Sin importar quién gane, habrá problemas en el próximo gobierno

Sin importar quién gane, habrá problemas en el próximo gobierno

Por: Rodrigo Tejeda 

 La fiesta del gasto público que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador ha llegado a su fin y, a través de un gobierno que muy probablemente dirigirá otro presidente, o más bien presidenta, salida del partido oficial Morena, todos los mexicanos tendremos que comenzar a pagar lo gastado

Los números no saben mentir y son contundentes. Para este año de 2024, por ser electoral, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo aprobar al poder legislativo, a través del control político de ambas cámaras, un presupuesto de egresos o de gasto público, como se le quiera decir, de 9 billones 21 mil 995 millones de pesos, pero los ingresos totales estimados y disponibles (Presupuesto de Ingresos de la Federación), es de tan solo 7 billones 328 mil 995 millones de pesos, por lo que se generó un déficit de 1 billón 693 mil millones de pesos, cuando los intereses del crédito en México están en un nivel históricamente altos.

Esto tan solo en 2024, para manejar el proceso electoral, pero la deuda pública a lo largo del sexenio se ha incrementado al menos en un 70%, un máximo también histórico, para alcanzar los 15 billones 483 mil 775 millones de pesos.

La promesa en la campaña de 2018 es que la deuda no se incrementaría un solo peso.

A esto hay que añadir que la deuda de PEMEX ha alcanzado un récord de 110 mil millones de dólares que, dependiendo del tipo de cambio, que está estimado para finales de 2024 en alrededor de 17.5 pesos por dólar, ascendería a 1 billón 925 mil millones de pesos, lo que ha encendido las alarmas de las empresas calificadoras internacionales, pues la petrolera está, desde hace años, en quiebra y puede comprometer inclusive la capacidad crediticia del país.

¿Qué significan estos números? Algo muy simple: el próximo gobierno tendrá que disminuir el gasto público y lanzar una reforma fiscal para tratar de incrementar los ingresos disponibles, algo que indebidamente se ha venido postergando. La fiesta del gasto público que ha llevado a cabo el gobierno de López Obrador ha llegado a su fin y, a través de un gobierno que muy probablemente dirigirá otro presidente, o más bien presidenta, salida del partido oficial Morena, todos los mexicanos tendremos que comenzar a pagar lo gastado, con una menor inversión en servicios básicos, infraestructura, e inclusive una disminución del gasto en los llamados programas del bienestar, pese a lo que se diga en las campañas electorales y a las promesas que se hagan, pues sencillamente no habrá dinero, a menos que se meta al país en una desastrosa política de endeudamiento, que devastaría la economía.

SE GASTÓ MUCHO Y SE GASTÓ MAL

Hoy tenemos una gran euforia entre una parte de la población, pues un poco más de 30 millones de mexicanos están recibiendo algún tipo de ayuda económica, en efectivo, a través de los programas del bienestar, pero este gasto, que ya era muy elevado, se incrementó, por motivos electorales, aún más, hasta en un 25%, algo que no era necesario.

La mayor parte de los programas sociales son beneficiosos para la población de menores ingresos, pero, debido a los bajos ingresos que se dan a través de la actual recaudación fiscal y al mal manejo de las finanzas públicas, no hay dinero suficiente, por lo que se cayó en un sobre gasto, recurriendo al endeudamiento.

Como país, al menos hoy, no tenemos la capacidad de sostener un gasto en los programas del bienestar como el que se está haciendo. Para quien recibe el dinero en efectivo es entendible que no le importe y piense en los planteamientos demagógicos, como que el dinero proviene de los ahorros por la eliminación de la corrupción; en la austeridad gubernamental y en la eliminación de todo el gasto innecesario.

Todo es mentira. No ha existido ningún combate a la corrupción, por el contrario, tenemos un gobierno que ha ocultado, “por seguridad nacional”, las cuentas de las mega obras que realizó en el sexenio. El ahorro de la administración federal, en términos reales, es mínimo, o por lo menos es demasiado pequeño para que sea significativo.

El común de la gente desconoce los detalles de cómo está compuesto el gasto público, no solo a nivel federal sino también estatal y municipal. Pero hay cosas que podemos poner en términos muy simples y muy entendibles.

Al analizar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. encuentra algunas conclusiones muy básicas.

Todo el incremento canalizado a los programas del bienestar repercute, de manera directa, en la disminución de la inversión destinada a servicios básicos, como salud, educación, seguridad e infraestructura, por lo que el mexicano más pobre puede recibir 3 mil, 2 mil o mil pesos mensuales, pero el sistema de salud del país es más deficiente (50 millones de mexicanos están hoy sin ninguna cobertura médica pública); el sistema educativo tendrá un rezago cada vez mayor; el sistema de seguridad también se ha deteriorado, lo mismo que la infraestructura general del país. Todo esto repercute directamente en mayores niveles de pobreza real a corto, mediano y largo plazo.

CADA VEZ MENOS A MUNICIPIOS Y ESTADOS

Otra repercusión del sobre gasto del gobierno federal es que los recursos que se participan a los municipios y los estados han estado disminuyendo durante todo el sexenio, lo que obliga a buscar el incremento de los recursos propios y, en consecuencia, al incremento de derechos e impuestos, por lo cual el ciudadano está pagando cada vez más a los municipios y al estado por los servicios básicos que recibe. Este encarecimiento tiene una repercusión directa sobre el gasto familiar, en impuestos como el predial, tenencias, placas, pavimento, alumbrado, basura, agua y hasta el servicio de limpieza y pavimentación.

Para respaldar lo anterior pongamos los números concretos. En el presupuesto de 2024 hay una disminución de 6,300 millones de pesos en los fondos para el fortalecimiento de los municipios y de los estados, lo que es una tendencia que se ha aplicado durante todo el sexenio: cada vez menor participación de recursos a los municipios y los estados.

Pero, en lo que es un absurdo, en la reasignación de recursos se trasladaron a PEMEX 25 mil 442 millones de pesos, del presupuesto de la Secretaría de Energía; dinero que está destinado a cubrir parte del déficit de la paraestatal, que está en quiebra y se ha convertido en un agujero negro.

Al Consejo de la Judicatura Federal, porque no se somete políticamente, se le quitaron 5,876 millones de pesos, que equivalen al 7.2% de su presupuesto anterior, lo que repercutirá directamente en la administración de justicia en el país, cuando el sistema de impartición de justicia en México es uno de los grandes problemas nacionales. 

A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, se le asignó un presupuesto de 85 mil 688 millones de pesos; un 9.2% más que en 2023, pero esos recursos adicionales fueron colocados en un programa federal denominado Fortalecimiento para el Desarrollo de la Infraestructura Estatal, es decir el gobierno federal manejará, de manera directa y centralizada, los recursos que debería entregar a los estados, lo que se presta a la manipulación política y va en contra del pacto federal.

Todos los supuestos ahorros, que se quitaron a otras secretarías y organismos, así como a los estados y municipios, se desviaron hacia PEMEX.

NO HUBO AUSTERIDAD

Popularmente se tiene la idea de que el gobierno es dadivoso, que regala dinero, a través de becas, pensiones, tarjetas, programas. También hay la idea de que el gobierno de AMLO es el primero que le ha dado dinero a los pobres; dinero que los gobiernos anteriores se robaban, porque eran corruptos.

Lo de la corrupción es un hecho, y es un problema histórico de la política en México, que no ha cambiado en nada porque la gran mayoría de los políticos de Morena, incluyendo a los 21 gobernadores, son políticos que se formaron en los partidos tradicionales y en el PRD, es decir que llevan consigo esa tradición de corrupción, que además se les sigue tolerando.

En su campaña electoral en 2018, AMLO afirmó, en repetidas ocasiones (todo está grabado), que al eliminar la corrupción gubernamental se ahorrarían 500 mil millones de pesos cada año, lo que le permitiría canalizar todo ese dinero a los pobres.

Todo fue una mentira; nunca aparecieron los mencionados 500 mil millones de pesos cada año y, no casualmente, la deuda que fue contrayendo en sus primeros años el gobierno de AMLO estaba cercana a los 500 mil millones de pesos, hasta el 2024, donde por ser año electoral subió hasta un 127% más, en comparación a lo que había generado de deuda en 2023. 

Parte del gasto público si fue a dar a los programas sociales, eso es innegable, pero también lo es que se incurrió en un gran despilfarro, que ahora habrá que pagar, pero además se les quitaron recursos a los servicios básicos del país y se financiaron obras suntuarias e innecesarias. 

Tan solo la llamada refinería de Dos Bocas, una obra completamente innecesaria, que no ha refinado un solo barril de gasolina, lleva gastados ya 18 mil millones de dólares, lo que equivale a 306 mil millones de pesos, que se pudieron destinar a un gran programa de infraestructura útil a nivel nacional.

El Tren Maya lleva gastados, en la última información disponible, 28,500 millones de dólares, lo que equivale a 484 mil millones de pesos, lo suficiente para otro gran programa de infraestructura a nivel nacional, o bien, suficientes para lanzar una gran reforma al sector de salud pública o al sector educativo del país, pero se optó por una obra suntuaria, innecesaria. 

Gane quien gane la elección del 2 de junio de este año, nos espera, a partir de 2025, un gobierno que tendrá que reducir drásticamente sus gastos y, además, implementar una reforma fiscal, es decir, tendremos que pagar más impuestos.

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