La Redacción

La muerte de “El Mencho” parece solo un golpe mediático para satisfacer las presiones de Donald Trump, de cara a las negociaciones sobre el T-MEC, no una estrategia global para someter el poder del crimen organizado a escala nacional o, al menos, reducir sus proporciones e infiltración en el tejido social.

Haber matado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco la Nueva Generación, CJNG, es un golpe mediático espectacular, que modera la presión del presidente Donald Trump, pero podría ser un logro muy relativo si la estructura criminal, que es ya enorme y compleja, no es desmantelada.

La muerte de “El Mencho” puede significar solo cambio de dirigencia en el CJNG que, de no concertarse internamente, podría desatar una guerra por el poder, que incrementaría la violencia entre grupos antagónicos en los próximos meses.

La ola de terror que desató la muerte del líder del CJNG, la cual registró sabotajes y hechos de violencia en 20 estados del país, muestra hasta qué grado se ha expandido el crimen organizado, aun tratándose de la organización criminal más importante que opera hoy, pero no la única.

Penosamente, las afirmaciones de Donald Trump de que muchos territorios de México son realmente gobernados por el crimen organizado son incuestionables, como lo es también la afirmación de que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene fuertes temores de enfrentar, de una manera sistemática y contundente, al crimen organizado.

Trump, que es detestable en la mayor parte de sus políticas, saca esas conclusiones de dos fuentes principales: las decenas de capos que han sido extraditados a los EEUU y cumplen sentencias carcelarias, pero que han negociado la mayoría de ellos a cambio de información, o incluso se han convertido en testigos protegidos y, la segunda fuente, las agencias norteamericanas que están trabajando en México y en los EEUU, como la CIA, la DEA y las instancias de seguridad nacional.

El operativo de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, le mostró al gobierno mexicano que los EEUU tiene los recursos de inteligencia, infiltración y operativos, para capturar a los grandes capos mexicanos, inclusive de una manera más ingeniosa y precisa que el operativo contra “El Mencho”, donde murieron al menos 25 militares mexicanos y cerca de 30 criminales, en números oficiales, faltan los que se vayan acumulando.

Otra fuente de Trump, para afirmar que la presidenta Claudia Sheinbaum está temerosa, son todas las conversaciones que ha tenido con ella; suficientes para hacerse de una impresión sobre la forma en que Sheinbaum trata el problema de la seguridad interna de México ante él.

¿Y EL DINERO, LA ESTRUCTURA Y LAS REDES?

Si uno ha tenido la oportunidad de viajar en los últimos cuatro años a los EEUU y a Canadá, ha podido observar en las zonas céntricas de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Vancouver o Toronto, como deambulan los “zombies”; jóvenes de ambos sexos completamente perdidos mental y físicamente por el consumo de drogas; autómatas consumidores de sustancias peligrosísimas como el fentanilo.

Cuando el Departamento de Salud de los EEUU comenzó a reportar la muerte de cerca de 100 mil personas cada año, por el consumo de la nueva droga denominada fentanilo, se encendieron las alarmas en la sociedad norteamericana, que concentra a la mayor población de adictos del mundo, y el tema pasó a la agenda política en las campañas presidenciales, capitalizado principalmente por Donald Trump, quien lo está explotando con fines de poder y aún de política exterior, no de programas que incrementen la atención del problema, a diferencia de Canadá, donde también pasó a la agenda política, pero mucho más enfocado a tratar de resolver de fondo el problema.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre el Uso de Drogas y la Salud (NSDUH), en los Estados Unidos hay entre 19.7 y 21 millones de personas adultas y mayores de 12 años que están enfrentando un trastorno por el uso de drogas diversas, entre la que destaca el fentanilo por la mortalidad que provoca en los adictos, en contraste con drogas tradicionales como la marihuana, que genera mucho menores problemas de salud.

La misma encuesta ha revelado que 8.5 millones de norteamericanos sufren de algún trastorno mental por el uso de sustancias prohibidas.

Otro dato relevante es que se estima en 740 mil millones de dólares anuales el costo por la pérdida de productividad laboral, los gastos de atención médica y los costos relacionados con el crimen.

Todos los estudios relacionados al consumo de drogas en los Estados Unidos, rompen el mito de que la drogadicción está directamente relacionada con la pobreza.

La pobreza y la marginación social puede ser un factor en cierto porcentaje de adictos, pero las causas por las cuales se cae en algún tipo de adicción son múltiples, y afectan a todos los estratos sociales, pero en grupos de edad principalmente a la gente joven.

El otro mito es que los distribuidores de drogas sean personas de escasos recursos o marginados que no tienen alternativas de empleo, algo que está manejando como un hecho probado el actual y el anterior gobierno mexicano, lo que está demostrado también como falso. 

El problema del narcotráfico es en principio un problema binacional: el mercado de estupefacientes más grande del mundo, donde del lado mexicano operan enormes organizaciones del crimen organizado como proveedores de la población adicta de los EEUU y ahora también de otros países.

Del lado norteamericano opera una gigantesca red de distribución de drogas, manejada en parte por los propios cárteles mexicanos, pero en otra parte por narcotraficantes norteamericanos, quienes controlan también un alto porcentaje de las redes de venta de drogas al menudeo; la otra parte se maneja desde México aprovechando a migrantes mexicanos y latinoamericanos en general.

Lo que no se reconoce en toda su magnitud, es que en las últimas tres décadas se ha ido formando un mercado de estupefacientes también en México, que crece de manera importante cada año, no solo en las zonas urbanas sino también en zonas rurales, aunque la mayor parte de la población mexicana vive hoy en zonas consideradas como urbanas.

Los grandes cárteles y organizaciones del crimen han tenido una expansión enorme, volviéndose cada vez más sofisticadas y complejas, bajo la consigna, que tampoco reconoce el gobierno mexicano, de extenderse a todo tipo de actividades ilícitas, con un criterio territorial, es decir de control de regiones geográficas completas del país.

Los carteles no solo buscan vender drogas a la población norteamericana. Esa es ya una visión muy simplista del problema.

Estas organizaciones, que obtienen ganancias gigantescas, se han constituido en instancias de poder económico, social y político, lo que les ha llevado a formar parte de la economía global de México con el “lavado de dinero”, pero también a la infiltración de las instituciones gubernamentales y empresariales, lo que les da una influencia cada vez más amplia y corruptora del tejido social.

Un cártel del crimen organizado, de ahí la denominación, es una estructura criminal que tiene un brazo armado, compuesto por ejércitos particulares, dotados de armamento sofisticado, pero al mismo tiempo es una estructura financiera que tiene negocios en casi todos los ramos de la economía. Son propietarios de agencias automotrices, hoteles, restaurantes, líneas de transporte, escuelas, casinos, hospitales privados, cadenas comerciales, ranchos agrícolas y ganaderos, empresas de servicios diversos, entre muchos otros giros.

El poder del dinero, la intimidación armada y las relaciones sociales que han ido creando, les lleva a la infiltración de los partidos políticos y de los gobiernos municipales, estatales y el federal.

NO HAY UNA ESTRATEGIA GLOBAL

Ante algo así, el único ente capaz de montar una estrategia contra el crimen organizado, debido a los niveles que ha alcanzado, es el estado, y a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el estado no solo se negó a desarrollar una estrategia nueva, aprendiendo de las experiencias de los gobiernos anteriores, sino que lanzó el lema de “abrazos, no balazos”, firmando de facto la “pax narca”, permitiendo la expansión de todas las organizaciones criminales, que se dedicaron a pelear territorios y a infiltrar cada vez más a los gobiernos y en general al tejido social.

Las consecuencias de estas políticas de “abrazos, no balazos” han sido hasta ahora terribles.

En los seis años del gobierno de AMLO se dieron, en cifras oficiales, 194 mil homicidios dolosos, pero las proyecciones del sexenio completo son de 206 mil 352 homicidios dolosos.

En el sexenio de Felipe Calderón, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se registraron 121 mil homicidios dolosos, mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra ascendió a 156 mil homicidios dolosos, un 32% más.

El sexenio de AMLO es, inclusive en cifras oficiales, el más sangriento en la historia moderna de México, pero las cifras son aún peores: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó que en el mismo sexenio se dieron 48 mil 289 personas desaparecidas, casi la mitad de un total de 110 mil desaparecidos que es el estimado de la Comisión Nacional de Búsqueda, contabilizando los tres gobiernos de Calderón Hinojosa, Peña Nieto y López Obrador.

En la parte final del gobierno de AMLO se dio una disminución sostenida del índice de homicidios dolosos, pero dentro de parámetros altos.

El actual gobierno de Claudia Sheinbaum, en base a los datos oficiales del 2025, ha tenido una disminución significativa del índice de homicidios dolosos, pero un incremento muy agresivo del número de personas desaparecidas, 14 mil 765 a octubre de 2025, pero habría que añadir el acumulado de los últimos cuatro meses, lo que plantea una tendencia muy preocupante. Es menos mediático matar y enterrar a los muertos que solo matarlos, lo que pone en evidencia al gobierno en turno.

LA SIMULACIÓN SUPERFICIAL

Para la magnitud del problema, que es el más delicado que enfrenta el país, no existe una estrategia global novedosa y consistente, a corto, mediano y largo plazo.

Los grandes narcotraficantes pueden ser detenidos o muertos, pero no hay operativos de gran alcance, que incluyan un desmantelamiento de las estructuras de mando y operación, por lo menos en los principales territorios que dominan. En cuestión de semanas se puede dar la renovación de los liderazgos abatidos.

Los capos van a la cárcel o a la tumba con tan solo el uniforme presidiario o la mortaja. Sus fortunas suelen quedar intactas o confiscados solo algunos negocios menores, no las enormes redes de lavado de dinero, que se contabilizan por billones de pesos, como es el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, o Joaquín “El Chapo” Guzmán, o Ismael “El Mayo” Zambada, por citar los más renombrados.

Las redes de infiltración a los gobiernos municipales, estatales y el federal se mantienen intactas, para efectos oficiales no hay “narcopolíticos”, por más evidencias y denuncias que se acumulen. Tampoco hay grandes empresarios “lavadores” de dinero, quienes siguen operando.

Ni en el caso del “huachicol”, que implica de manera directa a militares, políticos y funcionarios públicos, ha habido detenciones de alto nivel.

Es vergonzoso decirlo, pero en materia del crimen organizado Donald Trump tiene razón en sus afirmaciones sobre México, aunque tampoco tiene la solución o no la quiere implementar ni fuera ni en su propio país. El quiere resultados espectaculares sobre una sola droga: el fentanilo, pero además los quiere en el corto plazo ¿Y el problema real de los 21 millones de adictos norteamericanos, de los cuales la abrumadora mayoría no consume fentanilo? Eso es un negocio gigantesco y un problema grave de salud pública, para los cuales Donald Trump no tiene tiempo ni disposición de resolver de fondo.