Por: Rodrigo Tejeda
Se puede considerar que los años de 2023 y 2024 fueron de ensayo para el crimen organizado, que se manejó todavía con cierta mesura y se limitó a ciertas actividades, pero en 2025 han ido por todo
Para un modesto productor agrícola del valle de Villa Juárez, que forma parte del municipio de Lerdo, Durango, es desesperante que después de invertir lo poco que tiene y de trabajar en condiciones inclementes, llegue un grupo de desconocidos, empistolados e impunes, y le obligue a venderles su cosecha, al precio que ellos quieran y bajo las condiciones que quieran.
¿A quién acude el productor si sabe que las autoridades o están coludidas o no harán absolutamente nada? Denunciar judicialmente es exponer la vida, exponer a la familia y contratar los servicios de un posible abogado, si es que lo encuentra, pero no tiene con qué. Un Drama.
Ni en los años de 2009, 2008, se pudo observar de manera tan nítida como es que se da la descomposición de la seguridad pública en La Laguna, en este caso de la Laguna de Durango.
Todo ha sido paso a paso, con la complacencia de las autoridades estatales, las municipales y las federales, hasta llegar a una pérdida del control, al empoderamiento del crimen organizado y, lo que es peor, a la posible lucha por la “plaza” entre quienes se han apoderado de ella y quienes pueden venir a pelearla. Ese sería un escenario parecido al que se vivió en 2010, alguien que nadie desea que vuelva a ocurrir en La Laguna, donde se vivió un periodo de inseguridad terrible.
Tampoco había sucedido un caso progresivo en el cual se puede ver, con nitidez, cómo la mano que mece la cuna proviene de la ciudad de México, del propio partido gobernante Morena. Lo que si ya se había visto es como desde las más altas esferas ha habido hasta ahora tibieza e inclusive intención de justificar lo que está sucediendo, pidiendo que se “denuncie”, lo cual, como se dijo anteriormente, es un disparate suicida.
Desde el año pasado los organismos y cámaras empresariales han estado advirtiendo de la presencia del crimen organizado, bajo la forma disfrazada de un supuesto sindicato, que ha ido creciendo y expandiendo sus actividades, como una mancha de aceite sucio, pero el gobernador Esteban Villegas, quien en general no atiende a la región lagunera, se ha mantenido en calidad de desaparecido y, pese a los señalamientos directos, no ha hecho absolutamente nada, por lo cual la irritación y el discurso de denuncia han ido subiendo de tono.
La ahora ex alcaldesa municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera, fue abandonando sus funciones, sin interés por el estado del municipio, mucho menos por el problema de seguridad que, literalmente, se gestó durante su periodo.
No solo no hizo nada, sino que abrió las puertas de acceso al sindicato de SIDEAPA, con lo que le está creando un grave problema a su sucesora y está poniendo, literalmente, la Iglesia en manos de Lutero.
Ya no se esperaba mayor cosa del último gobierno de Leticia Herrera, quien se va de la política de mala manera, pero tampoco se esperaba que realizara semejante papel, que además involucra a algunos personajes cercanos a ella, muy cercanos.
EN 2025: POR TODO
Se puede considerar que los años de 2023 y 2024 fueron de ensayo para el crimen organizado, que se manejó todavía con cierta mesura y se limitó a ciertas actividades, pero en 2025 han ido por todo: cobro de derecho de piso, extorsión, levantones, amenazas, control de precios de mercancías, control del agua en el módulo de riego, control de tránsito.
Es como si se hubiera preparado cuidadosamente una estructura para lanzarla en 2025 ¿Dónde están los servicios de inteligencia de todas las instancias y organismos de seguridad? Si los propios afectados están enterados de casi todo, es de suponerse que esas instancias y organismos lo saben todo.
No es posible que en la carretera a Cuencamé haya un retén de criminales pidiendo cuota de paso y, a escasos cinco kilómetros, un retén de la Guardia Nacional cuidando la misma carrera ¿De qué se trata?
Los cabecillas se desplazan en La Laguna con un tumulto de guardaespaldas y no tienen el don de la invisibilidad.
A diferencia del periodo de terror que fue de 2007 a 2012, en esta ocasión los organismos y cámaras empresariales y la mayoría de los productores y comerciantes afectados han dado la cara, exigiendo públicamente a las autoridades su intervención.
También, a diferencia de aquel periodo, los cabecillas del crimen tienen rostro y lo muestran públicamente, porque se sienten respaldados desde la ciudad de México, por políticos del primer círculo del poder. Hay una evidente certeza de impunidad.
La mejor expectativa es que el Secretario de Seguridad Pública, Javier García Harfuch, quien tiene un punto de vista diferente, tome medidas para quitarle la protección política a quienes están operando en La Laguna de Durango. De no hacerlo la protesta subirá de tono, lo mismo que los señalamientos.
Para el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Coahuila el reto es mantener la línea roja en la región, que es algo muy difícil debido a lo poroso que puede ser la misma, pero se cuenta con los recursos de inteligencia y de fuerza para hacerlo. No se puede ceder un solo paso, ni a la penetración de la gente del crimen que opera en Durango, ni a posibles organizaciones que traten de arribar a la región para tratar de establecerse y pelear espacios.
Hay varios hechos que indican que la lucha de organizaciones por “la plaza” de La Laguna de Durango ya se ha iniciado, con descabezados, muertos y balaceras, algo que nunca debió de comenzar si hay avisos claros desde el año pasado.
La máxima de este proceso de descomposición es que la corrupción es la madre del crimen, especialmente cuando se conjunta la corrupción federal con la estatal y las municipales.
