Por: Gerardo Lozano

Los gobiernos se quejan con frecuencia de que la recaudación de impuestos en México es baja, por lo que no hay recursos suficientes para cubrir los servicios públicos, pero en realidad el ciudadano paga, año con año, prácticamente todos los servicios públicos que se le obliga a pagar, cuando muchos de ellos los recibe de forma deficiente o, sencillamente, no los recibe.

Además del pago de los impuestos que se realiza a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como el ISR, el IVA y otros indirectos pero gravosos (como el impuesto a la gasolina, el cobro de cuotas en autopistas, el cobro aeroportuario y la mayor parte de los trámites administrativos, como pasaportes, licencias, etc.), el ciudadano tiene que realizar, a nivel municipal, una gran cantidad de pagos que se han ido anexando a servicios básicos, mientras que los gobiernos estatales realizan, entre otros, cobros que están fincados en el uso del automóvil, un cobro que es muy bajo en la mayor parte de los países desarrollados.

En nuestro caso, a nivel municipal, el primer impuesto y el más importante que se cobra es el denominado como el predial, que es un impuesto fincado en el hecho de poseer una casa o un bien inmueble.

El problema es que a este impuesto básico se le han ido sumando una serie de cobros, varios de ellos injustificados. Actualmente los cobros anexados al impuesto predial son los del centro histórico, protección civil, DIF municipal, bomberos y, los dos más altos, pavimento y limpieza.

En el recibo de pago del servicio de agua potable hay que pagar adicionalmente el uso del drenaje, y en el pago del recibo del servicio de energía eléctrica se debe pagar el llamado DAP, derecho de alumbrado público, que por cierto no es nada barato.

Así que un ciudadano paga prácticamente por todo: por tener una casa, por el pavimento, por el alumbrado público, por el uso del drenaje, por una posible contingencia ambiental, por si hay un incendio en la ciudad, por la recolección de basura, por si el DIF municipal le presta un servicio, por tener una zona deteriorada y negligentemente desatendida de la ciudad que se denomina centro histórico, del cual sólo se benefician un grupo de comerciantes y prestadores de algunos servicios.

El problema es que si se paga por el servicio, se debería de recibir, y de buena calidad, pero ése es el problema: muchos de los servicios pagados se dan de forma deficiente o sencillamente no se dan.

Hay una gran cantidad de calles, aún en colonias de nivel medio, donde el pavimento se encuentra en mal estado. Tenemos sectores de la ciudad con problemas serios en el servicio de drenaje y, en general, la ciudad no tiene un sistema de drenaje pluvial, por lo cual hay inundaciones cada vez que cae una lluvia torrencial, lo que sucede allá de vez en cuando, pero sucede.

LLENOS DE PAGOS ADICIONALES

Todo el llamado centro histórico luce en mal estado y, por lo menos hasta el gobierno de Jorge Zermeño Infante, todo lo recaudado bajo este impuesto fue desviado o se cometieron corruptelas. Es un cobro cuya fundamentación es bastante cuestionable, pues, a diferencia de las ciudades coloniales, que sí tiene un patrimonio arquitectónico que cuidar, en el caso de ciudades como Torreón el patrimonio es escaso y, de lo poco que había, casi todo ha sido ya arrasado en el siglo pasado o está abandonado por desinterés de las administraciones.

En el caso de impuestos como el del pavimento y el de limpieza, se trata de cantidades significativas, no de cualquier cantidad simbólica. Una vivienda de tipo medio paga por el impuesto de pavimento cerca de 500 pesos anuales, mientras que el cobro por limpieza asciende a un promedio cercano a los 1,200 pesos anuales. Esto hay que multiplicarlo por el total de vivienda que existen en el municipio, lo que genera recaudaciones importantes.

A todos estos impuestos básicos hay que sumar todos los cobros que realiza el gobierno municipal por los trámites que ofrece, más otros ingresos adicionales. Sólo por multas de tránsito y vialidad en el municipio de Torreón se recaudaba, con números del gobierno municipal anterior, un promedio de 52 millones de pesos anuales, y se supone que es sólo eso: un ingreso adicional que, en teoría, no debería tener fines recaudatorios.

Todos estos impuestos son los denominados ingresos propios, pero a esto se debe de sumar las participaciones estatales y federales, que conforman el grueso de los ingresos de un municipio.

El año pasado el municipio de Torreón tuvo un presupuesto de ingresos por 2 mil 880 millones de pesos, pero un recorrido por las páginas de transparencia, que están a disposición de cualquier ciudadano, muestra que la mayor parte de todo el presupuesto se destina al pago de una enorme nómina burocrática y a los servicios que ésta conlleva.

Con el paso de las décadas, la burocracia gubernamental ha ido engordando, hasta volverse una estructura obesa y sumamente costosa, que tiene hasta dos sindicatos, un fondo de pensiones cada vez más costoso y una productividad muy cuestionable.

En contraste, el monto de inversión en obra pública directa municipal es muy modesto, en proporción de lo que se ingresa, y ésta es una tendencia que se ha ido acentuando con el paso de las décadas, lo que repercute en la infraestructura de que dispone la ciudad y, como consecuencia, tiene un impacto muy importante en la calidad de vida que tienen sus habitantes.

En suma, se paga por todo, pero no todo se recibe y lo que se recibe suele ser deficiente.