Por: Eugenia Rodríguez

La masacre de cinco jóvenes y uno más herido de gravedad a manos de militares el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha prendido los focos rojos sobre los riesgos de asignar funciones policiacas al Ejército, cuando sus elementos están capacitados para operaciones de guerra y defensa nacional, no para tareas de vigilancia.

La crónica de la masacre, que ha sido inclusive grabada en parte por vecinos presenciales, así como las declaraciones de Alejandro Pérez, de 21 años de edad, el único sobreviviente (además del joven en estado de coma), y la versión proporcionada por las autoridades militares, indican que el hecho es sumamente grave y preocupante para la seguridad de la población civil y los derechos humanos.

Con la versión de todas las partes, los hechos indican que los 7 jóvenes salieron de un antro en la madrugada del domingo 26 de febrero para dirigirse a sus domicilios, pero comenzaron a ser perseguidos por un vehículo militar que terminó impactándolos en la parte trasera para enseguida comenzar a disparar sobre la camioneta, alcanzando a seis de ellos, dos de los cuales, en la versión de Alejandro Pérez y de algunos vecinos que presenciaron los hechos, fueron rematados con un disparo a la cabeza, cuando estaban ya en el piso y uno de ellos pedía ayuda.

Existe un video que circula en redes sociales donde se puede observar efectivamente a dos de los 7 jóvenes tirados en el piso, ya fuera de la camioneta, muertos por varios disparos.

La versión de los militares, que tardó hasta dos días en emitirse, es que acudieron al antro porque “escucharon unos disparos” y, ya en el lugar, persiguieron a la camioneta Silverado blanca, porque esta supuestamente se dio a la fuga a toda velocidad y, en cierto momento, ya teniéndola al alcance, escucharon “un fuerte estruendo” y entonces comenzaron a disparar sobre el vehículo, matando a cinco de ellos y dejando en estado de coma inducido a un sexto.

Según el propio reporte oficial, ninguno de los jóvenes iba armado y no se encontró en la camioneta ni drogas, ni algún otro elemento o sustancia ilícita, lo que confirma la gravedad de los sucesos. No había delito alguno y tampoco justificación para abrir fuego mortal sobre el grupo de jóvenes.

People beat a soldier near the area where, according to local media, five people were shot dead by Mexican soldiers, in Nuevo Laredo, Mexico February 26, 2023. REUTERS/Jasiel Rubio NO RESALES. NO ARCHIVES

SERAN PROCESADOS POR DESOBEDIENCIA

Los hechos suscitaron una gran indignación entre familiares y vecinos, quienes, al día siguiente, se enfrentaron con un grupo de militares, golpeando al menos a dos de ellos. Ante la presencia de periodistas, de familias e inclusive de Raymundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien pedía ayuda para asistir a una persona de la tercera edad, el grupo de militares accionaron sus armas para dispersar la protesta.

Como en otras ocasiones, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, una política de marcado corte oficialista, emitió un comunicado en el cual exhortaba a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil y a los familiares de las víctimas, a no emitir información sobre los hechos que provocaran una tergiversación de los mismos, cuando su obligación debió ser el realizar una investigación acuciosa y fijar una postura como máximo órgano defensor de los derechos humanos en el país.

El titular de la Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, en reunión del gabinete de seguridad y posteriormente de manera pública, condenó la actuación de cuatro elementos militares, ofreciendo que se abriría un proceso interno, de parte del órgano de justicia militar, para fincar responsabilidades.

En su conferencia mañanera, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó los hechos y manifestó que se haría justicia, pues ya no se estaba en los tiempos de “mátalos en caliente”, pero el tema no se ha vuelto a tocar.

Finalmente, la Sedena ha informado oficialmente que ya están sujetos a proceso 4 militares, ante la Fiscalía General de Justicia Militar, acusados del delito de desobediencia, que, de acuerdo al código de justicia militar, se castiga con una pena de uno a dos años de prisión.

Por su parte, el ministerio público federal, dependiente de la FGR, abrió también una carpeta de investigación por los posibles delitos de homicidio y daños, pero dado el poder que tiene en el presente gobierno la institución militar, se pronostica que la sanción que este imponga será la que castigue a los militares responsables de la masacre. Uno a dos años de prisión.