Por: Rodrigo Tejeda

La nueva Ley de Aguas Nacionales, que tantas protestas ha causado en otras zonas agrícolas del país, parece haber sido elaborada en base a la experiencia de la región lagunera, donde se dan todos los vicios y abusos en la explotación y uso del agua para fines agropecuarios.

Ya había problemas antes de 1990, pero a partir de este año y en general del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se incrementó exponencialmente el desorden y la corrupción en el manejo del agua en la región lagunera, donde se presentan todas las anomalías que la nueva ley pretende regular.

Con la caída de la producción algodonera y la expansión de los cultivos forrajeros para alimentar ganado lechero y de engorda, principalmente lechero, la economía de los ejidos se deterioró notoriamente, lo que coincide con las modificaciones constitucionales que permitían la venta de tierras ejidales y, con ellas, la venta de los derechos de agua que estaban en posesión de los ejidos.

Los grandes productores forrajeros aprovecharon la situación para comenzar a adquirir tierras ejidales, al grado de que un solo productor pudo acaparar ejidos completos, con los derechos de agua, pero realizando nuevas explotaciones para cubrir superficies más grandes de regadío, debido a que los ejidatarios sólo tenían derecho a dos hectáreas de riego, de las cuatro o cinco que poseían.

Anteriormente la principal forma de corrupción que se practicaba era el llamado “algodón de luna”, que los “coyotes” cortaban por las noches para venderlo clandestinamente a despepitadoras privadas, en lo que se convertía en un fraude al Banrural, que comenzó a tener adeudos cada vez más grandes de los campesinos, hasta volverse insostenible el endeudamiento, propiciando el cierre de la institución que ya era popularmente denominada como “el bandidal”.

Había también corrupción en el manejo de los módulos de riego, donde se vendía y compraba agua de manera ilegal; una práctica que se fue arraigando y creciendo hasta la fecha.

Durante las últimas tres décadas, por lo menos, la CONAGUA se convirtió en la principal responsable de toda la corrupción que se dio en torno al negocio y explotación ilícita del agua.

La mayoría de los pozos legales operan sin medidores volumétricos, por lo que extraen toda la cantidad de agua que pueden, aprovechando inclusive tarifas de luz preferenciales, pero además se perforaron cientos de pozos sin el permiso correspondiente, los que llevan operando clandestinamente desde hace décadas.

La CONAGUA se mantuvo omisa a todos el desorden que prevalece en Cuencas Centrales del Norte, argumentando que no tenía suficiente personal para realizar una inspección de todos los pozos que estaban explotando los acuíferos, lo que era en parte cierto, pero la principal razón era una política de corrupción institucionalizada, por lo cual siempre se negaron datos precisos a la prensa, como el número de pozos que operaban en la región, la ubicación de los mismos, los beneficiarios legales e ilegales y la extracción que se realizaba.

Pese a ello, ante la crisis inminente del acuífero principal, la CONAGUA comenzó a manejar que el acuífero estaba siendo sobreexplotado, al tener una extracción anual cercana al millón de metros cúbicos y una recarga de tan solo 500 mil metros cúbicos, lo que pronosticaba un agotamiento de los mantos freáticos y su contaminación por sales arsenicales, lo que efectivamente comenzó a suceder desde finales del siglo XX.

Con la transición política y la llegada del PAN a la presidencia de la república con Vicente Fox, se esperaban cambios y una disminución de la corrupción institucionalizada en la CONAGUA, pero fue designado como nuevo director nacional Cristóbal Jaime, exCEO de la más importante empresa lechera del país, con lo cual la corrupción no solo disminuyó sino que aumentó, en beneficio de los grandes productores forrajeros y el perjuicio de los pequeños productores y ejidatarios.

El padrón de cultivos fue modificado del algodón, que beneficiaba a todo el sector ejidal, a los cultivos forrajeros, como alfalfa, que tiene un consumo altísimo de agua en comparación al cultivo algodonero, pero junto con el cambio de cultivos se dio comienzo a la sobre concentración de la tierra y de la explotación del agua.

En este proceso los grandes productores agrícolas y ganaderos no estaban solos: tenían el apoyo político de los funcionarios públicos y el control, por medio de la corrupción, de los encargados de los módulos de riego, que les cedían cada vez más cantidades de agua.

La permisividad de las autoridades responsables del control del agua y el medio ambiente fue tal, que atrajo inversiones multimillonarias de la empresa productora de carne más importante del país: SuKarne, propiedad de un controvertido empresario del estado de Sinaloa. 

La mega empresa, con una inversión de 110 millones de dólares, se estableció en la comunidad de Lucero, en Tlahualilo, Durango, tiene una planta productora de carne para la exportación y corrales de engorda hasta para 70,000 cabezas de ganado. Inició operaciones en 2015 pero fue formalmente inaugurada el 30 de marzo de 2016.

Hoy la empresa SuKarne tiene una demanda formal por parte del gobierno municipal de Tlahualilo por graves daños al medio ambiente, interpuesta ante la PROFEPA y ante la SubSecretaría de Recursos Naturales y del Medio Ambiente del estado de Durango.

La demanda contempla la contaminación del aire, por metano y dióxido de carbono; la contaminación del agua y la erosión del suelo por la generación de desechos de la planta sin control, lo que está afectando a la población.

La explotación de los acuíferos de la región lagunera llevó al abatimiento de los mismos y a su contaminación, afectando directamente el abasto de agua a la zona conurbada de La Laguna-

Torreón, que tiene la concentración más grande de población, comenzó a tener un abatimiento de un porcentaje muy alto de los pozos del SIMAS, que venía ya perforando a profundidades de hasta 200 y 300 metros, obteniendo agua cada vez de menor calidad, por la contaminación de sales arsenicales. Gran parte del agua potable que se distribuye en la ciudad, pese a las mezclas que se realizan, está por encima de la norma oficial mexicana en contenidos de arsénico.

Inclusive sectores residenciales que tenían sus propios pozos desde su fundación, como Torreón Jardín, se quedaron sin agua potable y hubo necesidad de desviar agua de otros sectores para el abasto.

El problema ya se había manifestado como crítico desde 2024, pero en 2025 la crisis del abasto de agua potable se ha venido acentuando aún más.

AGUA SALUDABLE PARA LA LAGUNA

Sin plantear un reordenamiento del uso del agua con fines agrícolas; sin realizar una modificación a la ineficiencia de la CONAGUA y a todas las anomalías sobre el uso y la explotación del acuífero y el tráfico de agua rodada, pero también sin tomar en cuenta a los gobiernos municipales y estatales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó el proyecto denominado Agua Saludable para la Laguna, con una inversión anunciada de 11 mil millones de pesos, para abastecer del agua del río Nazas a todos los municipios de La Laguna.

La obra, realizada con gran opacidad y con total reserva del gasto, ha ascendido su costo hasta cerca de los 17 mil millones de pesos; tiene un atraso importante en las obras, pero además no tomó en cuenta el estado del los sistemas municipales de abasto de agua potable, que tienen redes de tuberías de distribución obsoletas, las que desperdician casi el 50% del agua que se les inyecta, para lo cual se debió de destinar recursos financieros a la par que se construían las obras generales de tratamiento y traslado del agua hacia los municipios.

La corrupción e ineficiencia ha sido un problema muy viejo en los sistemas municipales de agua potable. Por lo menos hoy el DISEAPA de Gómez Palacio y el sistema rural de agua potable de la zona conurbada de Torreón, denominado SIMAS rural, están en quiebra y tienen enormes deudas que resultan inexplicables, pero no se han fincado responsabilidades, como tampoco se fincaron responsabilidades al gobierno del panista Jorge Zermeño Infante, quien heredó un gran desorden en la paramunicipal SIMAS, manejada por Juan José Gómez. 

En apariencia se fincaron responsabilidades judiciales en contra de un grupo de funcionarios, pero a la fecha no ha habido información clara sobre los resultados de dichos procesos, en lo que es una historia recurrente en el SIMAS de Torreón y en el SIDEAPA de Gómez Palacio.

El desorden en la explotación del uso del agua con fines agrícolas, por parte de los grandes productores forrajeros y ganaderos, dañó irreversiblemente el acuífero principal de La Laguna, al grado de terminar con la disposición de agua potable suficiente para la población urbana y rural de la región, pero hasta hoy nadie tiene responsabilidades, y lo más probable es que no la tenga.

La nueva ley, que tanta polémica ha causado, viene a tratar el pozo cuando, literalmente, el niño ya se ha ahogado.

LOS RIESGOS DE LA NUEVA LEY

Siguiendo las políticas de la 4T, la nueva Ley de Aguas Nacionales sí busca el reordenamiento del uso del agua, pero al mismo tiempo propicia una concentración del poder de decisión del gobierno central, con lo cual el estado tendrá un control centralista y absoluto, lo que genera, con fundamento, temores en los productores agrícolas, quienes pueden verse en condiciones de indefensión ante las decisiones de la CONAGUA.

Efraín Morales López, el nuevo director nacional de CONAGUA, ya ha comenzado con un discurso partidista, por el cual afirma que durante los gobiernos del PAN y del PRI algunos funcionarios se otorgaron concesiones de agua a través de familiares, los que ascienden aproximadamente a 150 de los 630 mil usuarios que existen a nivel nacional, algo que es creíble, porque era una práctica común, pero 150 de 630 mil concesiones resulta más que en la intención de hacer un uso político de los números, para exhibir a los gobiernos pasados de corrupción, politizando un problema que es mucho más grande y delicado y no tiene relación con los partidos de la oposición y sí con la corrupción institucional de la CONAGUA y productores que pagaban para explotar las concesiones legales y realizar explotaciones ilegales.

Si el problema fuera de solo 150 concesiones irregulares se tendría un problema muy pequeño, pero en el caso de la región lagunera se puede demostrar que el desorden y la corrupción tiene proporciones mayores, que no exoneran al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien no hizo nada al respecto. 

Morena se maneja como si tuviera un año en el poder, cuando ya tiene siete y carga con la responsabilidad del gobierno de AMLO.

Morales López ha manifestado también el caso de algunas concesiones para uso agrícola, que son empleadas realmente para regar campos de golf, con lo cual desea exhibir que hay empresarios que son parte de la corrupción y el desorden en el uso del agua, pero estos casos son realmente muy pocos y, además, no proporciona datos específicos, algo que debería hacer para darle credibilidad a sus señalamientos.

El problema y el temor de los productores agrícolas, sobre todo aquellos que trabajan una agricultura extensiva y de gran escala o mediana escala, es que ahora puede haber una manipulación política de las concesiones y de la normatividad, que puede generar incertidumbre en las inversiones y las empresas agrícolas ya constituidas, creando problemas adicionales en un sector en el cual los gobiernos de la 4T hasta ahora han tenido un desempeño deficiente, pero además han estado manejando mucha demagogia en torno a los comuneros, ejidatarios y pequeños productores agrícolas, según lo demuestran las cifras de la producción nacional alimentaria.

Si el agua no se maneja con estrictos criterios técnicos y de productividad agrícola, sino con politiquería y manipulación ideológica, pasaremos de un manejo corrupto y desordenado a otro similar, solo que ahora en manos de los gobiernos centrales de la 4T y sus beneficiarios, como está sucediendo con otros recursos naturales que están en poder del estado, pero ahora con el añadido de un sistema judicial que está también bajo el control absoluto de la presidencia de la república y, en consecuencia, de su partido.