Agencias/ La redacción
Los reportes de agencias estadounidenses como la FinCEN, el FBI y el Departamento del Tesoro, junto con evaluaciones mexicanas como la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera, coinciden en un punto: la economía formal se ha convertido en un espacio clave para el lavado de dinero.
La expansión del crimen organizado en México hace décadas que ya no se limita al narcotráfico. Informes de autoridades de México y Estados Unidos documentan cómo estas estructuras han penetrado sectores legales de la economía mediante empresas fachada, fraudes, extorsiones y esquemas financieros sofisticados, con el objetivo de ocultar ganancias ilícitas y financiar sus operaciones.
Los reportes de agencias estadounidenses como la FinCEN, el FBI y el Departamento del Tesoro, junto con evaluaciones mexicanas como la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 de la Unidad de Inteligencia Financiera, coinciden en un punto: la economía formal se ha convertido en un espacio clave para el lavado de dinero.
Por su naturaleza misma, no existe un estimado de cuanto de la economía de país representa el dinero proveniente del narcotráfico, pero las agencias especializadas estiman que hay sectores, como el turístico, donde la participación del lavado de dinero representa un porcentaje muy alto de todo el sector, pero la presencia del dinero negro se ha venido diversificando cada vez más.
En regiones como La Laguna, se puede apreciar su presencia en el sector hotelero, la agroindustria, la construcción, el sector restaurantero, la venta de automóviles, el negocio del juego, los bienes y raíces e inclusive el entretenimiento, además de la venta de hidrocarburos.
Petróleo y gas
A partir del gobierno de AMLO, el sector energético se convirtió en uno de los principales focos de infiltración. Las organizaciones criminales roban combustible a Pemex mediante perforaciones ilegales, robo en refinerías y secuestro de pipas.
Las alertas de FinCEN señalan que este hidrocarburo es exportado a Estados Unidos a través de empresas fachada, oculto en documentos aduanales como “aceite usado” o materiales peligrosos. Una vez cruzada la frontera, el producto se comercializa en el mercado internacional y las ganancias regresan a México.
Otra gran parte del “huachicoleo” fiscal y no fiscal, se comercializa a través de empresas fachada y directamente a las cadenas de expendedores, una parte de las cuales son propiedad de los mismos capos y otras son clientes, que compran mucho más barato y vendes las gasolinas a los precios oficiales.
Hay carteles, como el de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que viven principalmente del “huachicoleo” que realizaban en la red de ductos de PEMEX, con la colaboración de empleados y funcionarios de la misma paraestatal, en un problema de enormes proporciones que hasta la fecha no han podido resolver los gobiernos de la 4T.
Sector inmobiliario
El mercado de bienes raíces aparece como una de las principales plataformas para lavar dinero. Reportes del Departamento del Tesoro indican que decenas de empresas sancionadas por vínculos con el crimen pertenecen a este sector.
Las organizaciones utilizan desarrollos inmobiliarios, constructoras y proyectos de ingeniería civil para mover grandes cantidades de dinero y dar apariencia legal a recursos ilícitos. En estos esquemas participan empresas registradas formalmente que operan como fachada.
La presencia del crimen organizado está en la mayoría de las ciudades de mediano desarrollo y ciudades grandes de acelerado crecimiento, donde se registra un crecimiento agresivo de la oferta de vivienda privada y desarrollos de venta de lotes, tanto para el mercado de bajos ingresos como complejos de lujo, para sectores de clase media alta y alta.
Hay empresas que operan por regiones, abarcando varios estados, lo que facilita encubrir las operaciones financieras que se realizan, que incluyen las adquisiciones de grandes extensiones de suelo urbano, el equipamiento y lo que es propiamente la construcción de vivienda.
Los organismos y cámaras de la industria de la construcción poseen información privilegiada del sector, pero nadie quiere tener problemas y si en cambio hacer negocios, no importa la procedencia del dinero.
Fraudes de tiempos compartidos
El fraude inmobiliario también se extiende a los tiempos compartidos. Autoridades estadounidenses documentan operaciones dirigidas principalmente a ciudadanos de ese país, en especial adultos mayores.
Estas redes operan mediante centros de llamadas que simulan ser despachos legales o instituciones oficiales. Entre 2019 y 2023, este esquema generó pérdidas cercanas a 300 millones de dólares y afectó a más de 6 mil víctimas, según los reportes.
Per hay mucho más. El negocio de los llamados tiempos compartidos, que en teoría ha financiado la creación de complejos hoteleros de lujo, nació de la mano del crimen organizado en ciudades como Puerto Vallarta, Jalisco, donde luego el modelo de negocios fue tomado por la mayor parte de las empresas hoteleras.
A través del tiempo compartido, donde el cliente adquiere una membrecía de por vida para hospedarse a precios preferenciales, se ha venido inyectando mucho dinero para el desarrollo de complejos hoteleros, con venta tanto a clientes nacionales como extranjeros.
Los destinos principales del tiempo compartido son Puerto Vallarta, Cancún, Cozumel, Isla de Mujeres, Mazatlán, Los Cabos y a últimas fechas Puerto Peñasco, en Sonora.
Esto en México, porque el negocio se extiende a muchos otros países, entre los que destaca todo el Caribe, los EEUU y España.
Comercio exterior
El comercio internacional es utilizado como mecanismo para ocultar dinero ilícito mediante el llamado lavado basado en el comercio.
Los informes detallan que organizaciones mexicanas trabajan con intermediarios asiáticos para mezclar recursos ilegales con operaciones comerciales legítimas. A través de manipulación de facturas, aduanas y transacciones internacionales, logran mover grandes volúmenes de dinero sin ser detectados.
Hace ya por lo menos dos décadas que los principales puertos y aduanas del país están infiltrados por el crimen organizado. Lo que permite trabajar a gran escala el contrabando, que luego es vendido en comercios donde se lavar el dinero.
La ciudad de México es el principal centro de venta de mercancías extranjeras de procedencia asiática e ilegal, que se venden al mayoreo en sectores como La Lagunilla y el centro histórico de la capital, en derredor del propio palacio nacional, sede del poder central del país.
Hay cárteles, como el de Tepito y sus derivaciones, que controlan todo el flujo de mercancía asiática de contrabando, principalmente ropa, pero también muchos otros tipos de productos denominados “pirata”, por ser imitaciones de conocidas marcas comerciales,
Nada puede ocurrir en grandes sectores comerciales de la ciudad de México si no es bajo el control del crimen organizado, en lo que se ha convertido en un problema crónico, pues de los centros de distribución de la ciudad de México se surten muchos, miles, de comerciantes del resto del país.
Sector agropecuario
La agricultura se ha convertido en otra fuente de ingresos. Los reportes señalan control sobre productos estratégicos como aguacate, limón y ganado.
Pareciera no ser tan relevante, pero estados como Michoacán ocupan el primer lugar a nivel nacional en exportación de productos agrícolas, entre los que destaca el aguacate, que en 2024 alcanzó una producción de 3 millones de toneladas y exportaciones por 3,787 millones de dólares.
Como todo en Michoacán y parte de Jalisco, todo el sector agropecuario está asediado por los cárteles del narcotráfico, a través del cobro de derecho de piso, la extorsión y, en no pocos casos, la participación directa en las operaciones comerciales de comercio exterior.
Ante la incapacidad gubernamental y muchas veces con la complicidad de estas, el crimen organizado establece un dominio mediante cobro de piso, secuestros y manipulación de precios, afectando directamente la producción, exportación y seguridad alimentaria. Las pérdidas económicas asociadas a estas prácticas se estiman en miles de millones de dólares anuales.
Restaurantes, bares y supermercados
Los informes también documentan el uso de restaurantes, bares y supermercados como tapaderas para operaciones criminales. En estos giros, las organizaciones encuentran negocios con movimiento constante de dinero y operaciones cotidianas que les permiten mezclar recursos ilícitos con ingresos aparentemente legales.
Las fuentes señalan que la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha preferido utilizar este tipo de establecimientos como cobertura para sus actividades. Se trata de sectores que, por su operación diaria y su contacto directo con efectivo, resultan funcionales para ocultar ganancias y sostener estructuras financieras ilícitas.
Tequileras, joyerías, despachos y ganadería
Los reportes también ubican otros sectores utilizados como fachada, entre ellos marcas de tequila, joyerías, despachos y negocios ganaderos. En estos casos, las organizaciones no solo abren una empresa aislada, sino que construyen redes empresariales completas bajo nombres de terceros.
Las investigaciones citadas refieren que el reciente fallecido líder del CJNG, Nemesio Oseguera, consolidó una red de 58 empresas fachada que involucraban justamente este tipo de giros. Estas estructuras permitieron blanquear miles de millones de pesos bajo el amparo de prestanombres y sociedades formalmente constituidas.
Vulnerabilidades del sistema mexicano
La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 identifica factores que facilitan estas operaciones. El uso predominante de efectivo, la economía informal —que emplea a más del 54 por ciento de la población— y los niveles de corrupción generan condiciones propicias para el lavado de dinero.
A esto se suman prácticas como el uso de prestanombres, empresas fantasmas y cuentas intermediarias que dificultan identificar al beneficiario real de los recursos.
Nuevas amenazas
El informe también advierte sobre riesgos emergentes. Las criptomonedas permiten transacciones con alto grado de anonimato y los ataques de ransomware han crecido de forma acelerada, convirtiéndose en nuevas vías para la extorsión y el blanqueo de capitales.
