Por: Gerardo Lozano

Los López es la familia de empresarios más importante de Saltillo, propietarios del Grupo Industrial Saltillo, un conglomerado de empresas de capital mexicano fundado por el patriarca, Isidro López Zertuche, que va ya en la quinta generación.

Es un capital muy grande, pero tiene la peculiaridad de que sus miembros, sobre todo de la primera y segunda generación, fueron sumamente prolíficos, por lo que, a partir de la segunda generación, no hubo cupo para todos los descendientes dentro de las empresas de la familia.

Isidro López Zertuche tuvo nueve hijos, cuatro hombres y cinco mujeres, una de ellas María Esther López Del Bosque, quien a su vez tuvo seis hijos, uno de ellos Jorge Torres López, quien hoy tiene 72 años de edad.

El poder de la familia era, y es, mucho, lo que le permitía extender sus influencias a todos los medios e instituciones sociales, lo mismo a los gobiernos que a la iglesia o al sector educativo.

Por razones que no están claras, Jorge Torres López, quien nació en 1954, decidió ingresar a la política cuando ya tenía 40 años de edad, pues en 1994 aparece como Director General de Promoción y Fomento Económico del Gobierno del Estado, en el periodo de Rogelio Montemayor Seguí.

Había nacido en el seno de la reducida clase alta saltillense, habituado a la buena vida, pero no debió tener dotes de empresario, pues si los hubiese tenido se hubiera dedicado a ello. 

Su ingreso a la política tenía la motivación principal de hacer dinero, pero nadando sin mojarse la ropa, siempre al cobijo del apellido. Nunca militó en el partido, nunca se ganó nada por méritos, pero, circunstancialmente, tuvo una exitosa carrera política, sin jamás acudir a una campaña electoral.

El primer buen cargo que esperaba le llegó en el año 2000, al ser designado como tesorero municipal en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, cargo en el que duró dos años, para luego ser el contralor municipal. Había llegado donde deseaba: la caja del dinero.

En el 2005 la caja se hizo más grande. Fue designado Secretario de Finanzas del Estado, en el gobierno de Humberto Moreira Valdés, donde duró hasta el 2007, año en el que es designado nada menos que presidente municipal interino de Saltillo, donde concluye el periodo, para pasar luego a Secretario de Desarrollo Social en el 2010.

Sorpresivamente, se convierte en gobernador interino del 4 de enero de 2011 al 30 de noviembre del mismo año. Literalmente, la iglesia había sido entregada a Lutero, en lo que sería uno de los periodos más oscuros de la política coahuilense.

El gobierno norteamericano, a través de la DEA, comenzó a seguirle los pasos y, después de varias investigaciones, descubrió que Jorge Torres había trasladado a bancos de Texas al menos 8.8 millones de dólares de procedencia ilícita, los que posteriormente fueron trasladados a las Bermudas, para perderlos en paraísos fiscales.

Estando en funciones, el 18 de marzo de 2011, recibió una llamada de emergencia, que le informaba que habían tomado por asalto la población de Allende, un contingente de al menos 60 sicarios pertenecientes a Los Zetas, quienes habían sido escoltados por no menos de 20 elementos de la policía municipal, los cuales se encargaron de identificar a los miembros de tres familias, relacionadas a su vez con tres capos, que habían traicionado al mando de Los Zetas, escapando a los Estados Unidos, donde se habían convertido en informantes.

El propósito era ejecutar una venganza masiva. Jorge Torres López, como gobernador que era, no hizo absolutamente nada, ni tan siquiera informar al gobierno federal.

Los sicarios permanecieron en Allende 48 horas, dos días completos, desde el viernes por la noche hasta el domingo 20 de marzo por la noche.

Durante ese tiempo secuestraron al menos 46 personas, a quienes condujeron a los ranchos Los Garza y Los Tres Hermanos, para ejecutarlos, a unos mediante la incineración y a otros ejecutándolos con disparos, para posteriormente disolverlos en ácido.

Se dieron tiempo de destruir viviendas residenciales, construidas por las familias de los capos, principalmente de Luis “La Güiche” Garza. Antes de comenzar la destrucción, invitaron a los lugareños a la rapiña de las viviendas, las que fueron completamente saqueadas.

El dato de que fueron hasta 300 muertos, surgió posteriormente de una declaración emitida por un mafioso de Los Zetas, procesado ante una corte de Texas, pero no es confiable.

Aquello fue un delito de lesa humanidad, que fue ignorado hasta el 2014 y, hasta el 2016, se enviaron peritos.

Jorge Torres López fue cómplice de la entrega de Coahuila al Cártel de los Zetas, que tenían completamente infiltradas todas las policías municipales, y se habían convertido en el verdadero poder.

Era tal el nivel de infiltración y control de Los Zetas, que el gobierno federal mantiene al margen de un operativo especial contras Los Zetas a Jorge Torres, y a toda la estructura gubernamental y policiaca de Coahuila, pues lo único que harían sería filtrar información.

A Jorge Torres López no le importaba la terrible situación de inseguridad; él había entrado a la política para hacer dinero, donde lo hubiera.

En cuanto termina su interinato, Jorge Torres López desaparece. Era buscado por el gobierno norteamericano, tenía una ficha de la DEA y se había emitido una ficha roja de la Interpol para su detención, en cualquier lugar del mundo que estuviera.

Duró desaparecido seis años, pero el 6 de diciembre de 2017, llegó una ambulancia de emergencias al Hospital Muguerza, en Saltillo, que llevaba a un masculino, de 63 años de edad, con infarto masivo al miocardio, que fue internado de inmediato. Era Jorge Torres López, de quien no se supo si había estado escondido todo el tiempo en Saltillo o solo había ido para las fiestas navideñas.

Duró internado bastantes días en terapia intensiva, pero nunca llegó nadie a capturarlo, pese a que tenía ficha roja de la Interpol. La estancia hospitalaria fue de conocimiento público, el gobernador era Rubén Moreira Valdés.

Ya dado de alta, esperó la noche, se quitó la bata de hospital y escapó en medio de la oscuridad, para desaparecer nuevamente.

El problema es que alguien sí había estado al pendiente de los hechos, pues solo dos años después, en 2019, fue detenido en Puerto Vallarta, disfrutando de un “escondite” dorado junto a las olas del mar. Ese mismo año fue extraditado a los Estados Unidos, donde se le inició proceso judicial.

No se saben los detalles, pero fue sentenciado a tan solo tres años de prisión. Se desconoce si regresó el dinero que le habían detectado, tampoco se sabe si se convirtió en colaborador, pero la sentencia fue tan mínima que al dictársela ya la había cumplido.

En septiembre de 2024 regresó a vivir a Saltillo y fue recibido con un gran agasajo familiar. Tenía 70 años de edad, era libre y se disponía a disfrutar de un retiro glamoroso, haciendo lo que le diera en gana, pues lo que le faltaba de escrúpulos le sobraba de dinero. Logró su objetivo: entrar a la política para robar, al precio que fuera para los coahuilenses, pues en su interinato se saqueó, literalmente, el erario estatal.

Corrupto, cobarde, cómplice en todo, hizo lo que soñó y salió impune. El crimen perfecto.