de pesos por año. Casi toda la inversión de las mega obras y los llamados programas del bienestar, con entregas de dinero en efectivo, fueron financiadas con deuda, la cual ahora hay que pagar.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores, tiene un trasfondo principal: pagar los errores de inversión pública de AMLO y los excesos de gasto que se cometieron, estos últimos para obtener los 35 millones de votos que han hecho a Claudia Sheinbaum la presidenta más votada de la historia del país, pero a un precio altísimo por cada voto.
El presupuesto aprobado fue de 9.3 billones de pesos; 1.9% menos que el de 2024, pero dependiendo de que se cumpla una muy optimista meta de recaudación, que tiene altas probabilidades de no darse.
La Ley de Ingresos para 2025 es de 8.05 billones de pesos, con la expectativa de un crecimiento del 5.4% en relación a 2024, una meta que la gran mayoría de los expertos e instituciones financieras consideran demasiado optimista, de acuerdo a los pronósticos de crecimiento de la economía y sin una reforma fiscal.
Los partidos de oposición presentaron a discusión 1,000 reservas y ni una sola fue aprobada; el presupuesto se impuso como lo quiso la presidenta. Todo fue aprobado en lo general y en lo particular en un solo día por las bancadas morenistas.
En términos concretos, habrá una reducción del 14% en la inversión pública física y financiera.
El gasto federalizado, que es la parte que se distribuye entre los 32 estados del país de acuerdo al pacto federal, disminuirá en un 1.2%, pero a eso habrá que añadir el porcentaje de inflación acumulada, por lo que el recorte es mucho más fuerte. Ya en 2024 el estado de Coahuila, uno de los más productivos del país, fue castigado en sus ingresos por más de 3 mil millones de pesos; un año en que el gasto federal se excedió en 1.7 billones de pesos por parte del gobierno de AMLO.
El gasto en seguridad pública, que es el problema más importante del país, tuvo un enorme recorte del 42%. En salud, el servicio básico más sensible, el recorte real fue de un 12.2% y en educación 0.60%, lo que nunca antes había sucedido.
De acuerdo con el PEF 2025, el gasto programable en salud caerá 12.2% al llegar a 881,083 millones de pesos, lo que supone un nivel de 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Es un presupuesto tóxico porque quita recursos en materia de salud. Y aquí voy a desmentir muchas de las cosas que han venido a hablar en materia de salud. El recorte real es de 113,000 millones de pesos, solamente en salud para todos los mexicanos, destacando, obviamente, los 60,000 millones de pesos que quitan al FASSA, los 67,000 millones de pesos que quitan a aportaciones de salud para los estados y los 30,000 millones de pesos que quitan directamente a salud para la infraestructura hospitalaria y el Sistema Nacional de Vacunación”, aseveró el panista Héctor Saúl Téllez.
A PAGAR LOS EXCESOS
El criterio básico para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de Hacienda, fue el de reducir el déficit fiscal que generó el gobierno de AMLO, que fue hasta de un 5.9% en relación al PIB nacional, el cual se reducirá, en teoría un promedio del 3%, pero, de lograrse, el 3.9% restante es muy alto y genera un gran costo financiero.
Faltando a la primera de sus promesas, AMLO endeudó al país y dejó comprometidas las finanzas públicas. Al 29 de octubre de 2024, la deuda neta del Sector Público Federal es de 16 billones 944 mil 818 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6.6 billones de pesos en relación a la deuda recibida en el 2018 del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gasto público se excedió en el sexenio de AMLO en promedio un poco más de 1 billón de pesos por año. Casi toda la inversión de las mega obras y los llamados programas del bienestar, con entregas de dinero en efectivo, fueron financiadas con deuda, la cual ahora hay que pagar.
Arely Medina, economista de investigación en Citibanamex, estima que en 2024 la deuda respecto del tamaño de la economía rebasará ‘la barrera psicológica’ del 50 por ciento.
“Para 2024, Hacienda tendrá una deuda neta que estimamos en 51.2 por ciento del PIB y para 2025, el escenario más factible, la deuda la calculamos en 52.5 por ciento del PIB”, proyectó.
“Considero que a partir del umbral de 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), las calificadoras y los mercados serían sensibles”, advirtió la especialista.
Consideró que, para evitar una degradación de la nota soberana, el gobierno está obligado a llevar a cabo una reforma fiscal, ante el casi nulo margen de maniobra para recortar el gasto o endeudarse.
UN GRAN RIESGO
John Soldevilla, director de Ecobi, prevé incluso que la deuda pública se elevará cuando termine este año de 2024 hasta 52.2 por ciento del PIB (ocho puntos más que en 2018) y con expectativas de llegar hasta casi 55 por ciento en 2026. Este sería el mayor nivel desde el 56 por ciento de 1987.
Soldevilla prevé que, al cierre de este sexenio anterior, el saldo total de la deuda pública ascendería a 17.8 billones de pesos, lo que representaría un incremento nominal en seis años de 59.2 por ciento, el tercero más elevado en los recientes cuatro sexenios.
“Junto con el déficit fiscal de casi 6 por ciento del PIB para este año, la deuda pública es uno de los mayores factores de riesgo que enfrentará la economía en los primeros años de la nueva administración”, subrayó.
Medina advirtió que el gobierno entrante enfrentará una situación muy complicada debido a que le será muy difícil disminuir el gasto, y sin una reforma fiscal no le quedaría más opción que elevar aún más el endeudamiento.
“Para reducir el gasto en 3 puntos del PIB para 2025 como lo propone Hacienda, consideramos que sería más que necesario la implementación de una reforma fiscal; si bien el gobierno tiene el capital político para hacerla, no ha dado señales de que la vaya a realizar”, recalcó.
Explicó que entonces, necesariamente el gobierno tendría dos vías: recortar al gasto o elevar la deuda. Pero la disminución del gasto, sumada a la desaceleración de la actividad económica, en la cual se han ajustado a la baja las proyecciones de crecimiento para 2024 y 2025, definitivamente le va a pegar mucho más a la actividad económica.
“A menor actividad económica menor recaudación, lo que también afectará los ingresos, situación que dibuja un panorama complicado para el manejo de la deuda, porque no va a quedar de otra más que contratar deuda”, enfatizó.
CASTIGAR TODO, MENOS LO POLÍTICO
El presupuesto de 2025 castiga al sector salud, a la seguridad, la educación, la inversión pública, a los gobiernos estatales y a los municipios, pero aún así está destinando 40 mil millones de pesos más al proyecto del Tren Maya, una obra estimada inicialmente en 120 mil y 150 mil millones de pesos, pero que ya ha gastado ¡500 mil millones de pesos! Y tiene un beneficio social muy bajo, que le condena a ser deficitaria de forma permanente.
Los llamados programas del bienestar no sólo no sufrieron recortes, sino que fue incrementado su gasto, que será de 835 mil 700 millones de pesos, cuando hay un sobre gasto calculado en cerca del 30%, debido a que una parte de los beneficiarios son personas de clase media y hasta media alta, a quienes no se les hizo ningún tipo de estudio socio-económico para otorgarles el beneficio.
Esto se da de manera especial en el programa para los adultos mayores, que fue declarado constitucionalmente como universal, algo que no se hace en ningún país desarrollado del mundo, con economías mucho más poderosas que las de México. Toda asistencia social pasa por una evaluación del beneficiario, inclusive por una evaluación de la familia a la que este pertenece, no se otorga en forma indiscriminada, como se hizo en el gobierno anterior.
Como los programas son usados clientelarmente, de ellos depende en buena medida el soporte político de Morena, por lo que no se han revisado y, mucho menos, tocado en los recortes tan drásticos que se han realizado.
La mayoría de los beneficiarios de las entregas de dinero se plantean que ningún gobierno anterior les había dado nada, y que ese dinero proviene del ahorro gubernamental, de un gobierno austero que ha eliminado la corrupción de los políticos, quienes eran los únicos beneficiarios del dinero público.
Este discurso es simple y contundente, pero es una enorme mentira. La corrupción no se ha combatido, solo se ha ocultado más, lo que es aún peor que en gobiernos pasados. No hubo ahorro y austeridad, por el contrario: el de AMLO ha sido el más despilfarrador de los últimos cinco gobiernos federales, al no respetar los límites de los ingresos que recauda el estado, pero en 2024, por motivos electorales para ganar la presidencia y controlar los tres poderes de la república, hubo un enorme despilfarro de recursos.
Los números son fríos, contundentes, no admiten de simpatías, facciones o fanatismos: se endeudó al país y en este 2025, que, es penoso decirlo, puede ser un año muy difícil en muchos aspectos, comenzaremos a pagar los costos de los errores y los excesos del gobierno de AMLO, algo que jamás reconocerá la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, porque es la principal beneficiaria de todo ese derroche de gasto que ha llevado a cabo quien la colocó en el poder y ahora la tutela, desde cualquier lugar en el que se encuentre.
