Por: Eduardo Rodríguez

El 29 de marzo pasado, el empresario torreonense Alejandro Silveyra, de 64 años, recorría la carretera Torreón-Zacatecas, entre los poblados de Juan Aldama y Río Grande, en una camioneta de reciente modelo, acompañado por una de sus hijas. Se dirigía por motivo de negocios a la ciudad de Guadalajara.

Alrededor de las seis de la tarde, fue interceptado en plena carretera por un comando de civiles fuertemente armados, a bordo de varios vehículos. Le obligaron a internarse en una brecha, en medio de desierto, para despojarlo de su camioneta y sus pertenencias, tanto a él como a su hija.

Se resistió en un momento del atraco y los delincuentes le dispararon dejándolo gravemente herido, ante la presencia de su hija.

Sin importar las heridas que le habían provocado, y el hecho de que era una persona ya mayor, lo abandonaron junto a su hija, a quien por fortuna no le dispararon. Con crueldad y a sangre fría se dieron a la fuga llevándose la camioneta y las pertenencias de sus víctimas.

La hija, quien vivió todo ese terror, trató de ayudar a su padre y salir a pie de carretera para pedir ayuda, lo que hizo, pero como consecuencia de los disparos recibidos el padre no pudo resistir y falleció ahí, en medio del desierto, según lo refiere la información policial que ha sido emitida a los medios.

Es el segundo empresario de La Laguna que muere en esa misma a carretera, víctima de los comandos de sicarios del crimen organizado que la recorren, todos los días, a la caza de víctimas para cometer asaltos y secuestros.

Por la peligrosidad de la vía, las autoridades de Coahuila y Durango recomiendan transitarla solamente por la mañana y como máximo hasta las tres o cuatro de la tarde, nunca después. En el caso referido eran las seis de la tarde, una hora todavía con sol en esta estación del año.

Sólo la corrupción y una gran ineficiencia de parte de las autoridades estatales, del ejército y de la Guardia Nacional pueden explicar lo que está pasando en las carreteras del vecino estado de Zacatecas.

Los comandos del crimen organizado operan de manera impune, y esto no es nuevo, se remonta a varios años atrás, pero lejos de resolverse ha ido empeorando en el transcurso del año pasado y de este.

En términos generales, desde la llegada del actual gobierno estatal, dirigido por el morenista, David Monreal, cuya familia se han convertido en los caciques políticos de la entidad, la violencia y la operación del crimen organizado están completamente fuera de control, al grado de considerarse a Zacatecas como uno de los territorios que están bajo el dominio de las organizaciones del crimen organizado.

LA SALTILLO-MATEHUALA, OTRO CASO

Desde el año pasado, las autoridades federales de caminos emitieron la consideración de que los tramos carreteros Saltillo-Matehuala y San Luis Potosí-Matehuala son de alta peligrosidad y se recomienda a los particulares no recorrerlas de noche. Algo muy parecido a lo que sucede en Zacatecas.

En este caso se trata de una de las carreteras más transitadas del país. Es la vía más corta entre el centro del país y la frontera con Estados Unidos.

La peligrosidad de este tramo carretero quedó de manifiesto de una forma dramática en el pasado periodo vacacional de semana santa, cuando un grupo de 23 guanajuatenses, originarios de San Felipe Torres Mochas, decidieron trasladarse a la frontera y rentaron dos vehículos para transportarse. Su itinerario era Matehuala y de ahí a Saltillo.

En su paso por Matehuala fueron interceptados por un grupo de sicarios fuertemente armados y a bordo de varios vehículos, quienes los despojaron de todas sus pertenencias y los retuvieron en calidad de secuestrados.

A partir de este secuestro, que fue reportado por los familiares, a quienes se les solicitó un rescate de 60 mil pesos por persona, el gobierno de Guanajuato envió dos helicópteros equipados para su búsqueda y presionó para que se diera una participación del gobierno de San Luis Potosí, con dos naves más, a las que se sumaron otras dos enviadas de Nuevo León y Zacatecas.

A partir del operativo, en el que también tuvieron que participar el ejército y la guardia nacional, emergió un pantano de corrupción y criminalidad increíble, que no se explica sin la simulación y la corrupción de las autoridades del estado de San Luis Potosí.

Todo ocurrió en poblados ubicados alrededor de Matehuala y a partir de actos criminales realizados en el tramo de la autopista que pasa por este desértico municipio.

Aunque el gobierno de San Luis Potosí ha tratado de enredar la información, los hechos son escandalosos.

La zona fue barrida por tierra y principalmente por aire. Para comenzar, se localizaron a cinco personas que se encontraban en calidad de secuestrados en una casa de seguridad, quienes habían sido detenidas en sus vehículos por la delincuencia, despojadas de los mismos y retenidas para solicitar rescate. Son originarias de la Ciudad de México, de Querétaro y Guanajuato.

Enseguida fue localizado un grupo de 16 personas, quienes habían sido asaltadas en la autopista, despojadas de todos sus bienes y, supuestamente, en la versión oficial de las autoridades de San Luis Potosí, no estaban privadas de su libertad, lo que es contradictorio con la primera información que apareció.

Posteriormente fueron localizadas las 23 personas que procedían de Guanajuato, quienes estaban secuestradas, y uno de los choferes de las dos camionetas había sido asesinado a golpes por sus captores.

Si esto ya era demasiado, fueron localizados varios sitios donde se tenían, en calidad de secuestrados, hasta un total de 122 migrantes, quienes viajaban originalmente en vehículos que fueron interceptados por los criminales, uno de ellos un camión de pasajeros.

En resumen, toda la zona estaba siendo empleada para el asalto, el robo de vehículos y el secuestro de ciudadanos mexicanos y de migrantes; había múltiples “casas de seguridad” y edificaciones donde se tenían secuestradas personas por decenas.

Si el gobierno de Guanajuato no interviene y se lanza el operativo con el grupo de helicópteros especializados, toda esta podredumbre no es descubierta, y sencillamente no pasa nada y los criminales siguen operando.

En lo que resulta increíble, por lo menos en los escuetos reportes iniciales del gobierno de San Luis Potosí, no había un solo criminal detenido, cuando se trata de operaciones masivas. Posteriormente han anunciado que tienen a cuatro detenidos, pero no se ha informado qué corporación los detuvo.

Uno de los aspectos más delicados es que el gobernador de San Luis Potosí desde septiembre de 2021, Ricardo Gallardo Córdova, “El Pollo”, literalmente salió de la cárcel para convertirse en candidato a la gubernatura por el PVEM, en alianza con el PT. De 42 años, es un personaje con turbios antecedentes, pero recibió el apoyo de la 4T y ganó la elección, por un estrecho margen, a base de meter carretadas de dinero a su campaña. Va a gobernar hasta 2027.