Por: Álvaro González

Hugo Aguilar Ortiz, quien por decisión de AMLO será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido toda su vida profesional un abogado indigenista, pero no tiene una carrera judicial, nunca ha ocupado un solo cargo dentro del sistema de impartición de justicia; ni ministerio público, ni juez, ni magistrado, pero ahora será ministro, y ministro presidente de la SCJN

En lo que ha sido la elección más sucia y cuestionada de la historia moderna de México, se eligió supuestamente la primera mitad del nuevo poder judicial de la república, cuyo origen es la venganza y el autoritarismo oscuro de Andrés Manuel López Obrador, ejecutadas por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y “Andy” López Beltrán, el orgullo del nepotismo del caudillo de la 4T.

Y no se trata de especulaciones, ni de partidos políticos, ni de ese cuento desgastado de los tenebrosos “neoliberales” y “conservadores”, sino de hechos concretos; de evidencias que están demostradas.

Lo más importante de este esperpento de elección, que tuvo una participación nominal de apenas un 13% del electorado del país, pero tan solo un 10% si se quitan los votos nulos, lo que cuestiona severamente su legitimidad, era la elección de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y su presidente.

La elección, que no tenía ningún interés para el ciudadano común, se planeó de una manera intencionalmente deficiente, imposible. Solo la mitad de las casillas, boletas electorales complicadísimas, con un listado de nombres y números de candidatos completamente desconocidos. En lo que es una muy grave recesión democrática, los votos no fueron contados por ciudadanos sino por gente contratada por el INE, que los contabilizó bajo reserva, lo que puede prestarse a cualquier cosa.

Con bastante anticipación Morena preparó el instrumento para inducir el voto de la clientela que “acarreó” a las urnas, que fue más de un 90% del total. Fueron los llamados “acordeones”, que no eran sino el listado de los candidatos por los que se debería de votar. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, declaró que el uso de los “acordeones” no era ilegal, cuando se trata de la más descarada inducción al voto que se haya registrado en cualquier elección.

Los “acordeones” se pasaron a las boletas, no sin mucha dificultad para muchos votantes, y esto dio el resultado de la elección. Está de más decir que los “acordeones” fueron diseñados por la dirigencia de Morena, pero los principales cargos, que fueron los 9 ministros de la SCJN y lo que será el nuevo organismo disciplinario, que operará como la “santa inquisición” del “nuevo” poder judicial, pasaron por la designación de Andrés Manuel López Obrador, no por la presidenta de la república, quien ahora sí queda institucionalmente tutelada y amarrada por el caudillo, pero ella lo festeja en público, aunque tenga que tragar otro enorme sapo en su soledad de Palacio Nacional.

La línea de colocar en el “acordeón” a Hugo Aguilar Ortiz, y dar la orden para que se votara por él tiene la mano inconfundible de Andrés Manuel López Obrador. Obtuvo 5.2 millones de votos, para no dejar dudas de quién debe ser el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En sus delirios históricos, todos ellos originados en su particular interpretación de la historia del siglo XIX, tomó la idea de que un indígena mixteco de Oaxaca (habrá que ver si realmente es indígena o mestizo), Hugo Aguilar Ortiz, tome la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emulando nada menos que a Benito Juárez, indio zapoteco de Oaxaca y el más grande presidente y héroe mexicano que fue determinante en la formación de la república y de México como país libre, independiente y soberano.

Juárez fue presidente de la Suprema Corte, de la cual pasó a presidente de la república, la que le correspondía por disposición constitucional en aquel periodo.

JUÁREZ ERA UN HOMBRE DE LEYES

Benito Juárez, desde su juventud, fue un hombre de leyes, al renunciar a los estudios eclesiásticos para cursar derecho. Ya egresado trabajó como abogado postulante para un despacho de su natal Oaxaca. Fue juez civil y alternó su carrera política con su carrera judicial, pues también fue magistrado interino del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca.

Alternando, fue diputado local, diputado federal y gobernador de Oaxaca, antes de ser nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí a presidente de la república, de donde no se bajó hasta su muerte, estando en funciones, porque, siendo lo que fue en nuestra historia, tampoco se puede pasar por alto el que le gustaba el poder, o más bien le fascinaba el poder y solo la muerte lo bajó de la silla presidencial.

Hugo Aguilar Ortiz, quien por decisión de AMLO será el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido toda su vida profesional un abogado indigenista, que comenzó en su natal Oaxaca y siguió en organismos nacionales, todos ellos relacionados con el tema de los pueblos indígenas u “originarios”, como ahora se les denomina.

No tiene una carrera judicial. Nunca ha ocupado un solo cargo dentro del sistema de impartición de justicia; ni ministerio público, ni juez, ni magistrado, pero ahora será ministro, y ministro presidente de la SCJN.

Su visión del derecho está toda ella orientada hacia los derechos de los pueblos indígenas, lo que estaría muy bien, si la función de la suprema corte no estuviera orientada a toda la población del país, que es muchísimo más amplia y compleja, pero principalmente a velar por el acatamiento de la constitución, ya sea por parte de particulares como de los poderes ejecutivo y legislativo, algo que no podrá hacer, porque está subordinado políticamente al grupo en el poder.

Su idea del derecho está muy politizada, pero además sesgada por la ideología morenista y, más específicamente, de Andrés Manuel López Obrador.

Hugo Aguilar Ortiz es un indigenista, pero un indigenista subordinado a los intereses del poder.

Su llegada a la SCJN se debe enteramente a la mano de AMLO, para quien trabajó estrechamente arreglando todos los litigios de tierras propiedad de las comunidades indígenas y campesinas, con el propósito de la construcción del Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Quienes lo conocen de cerca le consideran una persona con una gran habilidad negociadora en su medio, que es el indigenista, de ahí que le resultó tan útil a López Obrador, pero de eso a ser un jurisconsulto de carrera y una eminencia en derecho, para ocupar el cargo que recibirá, hay una enorme distancia.

Por lo pronto, para ponerle un toque populista, ha declarado que no utilizara la toga tradicional que emplean los ministros. El llegará con guayabera floreada, como si la vestimenta folklórica le agregara algo a la importantísima investidura que asumirá, y para la cual no está profesionalmente capacitado, a menos que piense usar su cargo para dedicarse a resolver exclusivamente litigios indigenistas.

EL VERDADERO BENITO JUÁREZ

Gran parte de la grandeza de Benito Juárez es que, siendo un humilde pastor zapoteco analfabeto, llegó a presidente de la república, pero no cualquier presidente, sino la gran figura histórica de la transición del caos postrevolucionario de 1810, a la consolidación de la república, pasando por dos invasiones extranjeras y asistiendo a tres guerras, una civil, y dos externas, de las cuales salió victorioso.

Pero Juárez, contra la imagen distorsionada que manejan gentes como AMLO y su secta, no era un indigenista, en el sentido que hoy se da a este término. Juárez creía firmemente en la igualdad de las personas y jamás echó mano de su condición de indígena en su larguísima carrera política.

Estando en lo más turbulento del siglo XIX, no hay en ninguno de sus escritos, que son amplios, una sola referencia sobre el haber sido víctima de discriminación por su origen indígena, y esto no solo en México, sino también durante su estancia en lugares como Nueva Orleans, cuna del sur profundo norteamericano y una cuna del racismo, que entonces seguía vigente, aunque ya estuviera prohibido constitucionalmente.

Juárez no vestía con ropa tradicional indígena, y esto desde su juventud. Su atuendo más habitual era el uso de levita negra. Desde joven vistió como lo que era: un abogado.

Era muy bajito de estatura, aunque no tanto como afirman los cuentos negros, muy moreno y con la fisonomía propia de un indígena zapoteco, lo que jamás fue una limitante para su larguísima carrera política y para ejercer su autoridad, aún en condiciones extremadamente difíciles. Más bien algunos de sus enemigos le acusaban de tener la mano demasiado pesada, y sí, podía ser muy duro en sus decisiones, aun con sus colaboradores y compañeros de lucha.

Se casó con una mujer blanca, hija de su protector, Margarita Maza Parada, quien no fue su primera esposa, sino la definitiva, quien lo apoyó hasta el heroísmo en los momentos más difíciles de su vida y su carrera, madre de sus siete hijos. Era una mujer educada, refinada y de una familia rica, en cuya casa trabajó Juárez y su hermana mayor.

Para poner un ejemplo del hombre de leyes que era Benito Juárez, podemos citar un ejemplo ilustrativo, de su periodo como gobernador de Oaxaca.

En 1847, en el poblado de Juchitán, un grupo de indígenas encabezó una protesta por el control y explotación de un yacimiento de sal. Hubo mitote, que pasó a un conflicto, por lo cual Juárez tuvo que echar mano de la fuerza pública, lo que le reclamaron los indígenas y sus críticos.

En 1847 se vivían tiempos turbulentos, con facilidad cualquier pleito terminaba en violencia. La protesta fue reprimida por la milicia, con un saldo aparente de varios muertos y varias casas incendiadas.

Cuestionado por su decisión, Juárez contestó, literalmente: “No se les está atacando por ser indígenas, sino que están violando una orden judicial”. Ese era Benito Juárez, quien antes de gobernador había sido juez en la misma capital de Oaxaca. El derecho aplica para todos, parejo, y sin distinción de colores, etnias o filiaciones. El mismo que muchos años después mandaría fusilar al “emperador” Maximiliano de Habsburgo, a Miguel Miramón y a Miguel Mejía en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, sin que le temblara la mano. Estaba aplicando la ley y la ley decía que les tocaba pena de muerte, previo Consejo de Guerra. Salvo los Habsburgo, por supuesto, todo mundo consideró justa la ejecución.