Por: Gerardo Lozano

Los gobernadores pueden afrontar la presencia de las organizaciones y cárteles del crimen organizado, pero ¿para qué meterse en problemas si pueden dedicarse al disimulo y a poner la responsabilidad en manos del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública federal?

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador panista de Guanajuato de 2018 a 2024, vive hoy con su familia en una lujosa zona residencial del norte de Houston, Texas, denominada The Woodlands, en una residencia valuada en 20 millones de pesos, la cual está a nombre de una empresa norteamericana de servicios de seguridad, a la cual otorgó contratos por miles de millones de pesos durante su mandato, para la compra de equipos y sistemas de seguridad, los cuales nunca funcionaron.

Al dejar el poder Diego Sinhue, Guanajuato, uno de los estados más prósperos y emblemáticos del país, estaba considerado el más violento de México, con el índice más alto de homicidios dolosos.

Guanajuato se convirtió en un paraíso para el ‘huachicoleo’ y en el territorio del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima, con cabecera en el pequeño municipio de Villagrán.

El que era un estado de paz y de progreso se vio azotado por masacres y ejecuciones, que se volvieron parte del paisaje cotidiano.

¿Diego Sinhue no podía o no quería atacar frontalmente al crimen, en este estado que es el más panista de México? Los hechos muestran ahora que no quería asumir los costos y, a juzgar por su vida actual, donde dice estar dedicado ‘a sus negocios’, se puede presumir de cobardía y de negligencia. Hoy tiene apenas 44 años de edad; cuando asumió la gubernatura tenía sólo 38 años de edad.

Según ha declarado, vive en los Estados Unidos para que ‘sus hijos estudien inglés’.

COMODIDAD, CORRUPCIÓN, COBARDÍA

Quirino Ordaz Coopel es miembro de una conocida familia de empresarios hoteleros de Mazatlán. Heredó, pero en su largo paso por la política, siempre afiliado al PRI, amasó una importante fortuna, que le ha convertido en socio de al menos tres hoteles en el puerto y, de acuerdo a su última declaración patrimonial conocida, posee al menos un total de 12 empresas, la mayoría de ellas vinculadas al ramo turístico.

Fue el último gobernador priista de Sinaloa y su periodo se caracterizó, como los anteriores, por mantener la “pax narca” con el Cártel de Sinaloa, que alcanzó su máxima expansión durante el periodo de Quirino Ordaz, quien concluyó en 2021. En ese periodo se inicia el tráfico de fentanilo, entre otras cosas.

Como gobernador, Quirino Ordaz dejó el estado en manos del narco y él se dedicó a hacer negocios en Mazatlán, además de grandes corruptelas con la obra pública, entre ellas el haber entregado en comodato el nuevo Acuario del Mar de Cortés, que costó miles de millones de pesos, a su primo: Ernesto ‘Neto’ Coopel, propietario de la cadena de hoteles de lujo Pueblo Bonito, entre muchas otras trapacerías.

En 2021 Andrés Manuel López Obrador le propuso ceder el estado a Morena, a cambio de otorgarle la embajada en España y de cubrir toda su corrupción. Con el cinismo que le ha caracterizado lo aceptó de buen modo, pues su cuñado es el CEO de sus negocios y España es un buen lugar para promover sus empresas turísticas.

En el tiempo que lleva en el cargo ha fundado ya dos nuevas empresas en España, y sigue siendo un protegido de la 4T, ahora de Claudia Sheinbaum, quien lo ha ratificado en el cargo.

TAMBIÉN EN DURANGO

El prototipo de la negligencia y la comodidad ante el crimen organizado lo encarna bastante bien el gobernador de Durango, Esteban Villegas, quien gobierna sobre un territorio controlado en gran parte por el Cártel de Sinaloa.

Es una versión más de la “pax narca”, donde todo el aparato de seguridad estatal y de los municipios voltean hacia otro lado mientras el crimen organizado opera libremente.

Después de muchos años de esfuerzos, de inversión en seguridad pública y de afrontar los riesgos de combatir al crimen organizado por parte de los gobiernos de Coahuila, Esteban Villegas dejó como territorio libre la comarca lagunera de Durango, manteniendo al margen a la procuraduría estatal, y dejando manos libres a Juana Leticia Herrera Ale en el municipio de Gómez Palacio.

El crimen, escudado en esta ocasión por la organización sindical CATEM, de filiación morenista, comenzó a hacer lo que le vino en gana, hasta que la extorsión, el cobro de piso y otros delitos alcanzaron a los grandes productores agropecuarios y a las agroempresas, quienes denunciaron, a través de los organismos empresariales, una y otra vez, sin que siquiera se les escuchara, hasta que recurrieron a Omar Garcia Harfuch, Secretario de Seguridad Nacional, quien recogiendo toda la evidencia, además de las exigencias del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, organizó un megaoperativo.

Se detuvo a toda la célula criminal que estaba infiltrada y operaba en sociedad con la CATEM, o se podría decir que era parte de la misma CATEM. En el operativo el edificio y las instalaciones y el personal de la sede de la fiscalía del estado de Durango en La Laguna, fue acordonada y neutralizada, lo mismo que la misma fiscalía en la ciudad de Durango, para poder llevar a cabo las detenciones y los objetivos del operativo.

Esteban Villegas se mantuvo completamente al margen, lo mismo que los gobiernos municipales de Gómez Palacio y Lerdo, cuyas policías dejaban hacer a los criminales, que extorsionaban ya hasta un nivel de los pequeños productores agrícolas, a quienes confiscaban su producción para pagárselas a como les daba su gana, y cuando les daba su gana.

Por órdenes superiores, Omar García Harfuch no tocó a la CATEM, ‘la CTM de Morena’, pero sí hubo  advertencias sobre sus nexos con el crimen organizado, lo cual se ha vuelto norma en los gobiernos de la 4T.

ASUMIR LOS RIESGOS

Como lo demuestra el caso de Coahuila, un gobierno estatal puede organizarse para limpiar su entidad de la presencia de las organizaciones y cárteles del crimen organizado, utilizando todos sus recursos a nivel estatal, en coordinación con las municipales, bajo un modelo de mando único con el ejército, la marina armada, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Esto significa que el gobernador, los presidentes municipales, los mandos policiacos y sus familias deben enfrentar un riesgo, que implica peligros fuertes e incomodidades, por tener que vivir bajo un aparato permanente de seguridad.

En Coahuila los exgobernadores tienen derecho a seguir manteniendo protección por parte del estado, por el periodo de tiempo que se considere necesario, debido a los riesgos que corren de ser víctimas de una vendetta, como venganza de las poderosas organizaciones del crimen.

El propio Omar García Harfuch salvó prodigiosamente la vida, pero fue herido de gravedad, al ser víctima de un atentado en su contra en plena zona céntrica de la ciudad de México.

El exgobernador de Jalisco por el MC, Enrique Alfaro, se fue a radicar a la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, con el argumento de estar estudiando para ser entrenador de fútbol, pero con el propósito más real de poner distancia con su residencia en Jalisco, para dejar que pase un tiempo razonable, y eso considerando que Enrique Alfaro no atacó, ni a distancia, el crimen organizado en su mandato, pero tampoco aceptó ciertos compromisos, algo que sí hacen gran parte de los gobernadores, sobre todo aquellos donde la presencia de las organizaciones delictivas es muy importante, como puede ser el caso de Michoacán, de Guerrero, de Nayarit o de Baja California Norte, por citar solo algunos de los casos, sin pasar por alto Tamaulipas.

Algunos de estos estados están considerados, para efectos de seguridad, como ‘narcoestados’.

Los gobernadores pueden, pero es mucho más cómoda la negligencia, la corrupción y la cobardía, ¿Para qué meterse en problemas si pueden dedicarse al disimulo y a poner la responsabilidad en manos del ejército, de la marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública federal?

Existen inclusive muchas disposiciones de carácter legal que son obsoletas, relacionadas con el tráfico y transporte de drogas, o el narcomenudeo.

En el caso del narcomenudeo, sólo las policías municipales, debidamente entrenadas, pueden realizar una labor eficaz, porque son las que conocen, palmo a palmo, el territorio de las ciudades; sus barrios y colonias, pero muchos prefieren voltear hacia otra parte y cobrar la cuota de corrupción a los ‘puchadores’.