Por: Rodrigo Tejeda

Penosamente se ha vuelto habitual el lenguaje ofensivo, burlesco y hasta violento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se trata de temas sin mayor importancia, de sus propias fobias y de sus delirios ideológicos, las cosas no parecen apropiadas para su investidura, pero hay temas sumamente delicados, donde el insulto es una agresión hacia las instituciones de la misma república, del régimen democrático. En este caso hablamos de las agresiones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que calificó de estar podrida, como podridos están cada uno de sus ministros, menos las dos ministras que sirven a sus propósitos.

Con el caso, se confirma que el presidente asoma un rostro cada vez más autoritario y autocrático que da la razón a sus más enconados críticos. Sencillamente un presidente de la república, que encabeza el poder ejecutivo, no puede referirse de esa forma al poder judicial, por los graves errores y el desaseo obsceno que el propio ejecutivo provoca al haber convertido al Congreso, el segundo poder, en su lacayo, pero además un lacayo torpe e incompetente.

López Obrador está tratando a los diputados y senadores de su partido como un rebaño, hasta el grado que les ordena aprobar leyes y decretos sin tan siquiera seguir el debido proceso. Quiere su aprobación y la quiere de urgencia, ya, de inmediato, sin pasar por comisiones, sin proporcionarlas a los diputados y senadores, sin debate, sólo limitándose a apretar el botón electrónico o levantar la mano. Eso sí que está podrido y lo ha estado por la mayor parte de la misma existencia de la república.

Las cosas habían comenzado a mejorar de 1997 para acá, al abrirse la pluralidad y terminarse las mayorías aplastantes manejadas por el presidente en turno, pero está visto que estamos de vuelta a un régimen presidencialista, autoritario, que monta en cólera y amenaza en cuanto su voluntad autócrata no se cumple.

La mayoría morenista en la Cámara de Diputados y el Senado han estado aprobando propuestas de ley y derogaciones enviadas por la presidencia, sin seguir el debido proceso. Esto ha ido empeorando con los meses, lo que motivó que partidos opositores y organismos políticos y de la sociedad civil interpusieran recursos de apelación de inconstitucionalidad en contra de varias resoluciones impuestas por el partido oficial, entre ellas el llamado Plan B, después de que fracasara el intento de cambiar la constitución en materia electoral.

El 8 de mayo la corte, en sesión plenaria, analizó y revocó la primera parte del llamado Plan B. Previo a ello, la consejería jurídica de la presidencia, por indicaciones de López Obrador, había amenazado a la Suprema Corte y sus ministros, lo que no evitó la resolución de la misma que ya es conocida.

CONTROLARLO TODO

Al día siguiente, AMLO llenó de insultos a la SCJN y a sus ministros, volviendo a amenazar ahora con el Plan C, que, según él, consistiría en pedir que en las elecciones de 2024 no se dé un solo voto a los “conservadores”, para obtener las dos terceras partes de las cámaras y lanzar una serie de iniciativas a partir de septiembre, entre ellas la de elegir por votación popular a los 11 ministros que componen la corte. Como en su pronóstico Morena sería el partido abrumadoramente mayoritario, los 11 ministros serían de ese partido, o al menos la mayoría de ellos, para que así el poder judicial “se sume a nuestra transformación”.

El evidente propósito es tratar de consolidar un régimen autocrático, echando atrás la apertura democrática para volver a la “dictadura perfecta” que tuvo el PRI casi todo el siglo pasado.

Más recientemente, como un acto de venganza, ha propuesto eliminar los fideicomisos del poder judicial, la mayoría de ellos destinados a becas escolares, todo ello en lugar de reconocer, sencillamente que él, AMLO, debe sacar las manos del poder legislativo y los coordinadores de las cámaras deben realizar un trabajo más profesional y respetuoso del proceso parlamentario.

Personajes tan ambiguos como Ricardo Monreal ahora sí se han visto exhibidos en todas sus contradicciones y verdadero servilismo.

La Suprema Corte sencillamente ha hecho su trabajo y los ministros han desempeñado el papel que les corresponde como garantes del cumplimiento de la ley, en este caso de la misma Constitución que nos rige.

Después de escuchar la exposición de los 11 ministros en la sesión del 8 de mayo es muy concluyente lo que le molesta al presidente.

La votación fue de 9 votos a favor de la derogación de la primera parte del Plan B y solo 2 en contra.

Los dos votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz. Yasmín Esquivel es la ministra que AMLO tenía designada para presidir la corte, pero fue impedida por el plagio de su tesis universitaria, mientras que Loretta Ortiz es también una ministra propuesta por AMLO, quien tiene un currículum más de política y burocráta que dentro del poder judicial -fue diputada de Morena recientemente-, por lo que no debería estar ocupando un escaño en la SCJN. El bajo nivel se le nota en sus disertaciones, mientras que Yasmín Esquivel se dedicó a arropar los planteamientos de la Consejería Jurídica de la presidencia. Ese es el tipo de ministros que desea tener el presidente para hacer a su antojo también dentro del poder judicial.