Por: Álvaro González

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en 2022, Coahuila se ubica como el quinto estado más seguro del país, en tanto que Saltillo, la capital, ocupa el tercer lugar nacional en el Índice Nacional de Calidad de Vida, en el renglón referente a seguridad, de acuerdo a la percepción manifestada por sus propios habitantes.

La ubicación de Coahuila en el quinto lugar nacional, inclusive por encima de entidades como Querétaro, no es subjetiva, al estar respaldada por la medición de los siguientes indicadores: homicidios, delitos con violencia, delitos cometidos con arma de fuego, financiamiento de las fuerzas policiales, presos sin condena, eficiencia del sistema judicial y crímenes de la delincuencia organizada.

De acuerdo a la ENSU, la calificación es de 1 a 5, donde 1 es el mayor nivel de paz y 5 el menor nivel posible. Coahuila obtuvo una medición de 1.515, que es muy favorable.

Pero esto no fue así hace doce años, cuando en 2010 la región lagunera, tanto de Coahuila como de Durango, estaba considerada entre las cinco regiones más violentas del país, a niveles como los que tenía Tijuana o Ciudad Juárez, que hoy siguen estando dentro de las 10 ciudades más violentas de México.

El cambio en la seguridad pública en Coahuila se comenzó a generar a partir de 2012 y se ha consolidado en el actual sexenio estatal que comenzó en 2018, pero ello ha implicado un fuerte trabajo de coordinación, inversión de recursos, implementación de sistemas de seguridad y una postura enérgica de parte del gobierno estatal, que además exige a los 38 municipios que componen la entidad.

Este 4 de junio habrá elecciones para renovar el gobierno del estado y al congreso, en la cuales sin duda el tema más candente es el de la seguridad pública, en el cual se pretende que exista una continuidad que garantice el que Coahuila siga siendo el estado más seguro del norte de México o, lo que no desea nadie, que caiga en los niveles que tienen estados vecinos como Zacatecas, que se encuentra en una situación de emergencia, o Chihuahua, que tiene fuertes problemas.

¿QUÍEN PUEDE GARANTIZAR LA SEGURIDAD?

Los cuatro candidatos a la gubernatura: Manolo Jiménez, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenin Pérez, están manejando como un tema obligado y principal el de garantizar la seguridad pública, pero una cosa es el discurso y otra muy distinta los hechos y las capacidades de cada uno de estos candidatos para hacer efectiva la promesa de que Coahuila seguirá en paz.

Si se analiza el perfil de cada uno de ellos, Manolo Jiménez tiene el antecedente de haber sido hasta el 2021 cuatro años presidente municipal de Saltillo, y es en ese periodo en que la capital del estado se colocó en el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a seguridad, lo que es un antecedente objetivo que no está sujeto a apreciaciones partidistas, pero además le agrega a su calificación política el ser el candidato con más experiencia de gobierno, si se considera que Saltillo es la ciudad más grande del estado y también la más rica en términos de economía.

Armando Guadiana tiene la desventaja de no tener experiencia de gobierno, ya que nunca ha ocupado un cargo de gobierno municipal; de hecho, ha estado fuera del medio gubernamental casi toda su vida, con excepción de un cargo menor en los años setentas y una diputación local. De 2018 a la fecha ha sido senador de la república. Su trayectoria, de todos conocida, es la de ser empresario minero, como principal actividad.

Ricardo Mejía tampoco ha ocupado nunca un cargo de gobierno. Fue, hace 23 años, subsecretario de gobierno en un área de operación política y diputado local antes de ello, pero se fue de Coahuila por 18 años, periodo en el que fue diputado local y federal por el estado de Guerrero, una entidad con graves problemas de seguridad pública. De 2018 hasta su reciente renuncia, fue subsecretario de seguridad a nivel nacional, lo que puede presentar como un antecedente importante, pero lamentablemente su desempeño, y en general el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de AMLO, ha sido el área más deficitaria de este sexenio. Es pues el único candidato que ha ocupado un cargo específico de seguridad pública a nivel nacional, pero lo desempeñó de manera deficiente, con el añadido de que está desarraigado de Coahuila y desconoce los pormenores de la seguridad pública del estado.

Lenin Pérez sí ha tenido experiencia de gobierno como presidente municipal de ciudad Acuña, en la frontera, pero se debe tomar en cuenta que Acuña es un municipio que apenas rebasa los 100 mil habitantes; sin embargo, sí tiene experiencia de gobierno y conoce bien la problemática de la franja fronteriza y en general del norte del estado.

En este delicado tema de la seguridad pública no se trata de discursos ni de promesas, sino de quién tiene experiencia de gobierno, quién conoce el tema y la problemática de la seguridad y, lo más importante, quién, desde una posición de responsabilidad, ha dado resultados positivos concretos.

Después de haber vivido el terrible periodo de 2007 a 2011, donde el crimen organizado invadió Coahuila, el activo más importante del que será responsable quien gane la gubernatura es precisamente el garantizar un estado en paz, algo que será sumamente relevante en la decisión del voto el próximo 4 de junio.