Por: Rodrigo Tejeda
Del total del presupuesto universitario, que este año es de 3,619 millones de pesos, el 90% se destina a nómina, y es en la nómina donde precisamente se enfrentan serios problemas de corrupción y anomalías
La Universidad Autónoma de Coahuila tuvo, en 2025, un déficit de 680 millones de pesos, el cual puede incrementarse en este 2026, pero la actual rectoría, que encabeza Octavio Pimentel Martínez, ha implementado solo medidas tibias, pese a que el presupuesto de egresos de este año fue castigado nuevamente por la federación y, en términos de inflación, ha disminuido.
Siguiendo la ruta del dinero, del total del presupuesto universitario, que este año es de 3,619 millones de pesos, el 90% se destina a nómina, y es en la nómina donde precisamente se enfrentan serios problemas de corrupción y anomalías, que, a lo largo de casi tres años de la administración de Octavio Pimentel, no han sido corregidos, por lo menos no en un porcentaje significativo.
La UAdeC había solicitado para este año un presupuesto de 3,885 millones de pesos, pero recibió únicamente 3,619, lo que representa una diferencia de 236 millones de pesos, a lo que hay que sumar un déficit en el sistema de pensiones de al menos 680 millones de pesos.
Los problemas no terminan ahí. Recientemente el Tesorero General de la UAdeC, Evaristo Alférez Rodríguez, reconoció que existe un adeudo de 800 millones de pesos con el SAT, debido a retenciones hechas a trabajadores que no fueron debidamente reportadas, lo que es una grave anomalía.
Ante un déficit y endeudamiento de tal magnitud, el actual rector, Octavio Pimentel, quien concluye su mandato este año, conocía desde el inicio la situación financiera de la universidad, pero no aplicó ningún proyecto serio de recorte al gasto, ni ha actuado en contra de la corrupción, que es endémica en la institución.
Para este año de 2026 se ha anunciado un ahorro que, en un pronóstico optimista, alcanzará apenas de 80 a 90 millones de pesos, lo que sería tan solo un tercio de los recursos que se dejaron de recibir presupuestalmente, pero el déficit en pensiones aumentará hasta alcanzar cerca de 700 millones de pesos, lo que genera al gobierno estatal un problema financiero muy grave, pues es quien finalmente cubre los recursos.
En una investigación realizada por la pasada administración universitaria, que encabezó Salvador Hernández Vélez, el quebranto por la corrupción en la nómina fue calculado en 39 millones de pesos mensuales, lo que hace un total de 468 millones de pesos anuales.

LA DENUNCIA DE SALVADOR HERNÁNDEZ
En lo que fue un hecho completamente inédito, Salvador Hernández Vélez dio a conocer a la prensa, de forma personal, todo un entramado de graves anomalías en la muy extensa nómina universitaria, especificando detalladamente cifras e inclusive proporcionando nombres y ubicación de quienes tienen dobles plazas, al cobrar hasta 40 horas semanales en la UAdeC y ocupar, al mismo tiempo, plazas de tiempo completo en otras instituciones públicas.
El problema expuesto es masivo y tiene graves implicaciones, inclusive de carácter legal, además de representar un daño patrimonial a la universidad por al menos 39 millones de pesos mensuales, sólo en lo referente a la nómina.
Es muy delicado el por qué esta situación no se dio a conocer antes, y se tomaron medidas drásticas, hasta que ha hecho crisis financiera la institución, cuando el problema viene de varias administraciones anteriores.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el rector, se detectaron 1,736 empleados internos con más de una plaza en la UAdeC, de los cuales una parte tienen asignadas 40 horas semanales o más, mientras que el resto tiene una segunda plaza con menos de 40 horas.
Con base en lo anterior, se desprendió que 610 empleados que ya tienen una plaza de 40 horas en la universidad, desempeñan otro cargo adicional de tiempo completo, lo cual es imposible en términos laborales y representa una grave anomalía.
Personas como el propio Exsecretario General de la Universidad, Miguel Ángel Rodríguez Calderón, quien tiene una plaza de tiempo completo en el Ateneo Fuente, se desempeñaba como alto funcionario, lo que le permitía un ingreso de hasta 117 mil pesos mensuales, más el paquete de prestaciones.
Había, en 2022, 610 empleados con plaza de hasta 40 horas en la universidad que externamente tienen un trabajo o plaza de tiempo completo, los que están repartidos en 57 instituciones públicas diferentes, de acuerdo a la investigación que realizó la propia universidad.

La ubicación precisa sería la siguiente: 275 en organismos descentralizados del gobierno del estado; 211 en el poder ejecutivo, legislativo y judicial; 59 en los gobiernos municipales; 34 en organismos autónomos; 23 en el sector salud; 10 en organismos públicos descentralizados municipales y 1 en el sistema de agua, para el total de 610.
Una de las formas para disimular la doble plaza, es que en la UAdeC tienen asignadas hasta 40 horas, pero éstas se ‘distribuyen’ en clases frente a grupo, otra parte en ‘asesoramiento’ y otra en ‘investigación’, por hacer referencia a un esquema muy común.
En los casos de dobles plazas de hasta 40 horas o más, la percepción puede alcanzar los 35 mil 605 pesos mensuales, más prestaciones.
Además de la pérdida de la universidad al pagar una doble plaza, lo que genera ya un daño económico muy importante, los titulares de estas plazas, aun cuando están trabajando para otra institución, están generando antigüedad, que les permitirá en un futuro de mediano plazo el jubilarse, lo que repercute en el déficit de pensiones, volviendo más grave el problema.
Salvador Hernández Vélez proporcionó inclusive nombres, como es el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María del Carmen Galván Téllez, Luis Efraín Ríos Vega y Juan José Yánez Arreola.
Hay otros casos muy notorios como el de Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
En el caso de jueces y magistrados la lista es mucho más extensa, todos ellos con plazas como docentes de tiempo completo en facultades de jurisprudencia u otras escuelas y facultades.
Todo esto ha sido posible debido a favores, vicios de corrupción muy añejos y a ‘negociaciones’ en los procesos políticos-electorales internos de la universidad, donde se piden plazas de tiempo completo a cambio de no presentarse como candidatos opositores o agitar políticamente en escuelas y facultades contra otros candidatos preferidos por las familias o camarillas que controlan dichas facultades o escuelas.
La nómina se había convertido en el principal instrumento de corrupción política, inclusive Hernández Vélez citó el caso específico de una persona de nombre Homero Walsh Rodríguez, en la Unidad Torreón, que amagaba con postularse como candidato a rector, pero le ofrecieron una plaza de tiempo completo, en calidad de ‘aviador’, sin tener que presentarse a trabajar y retiró su posible postulación.
Al término del periodo de Salvador Hernández Vélez, que fue de seis años, que concluyeron en 2023, no se volvió a informar de las medidas que se adoptarían para eliminar la corrupción en la universidad, solo se dio a conocer la disminución de un 10% a los funcionarios universitarios del nivel más alto, lo que representó un ahorro muy pequeño.
Octavio Pimentel Martínez no ha cumplido, como rector, el principal propósito por el cual fue designado para el cargo: sanar las finanzas de la universidad, como tampoco ha cumplido con otras promesas de su campaña electoral, pero está en busca de la reelección.

UN RECTOR PARA UNA CRISIS
Los buenos tiempos de la abundancia, donde el manejo de la UAdeC quedó en manos de la camarilla política de ‘Los chemas’, la autonomía fue un buen escudo para ejercer, con mano ancha, el presupuesto de la universidad, que sobrepasaba los 4 mil millones de pesos, antes de que comenzaran los recortes.
Para mantener la rectoría, la camarilla de ‘Los chemas’ diseñó un control político interno de la UAdeC, por medio del cual se fueron creando grandes vicios y, al mismo tiempo, se entregaron escuelas y facultades a ciertas familias, que se han enquistado en la institución, sobre todo en la Unidad Torreón y en general en La Laguna.
Con el paso de las administraciones, se fue creando una gran burocracia, que ha ido gradualmente pensionándose, lo que convirtió al fondo de pensiones en un monstruo que ahora se tiene que financiar, y para lo cual no hay recursos. Se estima que el déficit seguirá creciendo hasta 2028, cuando alcanzará los 800 millones de pesos, antes de comenzar a bajar. Llevará décadas alcanzar un equilibrio presupuestal.
Octavio Pimentel Martínez no fue designado rector para un periodo ordinario, sino para comenzar a resolver el grave problema financiero de la UAdeC, para lo cual es necesario erradicar todos los vicios generados en administraciones pasadas, modificar el manejo político, que ya es obsoleto, como se pudo apreciar en la propia elección del actual rector, y renovar académicamente a la institución.
El mensaje rectoral de que se debe pasar del traje y la corbata a los jeans, es una interpretación simplista y ramplona de la gran crisis que enfrenta la universidad pública más importante del estado, que tiene una matrícula cercana a los 40,000 alumnos, de un total de 112,673 estudiantes de nivel universitario en Coahuila, contando públicas y privadas.
¿Merece Octavio Pimentel un segundo periodo? Si se evalúan con objetividad sus resultados, no parece justificar la reelección, porque no ha resuelto nada de fondo. En sentido estricto el déficit universitario se ha incrementado, mientras que la academia se ha deteriorado.
Para el gobierno estatal la UAdeC se ha convertido en un problema financiero delicado, pero toca a la comunidad universitaria decidir si Octavio Pimentel ha resuelto, al menos en parte, los problemas de fondo o, como en su vida personal, se ha instalado en la comodidad y en un mundo color de rosa.




