Por: Alejo Sánchez Cano/La redacción

El diputado Jericó Abramo Masso ha impulsado una iniciativa que busca frenar los abusos de las aseguradoras y poner orden en la relación —frecuentemente discrecional— entre estas y los hospitales privados.

El negocio de los seguros de gastos médicos mayores en México ha dejado de ser, para miles de familias, un instrumento de protección de la salud y financiera para convertirse en una fuente constante de frustración y quiebra económica.

En los últimos años, el costo de las pólizas se ha disparado —en muchos casos, duplicándose— sin que ello se traduzca en mejores coberturas o en una atención más eficiente.

Por el contrario, el usuario enfrenta hoy un sistema opaco, plagado de “letra chiquita” y prácticas que, en los hechos, terminan por vaciar de contenido la promesa de respaldo en momentos críticos.

En este contexto, en la Cámara de Diputados comienza a tomar forma una respuesta legislativa. El diputado Jericó Abramo Masso ha impulsado una iniciativa que busca frenar los abusos de las aseguradoras y poner orden en la relación —frecuentemente discrecional— entre estas y los hospitales privados.

Esta misma semana, tal vez hoy, el dictamen podría ser analizado y eventualmente avalado en la Comisión de Hacienda, lo que marcaría el primer paso hacia una regulación más estricta de un sector que ha operado con amplios márgenes de opacidad.

El problema de fondo es evidente: mientras las primas aumentan de manera sostenida, las condiciones para hacer válido el seguro se vuelven cada vez más restrictivas. Exclusiones, deducibles elevados, periodos de espera y cláusulas ambiguas son parte del menú cotidiano que enfrentan los asegurados.

No son pocos los casos en los que, tras años de pagar pólizas costosas, los usuarios descubren —justo en el momento de necesitar el servicio— que su padecimiento no está cubierto o que el monto a desembolsar de su bolsillo resulta prácticamente prohibitivo.

Este fenómeno ha generado un creciente malestar social, particularmente entre sectores de clase media que ven en estos seguros una inversión necesaria para evitar el colapso financiero ante una emergencia médica.

La percepción de abuso no es gratuita: responde a una combinación de incrementos desproporcionados en las primas, entre ellos por traslado del IVA, y a la falta de transparencia en la prestación de los servicios.

A ello se suma un factor clave: la estrecha —y muchas veces poco regulada— relación entre aseguradoras y hospitales privados. En no pocas ocasiones, los costos hospitalarios alcanzan niveles exorbitantes, muy por encima de estándares internacionales comparables.

Habitaciones, insumos, honorarios médicos y procedimientos son facturados a precios que, sin un seguro, resultarían simplemente inaccesibles para la mayoría de la población.

El resultado es un círculo vicioso: hospitales que encarecen sus servicios, aseguradoras que trasladan esos costos a los usuarios mediante primas más altas y asegurados que, pese a pagar más, reciben menos cobertura efectiva. Un modelo que, lejos de proteger, termina por excluir.

Desde una perspectiva de política pública, el tema trasciende el ámbito privado. Fortalecer y hacer más accesible el seguro de gastos médicos mayores no solo beneficia a quienes pueden pagarlo; también tiene un efecto directo sobre el sistema de salud público.

En la medida en que más personas recurran a servicios privados, se reduce la presión sobre hospitales públicos que hoy operan al límite de su capacidad.

Aquí es donde la discusión adquiere una dimensión social y política para el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Si bien el discurso oficial ha privilegiado el fortalecimiento del sistema público de salud, la realidad muestra que este no es suficiente para atender la demanda creciente.

Ignorar el papel del sector privado —y, en particular, de los seguros médicos— sería cerrar los ojos a una parte fundamental del problema.

La iniciativa que se discute en San Lázaro apunta, precisamente, a corregir distorsiones. Entre los cambios que se contemplan están mayores obligaciones de transparencia para las aseguradoras, la estandarización de contratos para evitar cláusulas abusivas y mecanismos de regulación sobre los costos hospitalarios.

Se trata, en esencia, de equilibrar la relación entre empresas y usuarios en un mercado donde la asimetría de información ha jugado históricamente en contra del consumidor.

En el terreno político, la iniciativa también pondrá a prueba la capacidad de consenso en la Cámara de Diputados. Aunque el tema genera simpatías transversales —pocos legisladores se atreverían a defender abiertamente a las aseguradoras en este contexto—, no faltarán resistencias del oficialismo.

Desde San Lázaro, la señal es clara: el tema ha llegado a la agenda legislativa y difícilmente saldrá de ella sin algún tipo de ajuste. Falta ver si la voluntad política de la presidenta Sheinbaum alcanza para transformar un sistema que, hasta ahora, ha privilegiado el negocio por encima de la protección.

Porque en materia de salud, la letra chiquita puede ocasionar una sangría en el sistema de salud del país.

ELIMINAR A LOS ADULTOS MAYORES/LA REDACCIÓN 

Si en términos generales la asimetría a jugado a favor de las aseguradoras y de los hospitales privados, en el caso de los adultos mayores las políticas que están aplicando las aseguradoras con respecto a sus clientes son sencillamente escandalosas y tienen un especial interés público para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que finca gran parte de su política asistencial, y del gasto correspondiente, en proporcionar ayuda a los adultos mayores.

En materia de salud, y esto en base a estadísticas concretas del sector público (IMSS-ISSSTE) y del sector privado, a partir de los sesenta años las personas aumentan notoriamente las posibilidades de sufrir algún tipo de enfermedad, lo que los convierte en el sector de la población más costoso para el sistema público de salud.

Pero los actuarios de las aseguradoras tienen también las estadísticas de incidencia, lo que lleva a todas las empresas de seguros que venden seguros de gastos médicos mayores, a aplicar políticas discrecionales de aumento de costos que, en justicia, deberían de estar prohibidas.

Si una persona ha estado asegurada desde, digamos, los 30 años, lo que significa que ha pagado millones de pesos a la aseguradora, cuando cumple los 60 años, independientemente de su historial clínico, el costo de las pólizas comienza a incrementarse hasta en un 25% o más anual, sin previo aviso, lo que genera un serio daño patrimonial a las familias, que tratan de mantener su aseguranza, cuando es más probable que la necesiten.

Pero a partir de los 65 años, justo la edad de la jubilación del asegurado, cuando disminuyen sus ingresos, los incrementos anuales de los costos de las pólizas son mucho mayores, sin previo aviso y sin que haya ninguna explicación objetiva al respecto.

Entrevistados bajo presión con la presencia de los afectados, los agentes de seguros reconocen abiertamente que ésta es una política general de todas las aseguradoras, por un criterio crudo de negocios: de los 30 a los 60 años el cliente promedio genera utilidades, con las excepciones, que no hacen la diferencia, pero de los 60 a los 80 años los cálculos actuariales indican que la aseguradora tendrá que pagar una parte de las utilidades que ha obtenido anteriormente, por lo cual el negocio es deshacerse de la población más vieja.

No hay ningún sentido social, los seguros de gastos médicos son manejados en base al costo-beneficio, sin contemplaciones.

La mayoría de las personas que tienen un seguro de gastos médicos mayores pertenecen a familias de la clase media, quienes se están viendo obligados a cancelar sus pólizas, pues cambiarse de aseguradora no es alternativa, ya que la política es semejante en todas las aseguradoras, por lo que tienen que inscribirse al sistema de salud pública, en lo que es una carga económica muy importante para este.

Ante las iniciativas de ley que están por debatirse en la Cámara de Diputados y Senadores, las empresas aseguradoras van a cabildear por sus intereses, lo mismo que las grandes empresas hospitalarias privadas. Tienen recursos sobrados para ello, y el partido oficialista, por su mayoría calificada, puede oponer resistencia a cambiar las injustas condiciones actuales, pero de ser así estarían defendiendo los intereses desmedidos de las empresas aseguradoras y hospitalarias privadas, algo que va en contra de la ideología de izquierdas que se supone sostienen, lo que les pondría en evidencia.

Llama la atención que los medios masivos de comunicación hayan hecho tan poco eco a la situación que priva entre las aseguradoras y los hospitales privados, cuando los perjudicados son personas de clase media, que es una clientela esencial para que estos medios sigan existiendo, ante el avance vertiginoso de las redes sociales. 

Hasta ahora el gran capital ha impuesto sus intereses, habrá que ver si el gobierno de Claudia Sheinbaum se atreve a tocarlos.

Hay poderosos intereses del capital norteamericano en aseguradoras como Monterrey New York Life; intereses franceses igual de poderosos en AXA, como también los intereses de algunos de los capitales privados más poderosos de México, que es el caso de GNP, propiedad del Grupo BAL, o los intereses del Grupo Carso de Carlos Slim.

En los hospitales privados hay también grandes intereses de capitales como los de la familia de Olegario Vázquez, propietaria del Grupo Ángeles, y de un conglomerado multimedia en medios de comunicación, por citar solo un ejemplo.

Al cierre de esta edición, el diputado Jericó Abramo Masso publicó a través de las redes sociales, que la votación programada de la Comisión de Hacienda el 28 de abril, para la avalar la iniciativa, fue suspendida y aplazada, sin que existiera justificación alguna, comentando que el hecho se debe a las presiones que se esperaban de las aseguradoras y empresas hospitalarias, que se oponen abiertamente a los cambios.

Es una mala señal que estaría involucrando directamente a gentes como Ricardo Monreal, quien maneja la fracción morenista en la Cámara de Diputados, pero el asunto es un problema social grave que se le puede revertir al partido gobernante, y a la propia Claudia Sheinbaum, si no se hace algo para destrabar la iniciativa y llevarla a la discusión del pleno.

¿Cómo presionan y cabildean principalmente las poderosas empresas privadas en el poder legislativo? Con dinero y relaciones al más alto nivel.