Por: Gerardo Lozano

El Ejército y la Marina siguen siendo las instituciones con una mayor aprobación por parte de los mexicanos (68%), debido en buena medida a que han sabido cuidar su imagen, al bajo perfil que manejaban y a la lucha en contra del crimen organizado. Pero esto podría cambiar drásticamente a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, sacándoles de su función institucional, les está confiriendo un poder enorme, trasladándoles tareas que son propias del Estado y, en consecuencia, de civiles.

Ante la incapacidad de los gobiernos federal, estatales y municipales de contar con cuerpos policiacos capacitados, eficientes, bien pagados y equipados para combatir cualquier tipo de criminalidad, los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto sacaron el ejército a las calles y le dieron tareas de policía, cuando las fuerzas armadas no están capacitadas para ello, lo que propició que el crimen organizado y la delincuencia en general alcanzaran niveles históricos.

Después de la sangrienta experiencia de la llamada “guerra contra el narco” en el gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto debió impulsar un amplio y eficiente plan de seguridad, presionando a los estados y municipios para desarrollar sus propias policías, al mismo tiempo que debió estructurar una verdadera policía federal, con cuerpos de expertos al más alto niveles para tareas especiales, como el combate al narcotráfico.

Lejos de hacer esto, se fue por lo fácil: seguir manteniendo al ejército en las calles. Lo mismo hicieron la mayoría de los gobernadores al recargarse en el apoyo que les podía brindar el ejército. Esto no funcionó y el crimen siguió creciendo o se mantuvo en los mismos niveles del sexenio anterior.

En su campaña electoral, AMLO aprovechó la problemática de la seguridad para prometer que él, como presidente, regresaría el ejército a los cuarteles y crearía una guardia nacional, que sería una policía civil, con jurisdicción en todo el país.

Cuando llega al poder crea la llamada Guardia Nacional, pero integrada en su gran mayoría por militares y sólo en una parte menor con elementos de la desaparecida policía federal, los que comienzan a ser despedidos u hostigados para que renuncien. El mando de la Guardia Nacional se le confía a un general.

No se presenta un proyecto serio y avalado por expertos sobre cómo se le iba ir dando forma a la Guardia Nacional, compuesta por un poco más de 100 mil elementos. Se trataba, en teoría, de crear una institución policiaca especializada, eficiente y libre de corrupción, pero en casi cuatro años no se hizo nada. La Guardia Nacional operó, en la práctica, como parte del ejército, sólo con un uniforme un poco diferente.

En este año, violentando la constitución, la Guardia Nacional ha pasado a ser parte del ejército, con lo cual se da una militarización inédita en el sistema político mexicano postrevolucionario.

El paso de la Guardia Nacional al ejército se da de manera improvisada, otra vez, sin fijar una hoja de ruta para estructurar una institución policiaca, no el ejército en las calles y haciendo tareas policiacas sin estar capacitado para ello.

EL BRAZO ARMADO DE LA 4T

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ido mucho más allá de sólo militarizar la policía federal del país. Aprovechando el prestigio del que gozaba y de su estructura vertical, de absoluta obediencia, AMLO decide convertir al ejército y la marina en su brazo derecho, trasladándoles toda una serie de funciones y de poder que nunca habían tenido, hasta hacerlos aparecer como indispensables para el funcionamiento del país.

Así el ejército ha pasado a construir aeropuertos como el Felipe Ángeles y el de Tulum, a manejar el sistema de aeropuertos del país. Posteriormente se le han entregado las aduanas a nivel nacional, la construcción y el usufructo del llamado Tren Maya, “para que luego los gobiernos que vienen no lo vayan a querer privatizar”. Se le encomiendan el manejo de los viveros del programa “Sembrando vida”, la construcción de los Bancos del Bienestar, entre varias tareas más.

En el caso de la Guardia Nacional se le permite al ejército elaborar la propuesta de ley, que presenta al Congreso y al Senado a través de la Secretaría de Gobernación, algo que jamás había sucedido, lo cual violenta las atribuciones de los tres poderes que conforman el Estado mexicano, pues el ejército no tiene esa facultad.

Parece claro que el gobierno de López Obrador ha decidido respaldar su proyecto político, cualquiera que éste sea y al que denomina como la Cuarta Transformación, con la participación militar, ampliando cada vez más el poder de la misma

Lo último ha sido la decisión de crear una línea aérea comercial del ejército, lo que legalmente se supone que no es posible, porque no pueden ser al mismo tiempo operadores de los aeropuertos y tener una línea aérea, algo que está también fuera por completo de sus funciones.

Y ha comenzado a suceder lo que se temía: el ejército se ha comenzado a sentir empoderado, arrogante, para no tener que rendir cuentas ni de sus obras, ni de los enormes presupuestos que está manejando, ni de sus errores.

A raíz del escándalo de Guacamayas Leaks o Sedena Leaks, en el cual un grupo de hackers pirateó los archivos de la Sedena, copiando millones de documentos y creando un grave problema de seguridad nacional, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados invitó al secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, a acudir a la cámara para explicar lo que sucedió, por qué sucedió, qué consecuencias tendrá y qué medidas se adoptarán

El general les indicó que sólo aceptaba la reunión si ésta se llevaba a cabo en las instalaciones militares, es decir la Comisión de Defensa debía ir a su oficina, pero después sencillamente determinó que la SEDENA no proporcionaría ninguna información, cuando tiene la obligación de hacerlo, más tratándose de algo tan grave.

Buscando mediar, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió a los medios para tratar de justificar la actitud del general, afirmando que el diputado Sergio Barrera Sepúlveda, de la Comisión de Defensa, le había mandado a Crescencio Sandoval una carta “irrespetuosa”, lo cual es una mentira. El documento se hizo público y muestra que está planteado con toda corrección.

Guacamayas Leaks fue una operación que, en la opinión de los expertos, no se pudo haber llevado a cabo sin una colaboración de personal interno de la propia SEDENA.

De los millones de documentos se han comenzado a filtrar una parte todavía muy pequeña, pero ésta refleja que los asuntos internos del ejército no corresponden a la imagen pública de la cual goza, mientras que algunos expertos internacionales se muestran sorprendidos del bajo nivel de los servicios de inteligencia de la SEDENA, entre otras conclusiones que han comenzado a generarse, en el inicio de la filtración de Guacamayas Leaks.