Por: Álvaro González

El sur de México se ha ido relegando cada vez más en su desarrollo con respecto a regiones como el norte y el bajío, al grado de que hoy estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero están en peores condiciones que hace tres o cuatro décadas, lo que ha provocado un delicado desequilibrio en el desarrollo del país. Pero esto no es responsabilidad de aquellas regiones que han avanzado de forma mucho más acelerada y se han esforzado en impulsar sus economías y niveles de bienestar.

Hasta ahora ningún gobierno federal ha tenido la capacidad de impulsar un proyecto viable para lograr el desarrollo de los estados del sur. Todos los programas y proyectos han sido fallidos, y no de ahora, sino desde el periodo postrevolucionario. Ni el cardenismo, ni el desarrollo estabilizador, ni el echeverrismo, ni el salinismo, ni los gobiernos panistas, ni siquiera el lopezobradorismo han podido hacer que estos estados salgan del atraso en que se encuentran.

A finales del periodo salinista, en 1994, en el que se logró un gran impulso a la industrialización y a la infraestructura del país, en Chiapas surgió un singular movimiento armado, denominado como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que propuso la vía armada para reclamar los derechos de los pueblos indígenas y el autogobierno de los mismos, con base en sus usos y costumbres.

Quien haya sido la cabeza real de este movimiento pudo haber tenido la buena intención de plantear una lucha social en pro de la justicia, pero, casi 30 años después, los resultados han sido totalmente contrarios para el desarrollo y el bienestar de las comunidades indígenas de Chiapas y, en general, del sur del país.

Esas comunidades se han quedado aisladas, sin integrarse al resto del país. La vía de la violencia, aunque solo fuera en parte simbólica, distanció cualquier posibilidad de atraer inversionistas y emprendedores privados, inclusive bloqueó la posibilidad de programas gubernamentales que fueran viables para introducir infraestructura y servicios públicos.

En esos mismos 30 años el norte y el bajío de México han aprovechado el TLC para impulsar un proceso de industrialización muy importante, lo que también ha impulsado el desarrollo del sector de los servicios, el comercio, la agricultura e inclusive el turismo.

Coahuila, cuyos recursos naturales son muy limitados, en especial su disposición de agua, ha logrado un crecimiento industrial notable, integrándose a sectores muy modernos de la economía estadunidense, al plantear las condiciones adecuadas para la inversión de capital nacional y extranjero, cuando, gran parte del siglo pasado, el estado había tenido una economía más bien modesta en relación al resto del país.

Lo que ha pasado en los estados con mayor desarrollo no ha sido por generación espontánea, sino el resultado de mucho trabajo, de políticas públicas adecuadas y de un ambiente sociopolítico que ha alentado el emprendimiento, la inversión privada nacional y extranjera y el desarrollo de la infraestructura.

SIN ENCONTRAR LA VOCACIÓN ECONÓMICA

Solo tomando como referencia el factor político, Coahuila, con el tercer territorio en extensión del país, tiene sólo 38 municipios, que resultan suficientes, y está dividido en 16 distritos, que cubren las cinco regiones. Las distancias son enormes, pues sólo entre sus dos ciudades más importantes (Saltillo y Torreón) hay casi 300 kilómetros, mientras que de Saltillo a Ciudad Acuña hay más de 600 kilómetros de distancia, pero el estado se encuentra políticamente integrado.

Oaxaca tiene 8 regiones geográficas y culturales, lo que resulta ya todo un esfuerzo de integración, pero lo insólito es que tiene 570 municipios y 30 distritos, repartidos en 11 mil comunidades. De estos 570 municipios, 417 se rigen por un sistema de usos y costumbres también llamado Sistemas Normativos Indígenas, y solo 153 municipios por un régimen de partidos políticos.

Este sistema de usos y costumbres permite la conservación de la cultura indígena ancestral, su folklore, su arte, sus tradiciones, su identidad, pero también incluye elementos tan negativos como un arraigadísimo machismo que somete a mujeres y niñas a una violación constante de muchos de sus derechos fundamentales.

Este sistema dificulta sobremanera el paso a un sistema político moderno y democrático, creando un complejísimo entramado que empeora con una serie de cacicazgos que manipulan el indigenismo y la ya de por si complejísima división política. El peor de estos cacicazgos es el de los sindicatos magisteriales.

Todo esto no ayuda en nada a desarrollar una economía más eficiente, moderna y productiva, a través de la micro y pequeña industria. Gran parte de la agricultura y de la actividad agropecuaria opera sobre la mera sobrevivencia, mientras que el índice de industrialización es bajísimo.

El turismo sólo se ha desarrollado en Yucatán y Quintana Roo e, inexplicablemente, el enorme potencial agrícola y pecuario, con grandísimas reservas de agua y climas propicios a la fruticultura, por citar sólo un ejemplo, sigue sin encontrar un desarrollo moderno, orientado al abasto nacional y a la exportación a gran escala para la exportación.

Estados como Sonora y Sinaloa han desarrollado un sector agrícola moderno y de muy alta productividad, pero esto no es un referente para las economías agrícolas de sobrevivencia del sur del país.

Los indicadores económicos muestran contrastes dramáticos. Coahuila aporta el 3.6% del Producto Interno Bruto nacional, mientras que Oaxaca aporta apenas el 1.6%, Chiapas el 1.5% y Guerrero el 1.4%. Nuevo León, con el 8%, aporta por sí solo más que todo el sur del país.

En población, Coahuila tiene 3 millones 147 mil habitantes; Oaxaca 4 millones 132 mil; Chiapas, que es el más pobre, acumula 5 millones 543 mil y Guerrero 3 millones 540 mil habitantes, con datos del último censo del INEGI actualizado a 2020.

La economía de Coahuila tiene un sector industrial que representa un 47.2% del total, por encima del promedio de todos los estados, en tanto que los estados del sur tienen el índice nacional más bajo de industrialización.

El norte de México aporta el 30% de Producto Interno Bruto, en tanto que todo el sur aporta apenas el 11.7%, pero esto sumando a Tabasco y Campeche que registran en sus estados la producción petrolera nacional, junto con el sur de Veracruz.

Como se mencionó anteriormente, Nuevo León, con el 8%, aporta más al PIB que Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo juntos, que suman apenas el 7.3% del PIB nacional.

El problema más crítico es que no existe un plan de desarrollo integral y sustentable para el sur del país, ni por parte de los anteriores gobiernos ni por parte del actual, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador sea tabasqueño y esté volcado políticamente hacia el sur.

La obra del llamado Tren Maya, que hasta ahora tiene una inversión anunciada de hasta 400 mil millones de pesos y podría ascender, al igual que la refinería de Dos Bocas, ubicada en el estado de Tabasco, con una inversión casi similar, son las dos más grandes obras que dejará este gobierno. Sin embargo, el Tren Maya, en la opinión de todos los expertos, es un gigantesco derroche de recursos que impactarán muy poco en el desarrollo de los estados de la región maya.

La refinería de Dos Bocas es otra obra suntuaria cuya rentabilidad es seriamente cuestionada, pero que tampoco aporta al desarrollo de la región sur del país al corto, mediano y largo plazo.

En contraste con este derroche de recursos en obras suntuarias que, junto con el aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México, ascienden a más de un billón de pesos, la inversión pública en la infraestructura de los estados del norte del país ha sido, en términos reales, mínima.

Con gran atraso y a riesgo de no terminarse, para los estados de Coahuila y Durango se realiza una obra como la de Agua Saludable para La Laguna, con una inversión aproximada de 11 mil millones de pesos, pero con un flujo de dinero a cuenta gotas. Por lo demás no hay ninguna otra obra de infraestructura que pueda mencionarse en el estado de Coahuila, que ha sufrido drásticos recortes en las asignaciones provenientes del presupuesto federal.

Lo mismo está sucediendo en estados como Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y el emergente San Luis Potosí.

El discurso y la tónica han sido el populismo, que repite una y otra vez la opción por los pobres y la lucha contra la pobreza en el sur del país, derramando programas clientelares, que se realizan a través de transferencias de dinero en efectivo, con lo que se ganan elecciones, pero que están completamente distanciados de políticas de fomento real al desarrollo económico, de acuerdo a la vocación potencial de cada estado.

Con la sola inversión de los 400 mil millones de pesos que se gastarán en el Tren Maya, se pudo haber impulsado una infraestructura orientada al fomento real de la economía y de los servicios básicos, pero no se escucha la voz de quienes realmente saben de economía y de microeconomía. Ni tan siquiera se ha escuchado la voz de las comunidades indígenas, mucho menos la voz de las organizaciones ambientalistas, sino la de los caciques políticos.

El sexenio concluirá y la brecha entre el norte y el sur del país se profundizará en términos reales de desarrollo, en lo que es la problemática más delicada del país desde el punto de vista social y económico.