Por: Álvaro González

¿Puede el gobierno federal garantizar la seguridad y el buen uso del gigantesco archivo que se generará por los registros de los celulares? 

El argumento del gobierno federal para obligar a registrar todos los teléfonos celulares del país, se basa en que, con la medida, ideada por Omar García Harfuch, se podrá combatir la extorsión telefónica, lo que parece algo bastante dudoso, si se toma en cuenta la capacidad gubernamental y el ingenio del crimen.

Se trata, en sentido estricto, de una medida de carácter policiaco que tiene una base de sustentación legal muy dudosa, dado que los teléfonos celulares son propiedad privada y ya están registrados por las empresas que los venden.

Los ciudadanos tienen la desconfianza de registrar su teléfono y del uso que le pueda dar el gobierno federal para tareas de espionaje político o de cualquier otra naturaleza. Los hackers profesionales ya mostraron que no tienen imposibles, como lo evidenció la llamada “Operación Guacamaya”, por medio de la cual hackearon los archivos digitales del ejército.

Hasta la fecha se ha logrado registrar sólo 60 millones de teléfonos celulares, falta el registro de 80 millones, para lo cual han extendido el plazo, pero no hay ninguna seguridad de que pueda registrarse la totalidad, inclusive con la amenaza de bloquear el acceso a las apps y otros servicios que se dan a través de los móviles.

Según las fuentes de la propia Secretaría de Seguridad, el 90% de las extorsiones que se cometen vía telefónica salen de las cárceles, pero en lugar de poner orden en el sistema carcelario se prefiere obligar al registro de todos los teléfonos celulares del país, porque parece una medida más fácil de aplicar, pero ¿Es legal obligar a los ciudadanos a registrarse bajo la amenaza de cortar los servicios digitales? Es muy dudoso que haya una sustentación jurídica sólida.

¿Qué van a hacer con el hackeo de computadoras y bases de datos privados, como los bancarios, que son cada vez más agresivos e ingeniosos?

¿Puede el gobierno federal garantizar la seguridad y el buen uso del gigantesco archivo que se generará por los registros de los celulares? Es muy difícil, lo que justifica la desconfianza de la mayoría de los ciudadanos, que siente que está siendo invadido en su privacidad y no cree en el argumento policiaco que expone el estado.

Cada día se roban en el país cientos, si no es que miles, de teléfonos celulares que no son reportados, con los cuales puede operar perfectamente el crimen organizado, solo por citar un modus operandi que ya se practica.