Agencias

Mientras las cámaras tienen detenidos los proyectos, evidenciando que la presidente está sujeta a la influencia que sigue teniendo sobre las mismas el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ultraderechista de Donald Trump ejerce cada vez más presión sobre el gobierno de Sheinbaum

Apenas asumir su cargo como presidenta, Claudia Sheinbaum envió, en noviembre de 2024, dos iniciativas de ley al poder legislativo: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley General del Sistema de Investigación e Inteligencia, por medio de las cuales se tiene el propósito de convertir la Secretaria de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, en una supersecretaría con poderes por encima del ejército y de la marina, inclusive restándole a algunos poderes a la FGR, Fiscalía General de la República, pero el propósito de la presidenta, que tiene una confianza absoluta en García Harfuch, ha generado tensiones al interior de su gabinete y la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, quienes se resisten a que un mando civil tenga funciones superiores a los que los militares han tenido en el sexenio anterior de AMLO, donde se convirtieron, literalmente, en el brazo derecho del poder, que hoy no parecen estar dispuestos a ceder.

Como consecuencia, ambas iniciativas de ley, que son indispensables para el funcionamiento del plan nacional de seguridad que pretende implementar la presidenta, están detenidas tanto en la Cámara de Diputados y el Senado, donde Morena tiene mayorías absolutas y, comúnmente, aprueban leyes sin tan siquiera leerlas.

Mientras las cámaras tienen detenidos los proyectos, evidenciando que la presidente está sujeta a la influencia que sigue teniendo sobre las mismas el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ultraderechista de Donald Trump ejerce cada vez más presión sobre el gobierno de Sheinbaum, exigiendo acciones concretas en contra de funcionarios, políticos, empresarios e inclusive artistas que están coludidos con los cárteles del narcotráfico, que han sido declarados como organizaciones terroristas.

La Supersecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que la presidenta Sheinbaum está trazando para Omar García Harfuch podrá investigar delitos, es decir, tendrá funciones de ministerio público, como la Fiscalía República y las fiscalías de cada uno de los estados.

Dicho en otros términos, se quiere otorgarle funciones de ministerio público a nivel nacional y estatal, como las tiene la Fiscalía General de la República y las fiscalías en los estados, mediante las policías ministeriales, y del Ejército a través de la Guardia Nacional.

Por primera vez, un mando civil tendría una capacidad de investigación del delito amplísima; dispondría de la información de todos los organismos públicos de inteligencia y podrá desplegar, en caso de considerarlo necesario, toda la fuerza pública del estado, coordinando y dirigiendo a la misma.

Tanto el ejército como la marina y ahora la llamada Guardia Nacional, que está bajo el mando del ejército, así como los sistemas estatales de inteligencia y fuerzas especiales, tendrían que trabajar en estrategias conjuntas dirigidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Garcia Harfuch.

El proyecto de la nueva supersecretaría que está tratando de crear Claudia Sheinbaum, no ha sido posible concretarlo, debido principalmente a la oposición de los militares, de quienes depende además la Guardia Nacional, que ha sido creada de manera improvisada y tienen capacidades muy limitadas para ejercer funciones de tipo policiaco en contra del crimen organizado.

La paralización de las iniciativas de ley por parte de Ricardo Monreal, en la Cámara de Diputados, y Adán Augusto López en el Senado de la República, solo pueden provenir de la influencia del expresidente López Obrador, quien los impuso en el cargo.

La única aparente solución es que la presidenta negocie con el ejército y la marina, para realizar modificaciones al plan original de la presidenta, que parece tener una muy fuerte resistencia, debido a que tiene una absoluta confianza en el diseño realizado por García Harfuch, quien incluso podría desempeñar funciones que hasta ahora tiene la Secretaría de Gobernación, dirigida por Rosa Icela Sandoval, otras de las gentes de confianza del expresidente López Obrador.

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES

Ricardo Monreal, el presidente de la Cámara de Diputados, ha justificado el aplazamiento de la aprobación de las dos leyes enviadas por la presidente desde noviembre del año pasado, porque se busca “ que se pueda tener una gran mayoría en la aprobación e incluso la unanimidad, ojalá y lo logremos porque este es el problema fundamental del país… “Son dos leyes importantes que se deben analizar y discutir en el congreso, hay algunas propuestas de modificación a los dictámenes que se encuentran ya en la mesa directiva de esta Cámara”.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a todas las instituciones de seguridad pública a compartir diariamente la información que se genere en el ámbito de su competencia, a fin de combatir los delitos que más lastiman a la población como el secuestro, la extorsión, el homicidio y otros delitos graves. 

Además, se diseñan mecanismos que, respetando los derechos humanos, y el derecho a la privacidad, puedan resultar herramientas efectivas.

Según la iniciativa, con esta ley se regularían los centros de comando y control de los tres órganos de gobierno y se optimizaría el funcionamiento del Consejo de Seguridad Pública.

En la propuesta, a la Guardia Nacional se le reconoce por vez primera como integrante del sistema de seguridad pública, y se prioriza la coordinación, estableciendo mecanismos para hacer realidad esta función con el poder judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados.

Por otra parte, se crea una política nacional en materia de acreditación y certificación de las instituciones de seguridad pública, asimismo se amplían los fondos de ayuda económica federal y crean mecanismos para vigilar su debido uso. 

La Ley de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, es una herramienta de interconexión con los sistemas de inteligencia federal de las entidades federativas y municipales.

LA RESISTENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las propuestas de leyes en materia de seguridad languidecen en el baúl de los asuntos incómodos del Congreso. Hace meses que la presidenta, Claudia Sheinbaum, mandó a los legisladores sus iniciativas, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

¿El motivo?: La resistencia del Ejército.

Según dos fuentes cercanas a la presidenta, conocedoras además del trabajo legislativo estos meses, la Secretaría de la Defensa Nacional, liderada por el general Ricardo Trevilla, ha puesto trabas a la aprobación de las leyes, por los poderes que se quieren dar a García Harfuch, coordinador de la Estrategia Nacional de Seguridad, sobre todo en materia de investigación. La aprobación de las normas, pateada hacia delante durante la primera parte de la legislatura, supone uno de los primeros problemas al interior del gabinete de seguridad en el Gobierno de Sheinbaum.

En entrevistas concedidas esta semana, Harfuch ha tratado de trasladar una imagen de unidad con el general Trevilla y las Fuerzas Armadas en general. Pero lo cierto es que su figura ha crecido vertiginosamente en estos meses de Gobierno de Sheinbaum, a la par que los elementos civiles del gabinete de seguridad, un cambio en el equilibrio respecto a los años del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). En ese tiempo, el Ejército acaparó un volumen de poder pocas veces visto en los últimos años, que trascendía a la seguridad interior. Con el expresidente, los militares construyeron trenes, hoteles, aeropuertos, hospitales y carreteras.

La presidenta no ha logrado el punto medio que exige el Ejército, se perfilan a que las atribuciones, principalmente en materia de investigación, tengan colaboración castrense para que ambas legislaciones sean aprobadas en el periodo extraordinario de sesiones que se definirá el Congreso al ritmo que marquen los resultados de la elección judicial. Si los comicios tienen éxito, la convocatoria para abrir un periodo de trabajos legislativos extemporáneos se emitirá para la primera quincena de junio; de lo contrario, se puede aplazar hasta julio, según apuntan líderes parlamentarios.

“Los verdes”, como llaman los legisladores al Ejército, no han cedido un ápice para que Omar García Harfuch se beneficie con facultades de investigación e inteligencia por encima de las que ellos tienen. Harfuch, por su parte, tampoco se ha amilanado ante las presiones militares, sostienen fuentes cercanas a la presidencia.

El registro nacional de usuarios de telefonía móvil para combatir el secuestro y la extorsión, y las implicaciones que puede tener asociar los datos biométricos de los usuarios con sus líneas telefónicas y el acceso total que tendrán las instituciones de seguridad pública a esta información para obtener datos de prueba, también han contribuido al atascamiento de las iniciativas presidenciales, pero en menor medida. Aunque el tema ha sido la salida para justificar que las propuestas legales que se esperaba fueran mero trámite en el Legislativo, por ser prioridad para Sheinbaum, se mantenga en la incertidumbre de si llegarán a ver o no la luz.

La concentración de las labores de investigación e inteligencia que amplían y refuerzan el papel de la Secretaría de Seguridad en tareas que hasta ahora se han concentrado en la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha caído como plomo a los militares. 

El descontento, refieren las fuentes consultadas por este medio, incluye que el nuevo Consejo Nacional de Seguridad Pública sea presidido por el secretario de Seguridad en turno en ausencia de la presidencia. Harfuch tendría además amplias atribuciones en la investigación de delitos y, aunque deberá compartir información con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, en él radicará el control.

El recelo de los militares parece encaminarse a que estas funciones pasen a autoridades civiles y no castrenses, presuntamente por un tema de profesionalización. También se le confiere al secretario de seguridad el poder de fiscalizar los recursos federales que van destinados a los Estados, un tema de números que tampoco goza de la simpatía castrense.

Los términos de las iniciativas de Sheinbaum no cuentan con el aval de Trevilla. Tampoco lo tiene el papel que se le confiere en la legislación, a la polémica Agencia de Transformación Digital, una instancia en la que la mandataria ha puesto varias de sus fichas: desde el combate a la corrupción, hasta una participación protagónica en la nueva ley de telecomunicaciones , también atorada en el Congreso.

La agencia es pieza estratégica en varios de sus proyectos, incluida la seguridad. La instancia echará a andar, si es aprobada la legislación en sus términos, una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil que obliga a las empresas de telecomunicaciones a dar el alta de los titulares y usuarios de las líneas telefónicas móviles y tiene el poder de inhabilitar las líneas no asociadas a persona alguna. Las facultades son amplias. La agencia podrá utilizar la información para nutrir, incluso para obtener datos de prueba para las investigaciones a costa, refieren especialistas, de los derechos humanos de la ciudadanía.

La realidad es que los ordenamientos legales planeados por Sheinbaum están sobre la mesa, a la merced de los buenos acuerdos a los que llegue con el Ejército para que puedan transitar, con cambios, en el Congreso. Son los costos de una presidenta que está supeditada, en temas de interés nacional, por la intervención y los antecedentes establecidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador-