Por: Eduardo Rodríguez 

El estado está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos, pero por lo mismo está obligado a combatir al crimen, con todos los recursos legítimos que están a su alcance, que son muchos, por supuesto incluido el uso de la fuerza, fincada, se entiende, en los servicios de inteligencia.

En Culiacán hay ahora concentrados 4 mil elementos de las fuerzas federales, más las fuerzas de seguridad estatales y las municipales, pero la sangrienta lucha entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” se libra en las calles de la capital de Sinaloa, en los pueblos, los ranchos y las carreteras. 

Van decenas de ejecutados, otro tanto de secuestrados, con ejecuciones sumarias en algunos casos. Si las fuerzas militares o de la Guardia Civil intervienen, los narcos, de ambos bandos, comienzan una escalada de terror, mediante quema de vehículos en vialidades estratégicas, balaceras, bloqueo de carreteras como la Culiacán-Mazatlán o la Durango Mazatlán, dejan cuerpos ejecutados, algunos de ellos decapitados en la vía pública y amenazan, directamente al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien luce espantado, temeroso por su vida y la de sus familiares.

Esto provoca la suspensión de clases en las escuelas de todos los niveles; la suspensión de viajes por las carreteras del estado, sobre todo en las tardes y noches, y la cancelación de al menos el 50% de las reservaciones de hotel en el destino turístico de Mazatlán. Hasta salir por la compra de despensa se tiene que hacer temprano y con miedo por parte de los habitantes de Culiacán, temerosos de verse en medio de una balacera.

Ante esta estrategia de terror, el comandante de la tercera zona militar, con cabecera en Culiacán, general Francisco Jesús Leana Ojeda, declaró que el problema no era de los militares sino de los dos grupos antagónicos de narcotraficantes; de ellos dependía el parar la violencia.

El general no dijo nada nuevo, solo puso en palabras lo que ha sido la política del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el problema de la seguridad; el famoso “abrazos no balazos”, que traducido a las órdenes superiores a los militares, consiste en evitar el utilizar la fuerza legítima del estado contra el narco, lo que no ha hecho sino empoderarlos y convertirlos en un poder paralelo al estado.

La primera detención de Ovidio Guzmán fue una humillación para el propio ejército. Los llamados “Chapitos” desataron una operación de terror, que incluyó la amenaza a las familias de los propios militares, la cual terminó cuando dejaron en libertad al joven capo por órdenes del propio AMLO, en lo que ha sido denominado como “el culiacanazo”. Nunca había ocurrido algo semejante en la lucha contra el narcotráfico.

Ahora, cada que el Ejército amaga con utilizar su verdadera capacidad de fuerza para ir en contra de los comandos del narco, los capos amenazan con desatar no un “culiacanazo”, sino un terror que se puede extender a todo el estado de Sinaloa y, por lo menos, a los vecinos estados de Nayarit y Durango, como ya lo han hecho en estos días.

La población en general manifiesta que el gobernador Rubén Rocha es incapaz de hacer algo por la seguridad, y muchos opinan que está comprometido y tiene nexos con al menos una de las facciones en conflicto. La idea, también generalizada, es que los capos tienen el control de las policías municipales y de la estatal. Hay una sensación de vulnerabilidad, de que están completamente desprotegidos. 

Por décadas la población de Sinaloa ha convivido con la gente del narcotráfico, toda ella del Cártel de Sinaloa, y por lo mismo sabe quién está metido en el negocio de la droga, pero los capos del narco que formaban la vieja generación, a la que pertenece Ismael “El Mayo” Zambada, se manejaban inclusive como benefactores de gente pobre en ranchos y pueblos, donde los beneficiados se sentían comprometidos a guardar silencio e inclusive a protegerlos.

En lugares como Mazatlán, se puede escuchar a los taxistas afirman que es mejor “pagarle la cuota a los chapitos que pagarle impuestos al pinche gobierno”.

Gracias a esa política “benefactora” “El Mayo” Zambada pudo evadir a las fuerzas de seguridad, incluido los norteamericanos, por medio siglo.

Pero desde hace ya al menos una década, la nueva generación de narcos: jóvenes, multimillonarios, extremadamente violentos y ostentosos, se pasean por las calles de Culiacán con descaro, a bordo de autos deportivos europeos de lujo y protegidos por sicarios que usan armamento y tecnología de última generación.

La gente de bien, que es la mayoría de la población, se dedica a sus actividades, a su vida cotidiana y a sus fiestas, porque en Sinaloa la gente es de mucha fiesta, consciente de la presencia de los narcos, pero sin meterse en sus actividades. El que se mete lo hace con pleno conocimiento de causa, no por necesidad sino por ambición.

Pero no hay que engañarse: Culiacán, Sinaloa en general y la serranía de Durango solo son la zona de seguridad y de habitación de los capos, sus allegados, sus familias y su guardia, pues el Cártel de Sinaloa es una organización nacional e internacional; una de las organizaciones criminales más importantes del mundo, con presencia en todo el territorio de México y en decenas de otros países, principalmente los EEUU, su principal mercado.

El ejército y el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirman que están atendiendo la protección de la sociedad civil, mientras las dos facciones del cartel arreglan sus diferencias, lo que es una política de seguridad, además de fallida, absurda. El estado está obligado a velar por la seguridad de los ciudadanos, pero por lo mismo está obligado a combatir al crimen, con todos los recursos legítimos que están a su alcance, que son muchos, por supuesto incluido el uso de la fuerza, fincada, se entiende, en los servicios de inteligencia.

CLAUDIA Y AMLO, DESCOLOCADOS

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada, al que AMLO se refiere como “el señor Zambada”, y de Joaquín Guzmán López, tomó por sorpresa al presidente y también a la presidenta electa. Como despedida, la fallida política de seguridad y la omisión de todo el sexenio les estalló en las manos. 

Penosamente se han visto desinformados, desorganizados y carentes de cualquier plan y estrategia frente a estos monstruos que ellos mismos han dejado empoderarse. ¿Dónde están los organismos y agencias de inteligencia, tanto militar como civil? ¿Cómo pueden concentrar hasta 4 mil elementos de las fuerzas militares sin tener un plan táctico de acción y reacción? ¿Cómo fue que los capos tienen la capacidad de paralizar la acción de las fuerzas armadas? Todo indica que no saben tan siquiera que es lo que está sucediendo al interior del Cártel de Sinaloa, cuando las agencias norteamericanas capturaron al líder histórico y a otros de los principales capos, sin disparar un solo tiro y sin que el gobierno mexicano siquiera se enterara. 

López Obrador está sumamente enojado con los norteamericanos, pero no puede hacer nada, porque tendría una respuesta que no puede manejar, así que recurre a una postura que increíblemente ha estado usando durante todo su sexenio: “todo esto es para tratar de perjudicarme”. Hasta en esto ¡él es la víctima!, no la población y la sociedad mexicana toda, sino él, a ese grado llega su enfermedad del ego, más ahora que está en su momento triunfal, dejando su gobierno, pero amarrando al gobierno que viene. 

También descolocada, Claudia Sheinbaum ha tratado de entrar en apoyo de AMLO y de repetirlo, como en todo. Declaró a los medios que “la estrategia que sigue tiene que ver con la disminución de la violencia, pues “el objetivo es la paz y la seguridad”, para lo cual es necesario “la detención de los generadores de violencia, pues así disminuirán los homicidios y todos los delitos de violencia”.

¿Qué dijo la nueva presidenta? ¿Que el objetivo es la paz y la seguridad? Esa es la obligación básica del estado, para ello fue creado y ella es la comandante suprema de las fuerzas armadas, sobre todo ahora que han militarizado al país ¿Pero que tiene contemplado hacer? “la detención de los generadores de violencia…”

¿Qué son los generadores de violencia? Si vuelve a emplear el discurso de que la pobreza y la falta de oportunidades de educación y de empleo son esos “generadores de violencia”, estaríamos en las mismas con respecto al gobierno de AMLO.

Los principales generadores de violencia son las poderosas organizaciones del crimen organizado, solo necesitan ver lo que está pasando hoy en Sinaloa, pero también en Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Zacatecas y demás estados. 

Lo que todo mundo espera escuchar es su plan de seguridad nacional para el sexenio que gobernará, no que esté replicando y defendiendo a López Obrador, quien fue un fracaso en materia de seguridad. Si es muy científica, como ahora le denomina cierta prensa, pues ahí están las estadísticas oficiales para analizarlas: heredará los saldos del peor gobierno que hemos tenido en seguridad desde el periodo revolucionario; 184 mil 471 homicidios dolosos; 50 mil desaparecidos; 18 mil 469 feminicidios, y contando.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el INEGI, aporta que al menos el 73% de la población considera inseguro vivir en su ciudad. De ese tamaño es el problema, y hoy estamos menos pobres que en los gobiernos neoliberales, por lo menos esa es la teoría que manejan, así que el discurso de echar culpas al neoliberalismo y a los fantasmas conservadores del siglo XIX ya se acabó.

El gobierno de Vicente Fox registró 60 mil 73 homicidios dolosos; Felipe Calderón, el odiado enemigo, 122 mil 451, con todo y su guerra contra el narco de por medio, y Enrique Peña Nieto, tan inepto como era, sumó 150 mil 451 homicidios dolosos. No se requiere mucha ciencia para darse cuenta de lo que está pasando.

LAS ORGANIZACIONES DEL CRIMEN, SIN LÍMITES

Una mala noticia para la nueva presidenta Claudia Sheinbaum es que los gobiernos norteamericanos ya se impacientaron; no están dispuestos a seguir en calidad de espectadores ante políticas como las de AMLO, de abierta omisión, bajo el pretexto de la no injerencia en los asuntos internos.

Es obligada la implementación de estrategias distintas y eficaces. Si la elección de noviembre la gana Kamala Harris, ya ha anunciado que combatirá a los carteles e inclusive ha anticipado que comenzará con el Cártel de Sinaloa, al que citó por su nombre. Si gana Donald Trump estaremos ante un problema serio, pues ahora viene en su versión recargada y podría, inclusive, declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, y habrá que reconocer que tiene inclusive argumentos válidos para hacerlo.

El consumo de drogas se ha convertido en los Estados Unidos en una pandemia, con hasta 100 mil muertes por año debidas al consumo del Fentanilo que distribuyen los carteles mexicanos. 

El gobierno norteamericano le pidió a AMLO que parara la producción de Fentanilo en México, a lo cual AMLO declaró que no se tenía detectada producción de Fentanilo en el territorio nacional. Se tomaron algunas medidas, los carteles como el de Sinaloa y CJNG le bajaron a la producción un tiempo corto y volvieron hacerlo, por el gigantesco negocio que implica.

Los precursores son traídos desde China y, en menor medida, de algunos otros países asiáticos, pero entran por puertos que están bajo la administración del ejército mexicano, lo mismo que los aeropuertos y los pasos fronterizos, lo que evidencia corrupción e indolencia del estado mexicano, que sigue negando el problema.

Pero es inexacto usar el calificativo de “carteles del narcotráfico”, realmente son carteles del crimen organizado, pues todo lo que es ilícito les interesa y en todo ello tienen puesta su mano: tráfico de personas migrantes; tráfico de personas con fines de explotación sexual; secuestro; cobro de “derechos” de piso a productores y negocios de todo tipo; lavado de dinero en todas sus formas; casinos y centros de juego con apuestas; robo de combustibles o “huachicoleo”, en suma todo lo que sea ilícito.

Los carteles no preguntan y no invitan a los pobres para convertirlos en sicarios: los reclutan a la fuerza por medio de levas forzadas, bajo amenaza de matar a sus familias, como está sucediendo ahora en Chiapas, el estado más pobre de México, o con una parte de los migrantes, a quienes también reclutan por la fuerza.

El crimen no tiene límites, lo mismo decapita adversarios que asesina candidatos incómodos, compra políticos, obliga a empresarios al lavado de dinero, o a productores agrícolas al pago de un “derecho de piso”, imponiendo inclusive tarifas por cada kilo o tonelada cosechada, está metido en todo el negocio turístico e inmobiliario y, para Claudia Sheinbaum, que presume su modelo de seguridad en la ciudad de México, el crimen opera, literalmente, en derredor de Palacio Nacional, donde cobran el derecho de piso, controlan el contrabando de mercancías, mandan en el comercio y surten de droga a toda la zona. Eso lo sabe cualquier capitalino medianamente informado. También matan y secuestran, si es necesario.