Por: Eduardo Rodríguez

La investigación es una burla, y en apariencia un distractor más para desviar la atención de los graves problemas de seguridad que enfrenta el país.

Según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, denunciadas por el Secretario de Seguridad Nacional, Omar García Harfuch, solo 13 de los 400 casinos o negocios de apuestas en físico o en línea que operan en México realizan actividades ilícitas de “lavado” de dinero, cuando el “lavado” de dinero es una de las prácticas más frecuentes de este tipo de establecimientos, los cuales fueron prohibidos en Coahuila desde hace dos gobiernos, debido a motivos de seguridad y a las relaciones detectadas con el crimen organizado.

El 25 de agosto de 2011 se registró un atentado terrible en el Casino Royale, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, donde fueron asesinadas 52 personas, una tragedia sin precedentes no sólo en México sino a nivel mundial.

Un grupo de sicarios roció la entrada del casino con gasolina y le prendió fuego, provocando un incendio, que impedía que la clientela escapara por la puerta principal y buscara salidas de emergencia, las que se encontraban bloqueadas. Aquello se convirtió en un infierno, donde murieron 52 personas, la mayoría de ellas por asfixia y lesiones.

Ante semejante tragedia la decisión obligada del gobierno de Nuevo León era la de cancelar el giro de casinos en la entidad, pero en lugar de ello los casinos siguieron proliferando, al grado que hoy en día Nuevo León ocupa el tercer lugar a nivel nacional en establecimientos de casinos físicos y en línea, los cuales cobran dos impuestos: uno para el estado y otro para la federación.

Nadie parece acordarse ya de la tragedia del Casino Royale y el negocio de las apuestas a proliferado por toda la zona metropolitana de Monterrey, la tercera urbe en población del país y la segunda más rica.

El gobierno estatal de Coahuila, entonces encabezado por Rubén Moreira, determinó cerrar el giro de negocios de apuestas, bajo el argumento de ser fuentes de financiamiento para el crimen organizado y, además, un problema de seguridad, como lo demostraba la tragedia de Monterrey, originada en la pugna de organizaciones criminales.

La prohibición en Coahuila se mantiene hasta la fecha, pero en la zona metropolitana de La Laguna siguió operando un casino en Gómez Palacio, que, en términos de seguridad, es una cueva peligrosa, pero en el gobierno municipal pasado, que presidió Leticia Herrera Ale, un sobrino de ésta logró una de las últimas concesiones para establecer un casino, ubicándolo en las proximidades del río Nazas, que es la línea divisoria de Coahuila y Durango en la zona metropolitana.

Este casino, instalado en la nave de lo que fuera una maquiladora de ropa y un tianguis ya desaparecidos, fue improvisado con una inversión mínima en infraestructura, servicios apenas indispensables y todas las facilidades gubernamentales. Hasta la fecha ha resultado un negocio muy exitoso, aprovechando la prohibición que existe en la parte de Coahuila y lo obsoleto de la competencia, que es otro casino improvisado en muy malas instalaciones.

¡13 de 400 “LAVAN” DINERO!

Revista de Coahuila ha publicado anteriormente reportajes sobre la psicología, la tecnología y el modelo de negocios de estos establecimientos, los cuales son considerados por los especialistas como poco sanos para la sociedad, tanto en términos psicológicos como económicos, al fomentar el vicio de la ludopatía y no aportar ningún beneficio tangible. 

El modelo de negocios de los casinos se define de manera bastante siemple con el mote que se les da a sus máquinas electrónicas de juego: “tragadinero”. Es un negocio impulsado a gran escala por las mafias a nivel mundial, diseñado para sacar dinero a cambio tan solo de una diversión insana.

Lo más penoso es que la mayor parte de la clientela de las máquinas “tragadinero” o “tragaperras” son mujeres y de ellas una gran parte mujeres mayores de edad. En las apuestas deportivas y juegos de mesa la mayoría son hombres de muy diferentes edades.

En una investigación que ha salido a anunciar como la gran noticia, Omar García Harfuch se enorgulleció de haber detectado a nivel nacional 13 casinos que realizaban prácticas de “lavado de dinero”, a través de diferentes procedimientos, a nivel nacional e internacional.

La investigación es una burla, y en apariencia un distractor más para desviar la atención de los graves problemas de seguridad que enfrenta el país.

Con 400 establecimientos funcionando a nivel nacional, ahora muchos de ellos bajo la modalidad de operar en línea, lo que les puede hacer aún más adictivos, establecer que sólo 13 de ellos tienen prácticas ilícitas simplemente no es serio. 

Los casinos manejan enormes cantidades de dinero, todo en efectivo. En 2010, un solo casino que operaba en Torreón registraba ingresos por un millón de pesos diarios, los cuales, de acuerdo al testimonio de un alto ejecutivo bancario, eran transferidos al día siguiente por medio de diferentes movimientos bancarios, y así todos los días del año.

Sin que haya aceptación oficial, los 13 casinos que han sido intervenidos por el gobierno federal, supuestamente estaban relacionados con el Cártel de Sinaloa, más específicamente con la facción de la “mayiza” que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, por lo que no es descartable que la información, que aquí se maneja como una ardua investigación, haya sido proporcionada por las agencias norteamericanas o el departamento del tesoro.

Los restantes 387 casinos siguen operando con toda normalidad en el país. Los clientes, de los cuales solo uno de cada diez gana un poco y todos los demás pierden su dinero, pagan hasta tres impuestos: uno se cobra al momento de la “carga” de las tarjetas para jugar, otro cuando se llega a ganar alguna cantidad de dinero, pero también hay ya impuestos estatales, como es el caso de Nuevo León. 

En apariencia es el único caso donde una persona paga impuestos por perder dinero, porque la casa siempre gana.

Son 400 casinos operando a nivel nacional, pero el número de empresas propietarias es muchísimo más chico, porque una sola empresa puede ser propietaria de decenas de establecimientos. Consorcios, como el de Caliente, que tiene su matriz en Tijuana, Baja California Norte, posee un alcance nacional a través de los casinos en línea y varios estados del país por medio de establecimientos en físico.

Esta empresa, con sede en Tijuana, propiedad de la familia Hank Ronck, que tiene muy controvertidos antecedentes, maneja un aparato de publicidad enorme en todo el país, especialmente en las empresas televisoras, espectaculares y medios digitales. Es patrocinadora de muchos equipos profesionales de futbol y otros deportes. Muy probablemente es la marca del negocio de apuestas más posicionada en todo el mercado nacional.