Por: Eduardo Rodríguez
Para manejar al instituto se ha colocado a Octavio Romero Oropeza, quien es un ingeniero agrónomo y ya mostró, como director de Pemex, que es un ejecutivo inepto, con graves limitaciones para la dirección, pero es un amigo personal de AMLO, quien lo ha “recomendado” para el cargo
Ante la falta de recursos económicos por el severo ajuste del Presupuesto de Egresos de la Federación, debido a los errores y los excesos del gobierno de AMLO, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum está en busca de los fondos privados que maneja el estado y tiene bajo su control, para utilizarlos en programas que va a tratar de hacer pasar como públicos.
Este es el caso del Infonavit, por medio del cual, utilizando los fondos de los trabajadores, se ha anunciado la construcción de 1 millón de viviendas durante el sexenio, en lo que es una imitación del gobierno izquierdista de Ignacio Lula Da Silva, de Brasil, quien ha lanzado grandes programas de vivienda popular, pero con recursos públicos, no empleando un programa de fondos privados que administra el estado.
Para manejar al instituto se ha colocado a Octavio Romero Oropeza, quien es un ingeniero agrónomo y ya mostró, como director de Pemex, que es un ejecutivo inepto, con graves limitaciones para la dirección, pero es un amigo personal de AMLO, quien lo ha “recomendado” para el cargo; forma parte de la colonización de la secta de la 4T sobre el gobierno tutelado de Claudia Sheinbaum.
Romero Oropeza no sabe de finanzas, no sabe nada del negocio de la construcción y es un desastre como administrador, pero ahora tiene la encomienda de manejar el Infonavit y todos sus fondos para volver, después de una ineficiencia demostrada, a convertir el Infonavit en una gigantesca empresa constructora de vivienda.
Claudia Sheinbaum lo apoya porque se lo impuso AMLO, pero también porque no hay dinero para lanzar grandes proyectos y, además, ella cree en el estado como el gran ogro filantrópico, que debe meter mano en todos los asuntos posibles que tienen que ver con los servicios y bienes básicos de la población, en este caso proporcionar vivienda a los trabajadores.
El Infonavit, que es la principal financiera de vivienda del país, porque esa es su función al ser el concentrador de los ahorros de los mismos trabajadores, ya ha incursionado en el pasado como empresa constructora y ha sido un fracaso, lo que le obligó a retirarse, para asumir la función de financiera de crédito hipotecario, donde enfrenta varios problemas endémicos que deberían de ser resueltos y no han sido abordados por el primer gobierno morenista y, todo indica, tampoco hay disposición de abordarlos a fondo en este nuevo gobierno.
Hay millones de viviendas que se encuentran abandonadas o invadidas, después de que los titulares de los créditos las dejaran de pagar y las abandonaran.
Está también el problema de los trabajadores que siguen teniendo las viviendas, pero hace mucho tiempo que las dejaron de pagar, lo que es otro gran problema.
De inicio el Infonavit debería de buscar la eficiencia como financiera. Actualmente el índice de morosidad de cartera vencida es de 19% en el balance y 12% fuera de balance, lo que significa 1 millón 402 mil créditos que no se pagan, comparado con el índice del 5% de otras hipotecarias.
Del 2019 a la fecha ha disminuido el número de créditos colocados en los sectores más pobres de la población; un bajo rendimiento de las subcuentas de vivienda; una baja capacidad de la atención a derechohabientes y acreditados, fallas en la gestión operativa del instituto y obsolescencia de sistemas y aplicaciones tecnológicas.
Para iniciar con responsabilidad, parece indispensable realizar un censo riguroso de casas abandonadas, invadidas y de la morosidad en los pagos, lo que involucra millones de casos a nivel nacional, para lanzar programas novedosos de regularización y colocación de esas viviendas.
¡HICIMOS UN MILLÓN DE VIVIENDAS!
Lejos de iniciar con un saneamiento, Romero Oropeza, que dejó en la ruina a Pemex, se dispone ya a implementar las indicaciones de la presidenta para construir 1 millón de viviendas que serán para la venta, pero también para el arrendamiento, en lo que es un esquema sumamente discutible.
Con los niveles de opacidad y deliberado ocultamiento de información que hay ahora, una gigantesca empresa de construcción se puede convertir en el paraíso de la corrupción, pues lo que siempre ha sobrado en el Infonavit es precisamente corrupción.
La mitad de las viviendas serán construidas por parte del instituto con un presupuesto de 288 mil millones de pesos; las restantes estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda con una inversión de 285 mil millones de pesos y otros 15 mil millones para 300,000 remodelaciones.
Surge así un conflicto de intereses, pues el Infonavit será, al mismo tiempo administrador de los fondos de los trabajadores y constructor de las viviendas, por lo que se pierde la capacidad del trabajador de poder escoger la vivienda que mejor le convenga por su ubicación y características, de acuerdo a una oferta libre de mercado, como se venía realizando, tomando en cuenta que ya existe dentro del Infonavit todo un “coyotaje” que trata de beneficiar a ciertas empresas constructoras, pero ahora quedarán desplazadas alrededor de 7 mil empresas privadas, lo que es un muy fuerte golpe al sector de la construcción en el país.
EL AGANDALLE DEL ESTADO
El Infonavit es un organismo tripartita, con la participación, a partes iguales, del estado, los empresarios y los trabajadores, tanto en su consejo como en su administración, pero la reciente reforma legislativa que se está haciendo, así como en la toma de decisiones, no se está consensuando con el sector empresarial ni con el de los trabajadores, inclusive se ha decidido eliminar las dirección de estos dos sectores, para darle un papel de control al estado.
Lo del programa de construir 1 millón de viviendas es una decisión que tomó, incluso antes de la reforma propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, sin consenso alguno. Los empresarios se oponen, y los organismos de los trabajadores también, pero se les está tratando de imponer autoritariamente la decisión presidencial, con voz engañosamente suave, pero finalmente autoritaria.
Si el proyecto de convertir al Infonavit en constructora es muy discutible, el de construir vivienda para manejarla en un esquema de arrendamiento lo es mucho más. Este esquema de arrendamiento puede tener serios problemas de viabilidad y se estarían gastando los recursos de los trabajadores.
De concretarse, como todo lo indica, el gobierno de Sheinbaum estará dando un paso autoritario más, tomando un fondo nacional que no le pertenece al estado, pues es un fondo privado propiedad de los trabajadores.
