La reforma de pensiones que inicia con dinero robado a pensionados

La reforma de pensiones que inicia con dinero robado a pensionados

Por: Eduardo Rodríguez 

Los fondos de las AFORES que ha tomado el gobierno de AMLO provienen de 260,000 cuentas, con montos de ahorro que van desde los 100 mil pesos hasta los 500 mil pesos en algunos casos

El 22 de abril pasado, en otro acto de enorme irresponsabilidad de los diputados federales de Morena, se aprobó, sin que mediara análisis ni estudio alguno, el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar, por el cual el gobierno de AMLO se hará, con urgencia, de 40 mil millones de pesos depositados en las AFORES, que no son dinero público sino privado, pertenecientes a personas de 70 o más años que, por una razón que se desconoce, no los reclamaron, después de haberlos estado ahorrando durante muchos años.

Es un hecho que las instituciones bancarias que tienen en depósito esos fondos de AFORES no reclamados (los 40 mil millones de pesos), los estaban “jineteando” para otorgar créditos y obtener réditos, que no se reportarían más adelante al trabajador.

Es una anomalía del sistema de AFORES, que debería tener una disposición normativa para prever cómo hacer esa entrega de fondos a las familias de los beneficiarios, si estos ya fallecieron o bien no los han reclamado por alguna razón. 

Lo correcto es que el gobierno, a través de las instancias financieras, si ya había detectado la existencia de esos 40 mil millones de pesos, promoviera un mecanismo de entrega, pues se trata de ahorros que tienen propietarios con nombres y apellidos, pero lejos de hacer eso el gobierno de AMLO decidió hacer una “expropiación” de facto de un dinero que es privado, bajo el argumento de crear el llamado Fondo de Pensiones del Bienestar, por medio del cual utilizará el dinero para otorgar una pensión de “hasta el 100%” a los trabajadores que están dentro del régimen de las AFORES, lo que es una gran mentira, una más, realizada de manera atropellada en el cierre de sexenio.

Supuestamente cada trabajador recibiría una pensión de al menos 16,800 pesos mensuales, dependiendo de su último sueldo percibido al momento del retiro. Aquí surgen una serie de interrogantes y de inconsistencias.

Tratándose de un fondo de pensiones, que involucra a millones de trabajadores, que se irán pensionando en el transcurso de los próximos años, 40 mil millones es una cantidad muy pequeña, un remanente, que alcanza para muy poco, en el entendido de que un trabajador mexicano se retira a los 65 años y tiene una expectativa de entre 10 y 15 años más de vida.

Se está manejando que el dinero “expropiado” es algo así como el “fondo semilla”, pues recibirá una serie de aportaciones de otras fuentes, como lo recaudado por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, más las utilidades generadas por instancias paraestatales manejadas por la SEDENA y la MARINA, como lo son el AIFA y el Tren Maya, lo cual es algo poco serio, ya que dichas instancias podrían inclusive generar pérdidas, más que ganancias, como hasta ahora ha sucedido.

LOS FONDOS SON DE 260,000 PROPIETARIOS

A más tardar en este mes de junio se deberá emitir la normatividad, con la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el BANXICO, operarán un Comité Técnico para el manejo de los recursos del nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar.

Los fondos de las AFORES que ha tomado el gobierno de AMLO provienen de 260,000 cuentas, con montos de ahorro que van desde los 100 mil pesos hasta los 500 mil pesos en algunos casos y, legalmente, los derechos sobre dicho dinero son imprescriptibles, por lo que pueden ser reclamados, solo que ahora el mecanismo para hacerlo a las instituciones gubernamentales no está definido, como tampoco está definido en qué porcentajes los trabajadores que se pensionen de forma ordinaria verán incrementados sus pensiones reales, mes a mes.

En la opinión de los especialistas actuariales, la apropiación de estos remanentes de las AFORES puede tener un impacto muy pequeño, si se trata de hacerlo a un largo plazo con una cantidad grande de pensionados, que es la forma más probable en que se considera que podría distribuir el gasto el próximo gobierno.

Desde el punto de vista legal, en opinión de organismos empresariales como la COPARMEX, se considera que lo correcto es que el gobierno federal debió buscar que los bancos, mediante un mecanismo adecuado, regresaran los recursos a las familias de los trabajadores que son dueñas de los mismos, antes de pasarlos a un nuevo fondo gubernamental en pleno periodo electoral, mediante un procedimiento de “fast track”, utilizando la mayoría oficial en la Cámara de Diputados y Senadores. 

El único esfuerzo realizado por el actual gobierno para modificar los sistemas de pensiones, se hizo al final del sexenio y en términos legales que son muy discutibles, tomando los remanentes del sistema de pensiones de AFORES, que tiene trabajadores propietarios con nombres y apellidos, en lo que podría considerarse como el último golpe autoritario de este gobierno, que ha dispuesto cantidades enormes del presupuesto público para fines muy discutibles, pero ni un solo peso para un nuevo sistema de pensiones, cuando los trabajadores que están bajo el esquema de las AFORES recibirán, en el mejor de los casos, apenas un 40% de su último salario como pensión mensual el resto de sus vidas.

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