¿Cómo fue realmente el retorno de Coahuila a la seguridad?

¿Cómo fue realmente el retorno de Coahuila a la seguridad?

Por: Gerardo Lozano

La estrategia implementada en Coahuila se denominó como de “mando único”, por la cual se coordinaban las fuerzas del Ejército, la Marina, la Policía Federal y las fuerzas especiales creadas por el propio Estado.

En 2010 Coahuila sufría un problema muy grave de seguridad, con el dominio del Cártel de los Zetas en todo su territorio y, lo que era aún peor, el enfrentamiento de esta violentísima organización con el Cártel de Sinaloa en la región lagunera, lo que dio origen a cientos de asesinatos, desapariciones, secuestros, cobros de piso, masacres terribles y todo tipo de hechos criminales. Era un periodo de horror, literalmente, pero en ese mismo año se dio inicio a un operativo que terminaría, en un periodo de solo dos años y medio, con el desmantelamiento de los Zetas y el retorno a la seguridad.

¿Cómo fue realmente ese retorno a la seguridad? La historia es casi desconocida, no obstante la importancia de la misma, pero inicia en el periodo gubernamental de Felipe Calderón, algo que para muchos críticos y para facciones políticas, como las del mismo priismo y la de Morena, solo hay una visión del periodo calderonista: la sangrienta y fallida lucha contra el narcotráfico.

Los hechos muestran que a partir del 2009 la estrategia del gobierno de Felipe Calderón tuvo cambios muy importantes que beneficiaron de una manera especial a estados como Coahuila, un estado que pudo recuperar la seguridad que conserva hasta el día de hoy.

La historia negra del nacimiento de los Zetas ya es bien conocida: 20 militares de las fuerzas especiales del ejército que fueron reclutados, en los años noventa, por el Cártel del Golfo, en Tamaulipas, quienes originalmente eran una fuerza de choque, pero realmente se encargaron de llevar al extremo la capacidad criminal de los cárteles de la droga, al introducir prácticas brutales, pero también la injerencia en todo tipo de delitos, lo que extendió el crimen organizado a todos los ámbitos de la sociedad.

Ernesto Zedillo, y especialmente Vicente Fox, no pusieron atención al grave problema generado por los Zetas, y estos terminaron formando un cártel propio, que comenzó a buscar sus territorios de dominio fuera del estado de Tamaulipas, y los encontró en los estados vecinos de Nuevo León, pero especialmente en Coahuila, donde gozo de la omisión terrible del entonces gobernador: Humberto Moreira Valdés. Luego vendría la expansión a otros estados del país, pero Coahuila se convirtió en su territorio base, al grado de que las principales cabezas de la organización radicaban una gran parte del año en ranchos del municipio de Progreso, Coahuila, una pequeña comunidad rural del norte del estado, donde tienen ranchos varios conocidos políticos y empresarios de Saltillo.

Los Zetas controlaban la frontera de Coahuila para el tráfico de drogas; el negocio del carbón en la región carbonífera, a través de testaferros; ejercían el dominio de todas las carreteras principales; el cobro de derecho de piso en las diferentes regiones y otra gran cantidad de delitos, pero en la región lagunera se recrudeció la violencia por su enfrentamiento con los llamados “chapitos”, que no eran sino el Cártel de Sinaloa.

Para “calentar la plaza” se llegaban a cometer masacres espeluznantes de civiles, en centros de diversión o antros, donde fueron asesinadas decenas de personas a mansalva, la mayoría de ellos jóvenes que no hacían otra cosa sino divertirse.

La policía estatal y las municipales no solo estaban infiltradas, sino que en muchos casos operaban bajo las órdenes de los Zetas, como era el caso de la región lagunera, especialmente en municipios como Matamoros y Torreón. Si detenían a un adversario, los jefes policiacos los entregaban a los Zetas, aún bajo el conocimiento de que serían torturados y asesinados. A ese grado había llegado la descomposición. Los ciudadanos estaban completamente indefensos.

INICIA EL OPERATIVO

Felipe Calderón había cometido los errores de iniciar una guerra contra el narcotráfico, de una manera desarticulada y con diagnósticos incompletos, además de designar a Gerardo García Luna como Secretario de Seguridad Pública, un personaje corrupto, quien está hoy sujeto a proceso en los EEUU.

Para 2009 los índices de violencia en el país eran ya muy preocupantes, y se decidió entonces realizar algunos cambios de estrategia, por los cuales Felipe Calderón tuvo algunos aciertos importantes, que hoy no le son reconocidos, pero que deben ser un referente básico en la lucha contra las organizaciones del crimen organizado y los cárteles en general.

Calderón Hinojosa decidió nombrar a Guillermo Valdés Castellanos como encargado del CISEN, quien solo acordaba directamente con el presidente y, además, se ordenó que toda la información de inteligencia, como la del Ejército, la Marina, la Policía Ffederal y los organismos norteamericanos, le fuera entregada.

Guillermo Valdés Castellanos formó un equipo de asesores y expertos, entre quienes figuraban Macario Schettino, Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, entre otros.

Utilizando la experiencia anterior del CENDRO, Guillermo Valdés creó en 2010 el Centro de Fusión de Inteligencia y Operatividad (CFIO), al cual ubicó en el interior de las instalaciones de la SEDENA en Monterrey, Nuevo León.

Trabajaron durante el resto de 2010 en procesar toda la información de inteligencia disponible y en traducirla en operatividad táctica y estratégica. Se decidió entonces no seguir disparando con escopeta sino con rifle de precisión, en contra de los objetivos más peligrosos, y fue así que se determinó que el objetivo prioritario era el desmantelamiento de los Zetas, que era, por razones obvias, la organización más violenta y que más daño social provocaba.

En 2011 da inicio el operativo. Un grupo de analistas seleccionados fueron encerrados por seis meses en las instalaciones del CFIO. Fueron prohibidos los teléfonos celulares y también el hablar con familiares y amigos.

Su única función era transformar en inteligencia operativa toda la información que estaban capturando, con la cual se dirigían los operativos de las fuerzas especiales de la Marina y del Ejército, principalmente de la Marina.

Cuando Humberto Moreira Valdés fue informado de la presencia de las fuerzas especiales de la Marina en Coahuila, según lo ha referido el mismo personalmente ante los medios, le comentó al Presidente que en Coahuila no había puertos ni mar ¿Por qué entonces enviar a la Marina? Por supuesto que nunca obtuvo una respuesta, pues era uno de los principales personajes a quien se había decidido mantener al margen de cualquier información sobre el operativo.

En dos años y algunos meses más, el cártel de los Zetas fue desmantelado. Sus principales líderes fueron muertos o capturados, lo mismo que su estructura.

El operativo mostró que, con voluntad desde el poder, con inteligencia y recursos se puede desmantelar a cualquier cártel u organización criminal, por más poderosa o violenta que esta sea.

LO QUE SIGUIÓ DESPUÉS

El año de 2011 fue clave. En enero de ese año Humberto Moreira dejó la gubernatura para convertirse en dirigente nacional del PRI. En su lugar quedó como interino Jorge Torres López, miembro de la familia de empresarios nacionales más importante de Saltillo, pero un personaje corrupto e indolente, totalmente omiso ante el dominio del crimen organizado.

La indolencia de Jorge Torres López llegó a su extremo el 18 de marzo de 2011, cuando los Zetas tomaron por asalto la población de Allende, cabecera del municipio del mismo nombre, en la región norte del Estado, donde cometieron, del 18 de marzo hasta el 20 de marzo, una de sus más demenciales matanzas. El número de muertos y desaparecidos se calculó inicialmente en 300, pero nunca se sabrá realmente el número preciso de víctimas. El pueblo fue devastado, inclusive destruidas muchas de sus viviendas.

Jorge Torres López, que era tan corrupto como cobarde, no hizo absolutamente nada. De hecho, ninguna fuerza de seguridad acudió en ayuda de los pobladores de Allende, pero eso fue para el Gobierno Federal uno de los antecedentes que determinaron el operativo contra los Zetas.

A mediados de ese mismo 2011 hubo elección por la gubernatura y ganó, de forma arrolladora, Rubén Moreira Valdés, cuando aún se tenía oculta la gigantesca deuda que dejaban los gobiernos de Humberto Moreira y Jorge Torres.

Todo el 2011 el operativo lanzado por Guillermo Valdés Castellanos estuvo trabajando en Coahuila y en Nuevo León. Se desconoce en qué fechas el nuevo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, tuvo acuerdos con el gobierno calderonista para montar una nueva estrategia de seguridad en el Estado. 

Al tomar posesión el primero de diciembre de 2011, Rubén Moreira ya tenía la consigna y el compromiso de participar en la lucha en contra del cártel de los Zetas. 

Bajo esas condiciones, la decisión de que un gobierno estatal combatiera a un cártel, tan poderoso y violento, era algo peligroso e implicaba tomar medidas como el proteger a la familia y el vivir bajo una protección permanente, ante la posibilidad de un atentado.

La estrategia implementada en Coahuila se denominó como de “mando único”, por la cual se coordinaban las fuerzas del Ejército, la Marina, la Policía Federal y las fuerzas especiales creadas por el propio Estado, todo bajo el mando de un general del ejército, pero con una toma de decisiones conjunta.

Rubén Moreira, quien en lo político y financiero tuvo que solapar a su hermano, a quien originalmente le debía el cargo, asumió el compromiso de la seguridad con bastante energía, al mismo tiempo que las fuerzas especiales de la Marina y del Ejército hacían su trabajo operativo, apoyados por el CFIO, quien desempeñó un papel notable.

El operativo comenzó a tener resultados más tangibles en el 2012, con un descenso muy notorio de la criminalidad y el paulatino desmantelamiento de los Zetas.

El 3 de octubre de 2012, cuando ya el avance del operativo era muy importante, un grupo de sicarios llevó a cabo el asesinato de Eduardo Moreira Rodríguez, de tan solo 26 años, el hijo mayor de Humberto Moreira Valdés. El crimen fue ejecutado en el municipio de Ciudad Acuña, donde radicaba.

Humberto Moreira declaró a los medios de comunicación que el asesinato era una venganza del Z-40, por la muerte de su sobrino, pero en lo que hasta el día de hoy es un misterio, Humberto Moreira y también otro de sus hijos, acusaron a Rubén Moreira de ser un “traidor” y de alguna manera también responsable de la muerte del sobrino. Inició ahí un enfrentamiento cainita entre ambos hermanos que, lejos de matizarse con el tiempo, parece haberse recrudecido. ¿Por qué traidor? Bien a bien solo ellos lo saben, pero Rubén Moreira no acudió al funeral.

El 7 de octubre de 2012, apenas cuatro días después, las fuerzas especiales de la marina dieron muerte a Humberto Lazcano Lazcano, alias “El Lazca” o Z-3, máximo jefe del cártel, quien fue sorprendido mientras presenciaba un partido de beisbol ranchero en la cabecera municipal de Progreso, donde radicaba por largas temporadas. Hacía tiempo estaba ubicado.

Para esas fechas, la inteligencia federal había detectado la división del cártel de los Zetas y una pugna entre Lazcano Lazcano y el Z-40, Miguel Ángel Treviño Morales.

Ocho meses después, el Z-40 fue detenido en una carretera vecinal del estado de Nuevo León, colindante con Tamaulipas, en un operativo con precisión quirúrgica de las fuerzas especiales de la Marina. Posteriormente también fue detenido su sucesor.

Para el gobierno de Rubén Moreira, y posteriormente para el de Miguel Riquelme Solís, el compromiso fue el no permitir la penetración de un nuevo cártel a Coahuila, pues una vez desmantelados los Zetas, el Cártel del Noreste, una derivación del Cártel del Golfo, se ha empeñado en penetrar a Coahuila, lo mismo que el Cártel de Sinaloa, esto por la parte de Durango y Zacatecas.

Todavía el 30 de noviembre de 2019, ya con Miguel Riquelme como gobernador, el Cártel del Noreste, quien tiene su sede en Laredo, Tamaulipas, intentó repetir lo sucedido en Allende en el 2011. Alrededor de 130 sicarios, en 25 vehículos, algunos de ellos artillados, irrumpieron en el poblado de Villa Unión, cabecera del municipio del mismo nombre, a solo 70 kilómetros de Piedras Negras, e iniciaron un ataque masivo, pero fueron repelidos por la Guardia Nacional, fuerzas del Ejército, fuerzas especiales del estado y la propia Policía Municipal.

Cuatro agentes murieron, fueron abatidos 10 sicarios, se detuvo a 10 más de ellos y a 21 “halconeros”, mientras el resto se dio a la fuga entre brechas y terrenos agrestes. Se dio de inmediato inicio a un operativo de búsqueda.

Ha sido una lucha constante, ininterrumpida, donde han perdido la vida varios elementos de los cuerpos de seguridad y un mayor número de sicarios, pero Coahuila se mantiene hasta hoy como uno de los estados más seguros del país y, con mucho, el más seguro del norte.

La estrategia básica ha sido el uso de la inteligencia, la coordinación de los organismos de seguridad, la inversión de recursos, la voluntad política, pero por encima de todo el no aplicar la actual política federal de “abrazos, no balazos”, es decir, la omisión y la permisividad.

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