Por: Rodrigo Tejeda
El estado tiene 30 años gobernado por el PAN y una fiscalía transexenal, lo que es tiempo suficiente para haber desarrollado un sistema policiaco municipal y estatal muy fuerte, con equipos de fuerzas especiales y tecnología de punta en materia de inteligencia. ¿Qué pasa entonces?
El domingo 9 de junio en la colonia Industrial de León, Guanajuato, ingresaron a un domicilio privado 5 elementos de la Guardia Nacional, salieron unos minutos después, cargando uno de ellos una bolsa grande de plástico, cuyo contenido se desconoce. Apenas unos minutos más tarde un grupo de sicarios ingresaron al domicilio y asesinaron, de forma brutal y a sangre fría, a cuatro mujeres y a dos menores, un bebe de meses y el otro de tan solo dos años de edad.
Los miembros de la Guardia Nacional no contaban con que había una cámara instalada apenas unos metros más adelante, la cual los grabó, de otro modo nadie se entera.
La brutalidad, los asesinatos múltiples, se han convertido en algo tan frecuente, sobre todo en ciudades como Celaya y pueblos cercanos, que se ha perdido la capacidad de asombro. Hay un promedio de 3,000 asesinatos por año en un estado que podía ostentarse, hace, digamos, 10 años, como uno de los más seguros del país; un estado próspero, con una población alta y también uno de los estados más emblemáticos del país por su historia.
La pregunta es obligada ¿Qué pasa en Guanajuato?
Y es que hay muchas cosas que no concuerdan, visto todo esto desde un estado como Coahuila, el cual puede considerarse como el estado más seguro del norte del país, y tiene experiencia exitosa en esto del tema de la seguridad.
Guanajuato no tiene fronteras con EEUU, lo que alienta mucho la operación del crimen organizado. Guanajuato no tiene un historial de operación de organizaciones del crimen organizado, como Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco o más recientemente Michoacán. Guanajuato no tiene puertos y tampoco es zona estratégica de paso para el trasiego de drogas y de contrabando en general. Estados vecinos, como Querétaro y Aguascalientes, que también son gobernados por el PAN, no tienen problemas semejantes de inseguridad. Guanajuato tiene 30 años gobernado por el PAN y una fiscalía transexenal, lo que es tiempo suficiente para haber desarrollado un sistema policiaco municipal y estatal muy fuerte, con equipos de fuerzas especiales y tecnología de punta en materia de inteligencia. ¿Qué pasa entonces?
¿Por qué el crimen no opera en Querétaro si todo el sur de Guanajuato está incendiado y son vecinos por varios territorios?
Solo hay un antecedente posible: Guanajuato tiene una refinería en Salamanca y, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy posiblemente antes, se comenzó a dar el “huachicoleo” de gasolinas, lo que alentó la formación de grupos criminales, pero ¿No estaban enterados el gobierno federal y el estatal? Supongamos que el gobierno federal estaba en manos de un incompetente y una burocracia corrupta de Pemex ¿Pero los gobiernos estatales tampoco estaban enterados y dejaron crecer el problema?
La narrativa de que Guanajuato fue el único estado donde perdió como candidato AMLO y ya como presidente se ha rebelado como un hombre sumamente rencoroso y vengativo, pues además Guanajuato es considerado como la cuna de los “conservadores” vale, pero no alcanza a explicar la barbarie que está sucediendo, o estamos subestimando la perversidad que puede emanar del poder central.
Pero vayamos por partes.
LA DETENCIÓN DE “EL MARRO” Y LO QUE SIGUE
El sexenio abrió con un capo apodado “El Marro” operando un cartel muy regional denominado de Santa Rosa de Lima, un pueblo del sur de Guanajuato, centro de operaciones del sujeto, quien se llama José Antonio Yépez.
No se trataba realmente de un cartel, sino de una banda criminal muy arraigada en la región del sur del estado, conocida como “el triángulo de las Bermudas”, por el cruce de los ductos de Pemex, lo que le hace un paraíso para el delito de “el huachicoleo”.
Desde el inicio del gobierno de AMLO en 2019 se dio la consigna de detener a “El Marro”, por las enormes pérdidas que le originaba a Pemex, y se lanzó todo un operativo en su búsqueda, que fue cubierto por los medios a nivel nacional.
El sujeto cobró, en el imaginario colectivo, las proporciones de un monstruo, pero cuando ya lo tenían acorralado publicó un video, donde apareció un hombrecillo joven, literalmente llorando, amenazando al gobierno y al Cártel Jalisco la Nueva Generación, CJNG, a quienes denominó como sus enemigos.
A los pocos días, el 2 de agosto de 2020, fue detenido mientras trataba de saltar la barda de una finca donde se escondía. Efectivamente era un hombrecillo de aspecto sumamente ordinario, vestido con ropa deportiva de marca, no el monstruo que se suponía. Un ladrón de “huachicol” con una banda diseminada por toda la región, eso sí.
Las cosas parecían terminar ahí, inclusive fueron detenidas su mamá y dos hermanas y puestas a disposición de la fiscalía estatal, quien las dejó en libertad al poco tiempo por “fallas en el proceso”.
Lejos de terminar las cosas con la detención del jefe de la banda, justo ahí inició un baño de sangre para los guanajuatenses, que no ha parado hasta la fecha, convirtiéndolo, en números absolutos, en el estado más violento del país.
EL ENFRENTAMIENTO ENTRE AMLO Y SINHUE Y ZAMARRIPA
Molestó por el empeoramiento de la violencia y sin resultados en el control del “huachicoleo”, AMLO públicamente acusó a las autoridades municipales y estatales de estar coludidas con el crimen. Se le olvidó incluir, por lo menos, a los funcionarios de Pemex.
Las relaciones comenzaron a tensarse, pues hay que tomar en cuenta que para AMLO el tratar con los panistas, en el único estado que lo había rechazado como candidato, no era grato, así que traía la mecha corta.
La situación hizo crisis en 2021, pues de acuerdo a filtraciones luego confirmadas, en una reunión al más alto nivel de Diego Sinhue Rodríguez y Carlos Zamarripa con el gabinete nacional de seguridad, las cosas se tensaron al nivel de un enfrentamiento. Diego Sinhue defendió que estaban bien; los funcionarios federales argumentaron que estaban mal y pidieron que Carlos Zamarripa debía dejar el cargo, en el cual ya tenía demasiado tiempo, pero el gobernador se negó y vino el rompimiento.
AMLO, colérico como es, atacó públicamente a Carlos Zamarripa, lo que atrajo la atención hacia el fiscal, quien ciertamente es todo un caso y se convirtió, a partir de ahí, en la piedra de tropiezo y escándalo. La Fiscalía General de la República abrió un expediente de investigación en contra de Zamarripa Aguirre, quien ya para entonces tenía 12 años en el cargo y había pasado por tres gobernadores.
Contra lo esperado, no le encontraron mayor cosa, pero la relación con la presidencia estaba dañada, y en consecuencia con el ejército, la marina y la Guardia Nacional.
Viendo todo esto había dos bestias predadoras listas para ir por su presa: el Cártel Jalisco la Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, los dos más grandes “huachicoleros” del país.
LA PUGNA QUE PAGA GUANAJUATO
¿Por qué Carlos Zamarripa es un caso especial y la piedra de la discordia entre el poder federal y el estatal?
Originario de una colonia popular fincada sobre una ladera pedregosa del poniente de León llamada San Juan Bosco, Carlos Zamarripa empezó esta vida a contracorriente, desde la más baja condición social, eso nadie se lo regatea como mérito, pero como procurador y luego como fiscal, que son la misma cosa en términos prácticos, su carrera se volvió sumamente controversial.
Como procurador está en el cargo desde el 2009, cuando Guanajuato vivía en santa paz, aún en medio de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, así que se supo vender políticamente como un funcionario eficaz y eficiente, aunque ya el negocio del “huachicol” tenía conectadas cientos de tomas clandestinas de los ductos de Pemex, pero no había violencia, por lo menos no de alto impacto. Así transcurrió todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y el segundo gobernador, todos panistas.
En 2019, y aquí comienzan los problemas, Carlos Zamarripa es designado fiscal por otros 9 años, con total autonomía, por lo que su periodo termina hasta el 2028 ¡nada menos que 19 años en el mismo cargo! Es evidente que la decisión no era sensata y se debió más a la inexperiencia personal de Diego Sinhue Rodríguez, entonces de 37 años, quien llega a la gubernatura sin haber gobernado nada. Zamarripa ya estaba curtido después de 10 años de procurador y, por el cargo y el espionaje, debía conocer todos los sótanos del poder en Guanajuato, es decir toda la vida, obras y pecados de los personajes que mueven este bonito estado del bajío.
Por las manos de Diego Sinhue pasaron muchos miles de millones del gasto social del estado, pues de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano sacó la gubernatura.
Pero el caso es que Carlos Zamarripa se volvió intocable, pero con un presupuesto de 20 mil 967 millones de pesos solo en el año de 2020, cuando estalló la crisis de seguridad. Esto le permite tener centros de inteligencia, tecnologías de punta, equipos especiales e inclusive asesoría extranjera, específicamente norteamericana.
Confrontados con el poder central, es decir sin coordinación con el ejército, la marina y la Guardia Nacional, toda esta infraestructura no ha servido de nada, y así ha transcurrido el 2021,2022,2023 y 2024, de masacre en masacre, con al menos el 90% de los crímenes irresueltos.
La inseguridad tiene así un trasfondo político: Diego Sinhue aferrado a sostener a Carlos Zamarripa, en medio de un baño de sangre, sin la capacidad de gobierno, la responsabilidad y las agallas que se esperarían de un gobernador, y AMLO, pues ya todo mundo lo conoce, tiene como pecados de cabecera la soberbia y la venganza, así que las fuerzas federales hacen como que hacen y se pasean por todo el estado, después de todo la descomposición social era un excelente caldo de cultivo para quitar a los panistas del poder en 2024, y por poco lo logran.
Aún así, si Carlos Zamarripa y Diego Sinhue hubieran hecho su trabajo no tendría el estado números tan aterradores en seguridad, así que solo caben dos hipótesis: son incompetentes o son corruptos, porque la otra posibilidad sería la omisión y la cobardía.
De fondo la dinámica del crimen es simple. Igual que en la política, para el crimen organizado no hay vacíos, así que descabezada la banda de Santa Rosa de Lima, pero no desmembrada, entró a pelear el territorio el CJNG y el Cártel de Sinaloa, y ya se sabe que el único lenguaje que hay en las guerras territoriales del crimen son los balazos, los levantones, los secuestros, las desapariciones, en suma la ejecución de los contrarios. Y en esas están desde hace años.
La herencia que está recibiendo la nueva gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, está de escalofrío, pero, poniéndole muchas faldas e inteligencia no es algo imposible, pero sí sumamente difícil.
La experiencia de Coahuila es muy ilustrativa y nada mal le vendría entrar en pláticas con el gobernador Manolo Jiménez, quien seguramente accedería de buena gana.
Para comenzar a barrer el basurero, lo primero que se antoja como obligado es organizarle la despedida a Carlos Zamarripa y pensarse, con mucho cuidado, un nuevo fiscal.
Lo segundo sería recomponer las relaciones con el nuevo gabinete de seguridad federal, que será nuevo, e implementar una coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales, con un mando único, fincado en la capacidad, lo cual es totalmente posible, pues la gobernadora y la presidenta tendrán sexenios paralelos, y eso suaviza el factor político, además debe ayudar mucho el que ambas sean mujeres.
Pero combatir a las poderosas organizaciones del crimen es una tarea peligrosa, que implica riesgos y costos que hay que pagar, aún desde la posición de gobernadora. Hay que vivir rodeado de un aparato de seguridad, cuidar a la familia y de preferencia mantenerla a distancia y, obligadamente, hay que tomar decisiones difíciles, pragmáticas y sin contemplaciones, más con un crimen brutal, empoderado y escondido entre la sociedad civil, donde ha echado raíces en ciudades, pueblos y ranchos.
