¿El obispo Luis Martín Barraza frente a una tormenta legal?

¿El obispo Luis Martín Barraza frente a una tormenta legal?

Por: Marcela Valles

La denuncia va orientada por omisión del obispo, al tener conocimiento de los hechos de pederastia y no haberlos denunciado, inclusive no haber tomado medida alguna al interior de la diócesis, cuando es su responsabilidad legal

El obispado de Torreón, encabezado por Luis Martín Barraza, se encuentra ante un proceso legal que tiene como propósito el sentar un precedente en México ante el problema de la pederastia, al interior de la Iglesia Católica, que había estado manejando esta grave problemática en base al canon eclesiástico, es decir en base a sus propias leyes internas, pero ahora lo tendrá que hacer ante el sistema judicial del país y ante instancias internacionales.

Se avecina para el obispo Luis Martín Barraza lo que parece una tormenta legal, originada en las denuncias del exsacerdote David Pérez Ortiz, quien presentó su dispensa eclesiástica ante el Vaticano en 2022, por ser víctima y testigo de conductas pederastas en el Seminario de Santa María Reina de Torreón.

Debido a los antecedentes que hay sobre el manejo de la pederastia al interior de la Iglesia Católica mexicana, David Pérez Ortiz, quien es representado por el abogado Juan José Rojas, está emprendiendo una estrategia legal nueva, en base a las modificaciones al Código de Procedimientos Penales en México, a la Ley de Amparo y a la ley que regula a las asociaciones religiosas que operan en México, emitida desde 1992. 

En principio el exsacerdote víctima de pederastia no ha optado por comenzar con la denuncia penal de su abusador, el sacerdote en funciones Jorge N., pues, en su opinión, esto llevaría a que la diócesis, y más específicamente el obispo Luis Martín Barraza, se “laven las manos”, ante lo que se considera no como un acto aislado, sino como todo un proceso que se da de forma repetitiva al interior del seminario de Torreón.

Como consecuencia de la presentación de su dispensa ante las autoridades del Vaticano, en la que se involucra al menos a tres sacerdotes en activo, la autoridad vaticana emitió una orden de investigación del caso, por lo que el obispo de Torreón tuvo que armar los expedientes y enviarlos a Roma, sin que hasta le fecha haya recibido inclusive un acuse de recibo, por lo que están a la espera.

El problema es que David Pérez Ortiz había denunciado, desde el 2012, ante el ya fallecido obispo José Guadalupe Galván Galindo, hechos de pederastia al interior del seminario, pero le ordenaron callarse. Volvió a denunciar en 2019 y pasó lo mismo.

Posteriormente en 2020 personalmente Pérez Ortiz le presentó su caso directamente al actual obispo Luis Martín Barraza, de quien obtuvo una respuesta que calificó de “extremadamente fría”, pese a que se le habían expuesto todos los antecedentes de su caso, lo que motivó la decisión de presentar la dimisión ante el Vaticano (Pérez Ortiz estaba radicando ya en España), así como el inicio del procedimiento legal en contra del obispo.

ACUSACIÓN DE OMISIÓN

La denuncia va orientada por omisión del obispo, al tener conocimiento de los hechos de pederastia y no haberlos denunciado, inclusive no haber tomado medida alguna al interior de la diócesis, cuando es su responsabilidad legal, pues inclusive el sacerdote Jorge N. fue cambiado de un complejo religioso del oriente de la ciudad a una parroquia de la zona céntrica, donde continúa con sus actividades ministeriales ordinarias.

De acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que data de 1992, el obispo está obligado a denunciar ante las autoridades judiciales competentes, cualquier acto de abuso sexual cometido por alguna persona o miembro de la diócesis que esté bajo su mando, lo que no hizo, incurriendo, en la opinión del abogado Juan José Rojas, en delito de omisión.

En los expedientes enviados al Vaticano, David Pérez tampoco fue requerido para dar su testimonio y declaraciones, a lo cual tiene derecho por ser la víctima y el demandante, por lo que dichos expedientes le fueron formalmente requeridos al obispado, con un plazo máximo de 15 días para su entrega. En caso de ser negado, David Pérez tiene el derecho de recurrir al amparo, pues las autoridades eclesiásticas, en este caso el obispo, son sujetos de autoridad responsables para juicio de amparo.

Anteriormente los obispos manejaban todos los procesos de investigación en base a la Ley Canóniga y a la secrecía, por lo que ni tan siquiera las víctimas de pederastia o sus tutores, pues se trata de menores de edad (David Pérez fue abusado cuando tenía 17 años, hace ya 23 años), y el delito, de acuerdo a las nuevas disposiciones, ya no prescribe, sin importar el tiempo que haya pasado.

El obispo Luis Martín Barraza ha reconocido, ante medios de comunicación, que al enterarse de los hechos de pederastia en 2020 no hizo legalmente nada, es decir no tomo inclusive medida alguna, inclusive reconoce que un seminarista que había sido denunciado por conductas de abuso sexual, fue investigado, de acuerdo a procedimientos eclesiásticos internos y, al no encontrar evidencia suficiente, decidió ordenarlo sacerdote en 2019.

En apariencia no sucedía nada, pero el 15 de enero de 2020 emite la actualización de la “Guía  del Procedimiento a Seguir en Casos de Abuso Sexual de Menores por parte del Clérigo”.

Se crea también el Consejo Diocesano de Protección de Menores, en otra medida que refleja que el problema de la pederastia existe, pero se trata de manejar en base a los procedimientos canónigos o ley interna de la iglesia, lo que ya no opera para efectos legales.

Lo anterior como respuesta a la Carta Apostólica del papa Francisco, Vos estis lux mundi( vosotros sois la luz del mundo), emitida en 2019, donde se exhorta a todos los fieles a dar testimonio con su vida de la fe y a evitar los abusos y los delitos de orden sexual, un problema que ha perseguido a la iglesia en las últimas décadas, y le ha provocado un gran daño a su imagen a nivel mundial.

Lo que está realizando básicamente el exsacerdote David Pérez Ortiz, es sentar un nuevo precedente que sirva de referencia, pues se considera que el problema del abuso sexual al interior de la Iglesia Católica, es todo un proceso, es decir es un problema de carácter institucional, por medio del cual un adulto con autoridad y poder, en este caso sacerdotes que fungían como maestros y tutores del seminario de Torreón, llevan a cabo todo un proceso de seducción sobre el menor para llegar finalmente al abuso sexual, pero esto no se ha resuelto, pese a cientos de denuncias a nivel nacional, por la omisión o encubrimiento de las autoridades eclesiásticas, en este caso los obispos que son, eclesiástica y legalmente, los responsables.

Todo indica que se aproxima una tormenta legal sobre el obispado de Torreón, que puede tener inclusive repercusiones de carácter nacional y aún más allá. 

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