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Zermeño y Ecoagua: gigantesco fraude a Torreón

Coahuila / Especiales / Especiales Principal / Slider / 9 octubre, 2022

Por: Rodrigo Tejeda

A un mes y medio de que terminara su primer periodo como presidente municipal, el 12 de noviembre de 1999, Jorge Zermeño Infante fraguó el que es tal vez el más importante fraude que se ha cometido en contra del erario público de Torreón: el otorgamiento de la concesión de la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad, sin que hasta la fecha se le finque responsabilidad alguna.

Con prisas por la finalización del gobierno, el 12 de noviembre se reunieron los concesionarios y el entonces gerente de SIMAS, Juan José Gómez Hernández, en el ya desaparecido restaurante La Masía, ubicado en el boulevard Independencia, y ahí, sobre las rodillas, firmaron un contrato de concesión, que se volvería un fraude de cientos de millones de pesos en el transcurso de los próximos 18 años.

Era tal la prisa, que en la foja final hay borrones de los nombres de los representantes de las empresas y se omite la dirección de la concesionaria, pues ésta sólo existía en el papel, según consta en la copia completa de dicho contrato en posesión de Revista de Coahuila.

La empresa que ha dado la cara y aparece como aparente beneficiaria principal: ECOAGUA, es una empresa fantasma que no tiene dirección en Torreón ni en ninguna otra parte, y fue creada para el propósito.

Las empresas firmantes del contrato fueron ECOAGUA DE TORREON SA de CV, FYPASA CONSTRUCCIONES SA de CV e INDUSTRIAS DEL AGUA SA de CV.

El financiamiento de la construcción de la planta sería de la siguiente manera: capital de riesgo ECOAGUA, 70 millones 212 mil pesos (34%); aportación FIMBRA BANOBRAS, 59 millones 887 mil pesos (29%); aportación CONAGUA, 13 millones 710 mil pesos (7%); financiamiento BANOBRAS a ECOAGUA, 61 millones 735 mil pesos (30%); lo que hacía el total del 100%.

Con una aportación directa de apenas el 34%, ECOAGUA y las empresas que estaban detrás de ella se hicieron de una concesión a 18 años y 5 meses de garantía, con un pago inicial promedio de 3 millones de pesos mensuales por parte de SIMAS, lo que daba un total de 666 millones de pesos; un negocio descomunal.

Apenas firmado el contrato de concesión, la CONAGUA dio a conocer que no haría la aportación comprometida, debido a que el concurso se había declarado desierto y la asignación del contrato no era válido, por lo que retiró la aportación. BANOBRAS, por razones que orientan hacia un trato de corrupción, dio por válido el contrato, pero sus aportaciones fueron a fondo perdido, lo que hace todo aún más anómalo. ¿Por qué el gobierno municipal no hizo de manera directa la obra?

Para el pago de la concesión se le incrementó el cobro del agua un 25% más a los usuarios que consumieran arriba de 30 metros cúbicos de agua al mes, con lo cual el fraude fue directamente en contra de la ciudadanía.

Para colmo, desde su planeación y construcción la planta tratadora era ya obsoleta, al utilizar una tecnología vieja, que genera una mala calidad en las aguas tratadas, las cuales no se pudieron vender sino a un precio simbólico para uso agrícola, pero además en esa venta hay anomalías desde el inicio de la operación de la planta a principio de la década del 2000.

La recuperación por la venta de agua ha sido mínima y las condiciones de la planta, con el paso de los años, se fueron deteriorando cada vez, cargando a SIMAS el financiamiento de una planta obsoleta y muy costosa.

PEÑOLES PROPIETARIA DEL 90%

Cuando hay carnada, acuden los grandes lobos, y la planta tratadora era un gran negocio adquirido a precio de ganga. Apareció entones el gran lobo menos esperado: Peñoles, quien se hizo propietaria del 90% de las acciones de la planta tratadora, al menos por los años en que la consideró como rentable.

La empresa Industrias del agua, SA de C.V, cuyo apoderado general, Michael Philip Jones Taylor, firmó el contrato en 1999, era propiedad a su vez de la empresa Azurix, la cual formaba parte del gigante ENRON, que comenzó a tener serios problemas en la prestación de sus servicios a nivel mundial, así que Azurix tuvo que rematar la mayoría de sus proyectos y aparece entonces Peñoles, quien compra a precio de ganga el 90% de los derechos, quedando el restante 10% en propiedad de Fypasa, como encargada de la construcción de la obra.

Otra versión, no confirmada, es que se dio simulación desde el principio y Peñoles ya era la propietaria real de la planta.

Entrevistado en enero de 2004 vía telefónica desde la Ciudad de México, el ingeniero Adrián Guerrero Medina, representante de la gerencia BOT de Peñoles (por sus cifras en inglés, Gerencia de Construcción, Operación y Transferencia), aseguró que “ECOAGUA es solamente operador, un prestador de servicios que representa a los capitalistas que le maquilan a SIMAS”, añadiendo que “ECOAGUA concursó la obra con participación económica de los tres niveles de gobierno -debido a que el agua es un bien nacional-, y con capital privado. La recuperación se da vía pago de contrato de prestación de servicios a través de SIMAS y se factura cada mes”.

Aunque el concurso de licitación fue ganado con un presupuesto de 179 millones de pesos, ya desde su gobierno Guillermo Anaya Llamas reconoció que el costo final de la obra fue de 272 millones de pesos, casi 100 millones de pesos más del presupuesto original, toda la diferencia cargada a los gobiernos.

En los años siguientes Peñoles se asocia con la empresa suiza Suez Environnement y se crea BAL-ONDEO, de acuerdo con la información aparecida en el internet en el 2010, publicada de forma oficial.

El grupo SUEZ a su vez entra en alianza con la organización multilatina GRUPO EPM (Empresas Públicas de Medellín).

Pese a estas relaciones, todo orienta a que ECOAGUA  sigue siendo propiedad del grupo Peñoles, y ECOAGUA es una figura de papel que sigue sin tener domicilio en Torreón ni en ninguna otra parte; una empresa fantasma, más ahora que ha surgido la controversia.

EL LITIGIO SIMAS-ECOAGUA

En el 2014 inicia en Torreón una nueva administración municipal, con Javier Herrera como gerente de SIMAS, y se revisa la situación de la planta tratadora de aguas residuales, la cual, en la opinión del gerente técnico, Raymundo Rodríguez, era un desastre y se encontraba, literalmente, en el abandono, con un costo cada vez más oneroso para el SIMAS.

Se toma entonces una decisión muy delicada: suspender los pagos a la empresa ECOAGUA y presentar una demanda para dar por terminado el contrato de forma anticipada por incumplimiento del mismo, lo cual era técnicamente comprobable con sobrados argumentos.

Debido al nivel de los propietarios reales de la concesión, donde ECOAGUA sigue apareciendo sólo como una figura, se decide la contratación de un despacho prestigiado de la Ciudad de México, denominado Nassar Nassar Asociados, firmando un contrato sobre una base de 634.2 millones de pesos, formados por 179.4 millones de pesos facturados y no pagados, más 454.7 millones pendientes a devengar por la empresa concesionaria.

Se pactan honorarios sobre esa base del 8.5% a cobrarse durante el proceso y una comisión de 8.5% al obtener resultados favorables. El costo sería de 44.8 millones de honorarios, más un millón de pesos para el abogado Víctor Ortega.

En la opinión del medio de la abogacía esta cantidad de honorarios fue demasiado alta y no debió pagarse sobre esa base, sino solamente sobre los 179.4 millones. Otras opiniones contrastan y afirman que el caso era muy delicado y requerían los servicios de un despacho muy competente, en consecuencia caro, que garantizara resultados.

Se abrieron varios procesos: juicio de amparo por recisión anticipada de contrato, recurso de arbitraje promovido ante el Centro de Arbitraje de la Ciudad de México y un juicio mercantil, en el juzgado sexagésimo segundo de la Ciudad de México, donde se reclamaban los 160 millones de pesos por facturación atrasada.

Nassar Nassar Asociados ganó el juicio principal de amparo por la posesión de la planta tratadora, dejando sin efecto el pago de 434 millones de pesos y medidas del juicio arbitral. Restaba la parte final, pero se consideraba que había todos los elementos para ganar el juicio, pero el tiempo se le terminó a ese gobierno y, de manera paradójica, volvió a llegar al gobierno municipal precisamente el panista Jorge Zermeño Infante y, como gerente del SIMAS, Juan José Gómez, nada menos que el mismo que había firmado el contrato original, por órdenes de Zermeño Infante.

EL REGRESO DE ZERMEÑO: AUMENTA EL FRAUDE

Sin consultarlo siquiera con el consejo de SIMAS, Jorge Zermeño canceló los servicios de Nassar y Nassar Asociados y contrató al abogado Alberto Romero Castañeda, un abogado local, controvertido en el medio de la abogacía, pero allegado a Zermeño Infante.

No era la decisión correcta pero el nuevo alcalde, a partir de 2018, declaró a los medios: “Yo no quiero seguir con el despacho Nassar por lo caro que ha cobrado, porque no ha ganado el pleito, porque está todavía sui juris”.

Ya tomada la decisión, lo cual fue con pleno conocimiento de causa, si se considera que Zermeño Infante es abogado, el Consejo Directivo de SIMAS votó la contratación de Romero Castañeda, con 7 votos a favor, 1 en contra y seis abstenciones, lo que evidenció que la mitad del consejo no veía bien la decisión, pero fue omiso y, por tanto, responsable.

De entrada, se le pagaron a Romero Castañeda 2 millones de pesos, como honorarios, gastos, viáticos y estudio de los litigios.

Se pactó el 6% de honorarios, en caso de ganar sentencia, sobre una base de 160.9 millones de pesos, que era el importe estimado de la facturación no pagada a ECOAGUA y reclamada por ésta.

Romero Castañeda se encargó, o más bien debería de haberse encargado, de dar seguimiento al amparo por actos de inconstitucionalidad presentado ante la SCJN, para modificar el monto de reconocimiento de adeudo a cuenta de prestaciones por parte del SIMAS.

Inexplicablemente el caso se perdió por fallo emitido el 3 de julio de 2019, y SIMAS fue condenado al pago de 160 millones de pesos, más el 10% por concepto de intereses moratorios. Adicionalmente, de acuerdo a la sentencia publicada en la internet, se debe cubrir el pago de los componentes establecidos en el contrato de concesión, referentes al mantenimiento y operación de la planta.

La sentencia, además de los 160 millones de pesos, representa un quebranto aproximado de 400 millones de pesos, lo que está fuera de las posibilidades de la paramunicipal cubrir y es, históricamente, el quebranto más grande que ha sufrido.

Entre 2018 y 2020 el despacho de Alberto Romero Castañeda recibió dos pagos por 2 millones 500 mil pesos por el caso ECOAGUA, porque, pese a lo sucedido, hay registros de que, además del pago inicial recibió otros 2 millones 500 mil pesos por otro tipo de servicios prestados al SIMAS; un total de 5 millones de pesos.

El gran cuestionamiento es si Jorge Zermeño contrató este despacho para ganar o para intencionalmente perder el caso, ya que en el proceso de entrega-recepción de 2021 se encontraron graves anomalías, que llevaron al nuevo gerente de SIMAS, Lauro Villarreal, a declarar: “El juicio se llevó a cabo con todo dolo; muchas veces no se acudió a las audiencias y pensamos que, con cierta ingenuidad o con cierta intención, se dejó perder el juicio”.

La ingenuidad, en este caso está descartada.

¿POR QUÉ NO SE MENCIONA A PEÑOLES?

Las cosas comenzaron a complicarse desde 2021, pues de acuerdo a uno de los apartados del contrato, entró en vigencia un crédito de contingencia con MULTIVA, considerado para el caso de incumplimiento, por lo cual se le comenzaron a descontar al ayuntamiento de Torreón 6.5 millones de participaciones federales. De abril a diciembre de 2021 se descontaron 58.2 millones de pesos, y todo ello fue ocultado a la opinión pública.

El ayuntamiento interpuso el amparo 842/2021 y el 6 de julio obtiene a favor la suspensión definitiva, por parte del juzgado sexagésimo segundo de lo civil de la Ciudad de México, pero hasta abril de 2022 no se había ejecutado la resolución.

Los trasfondos del caso son sumamente delicados, pues Jorge Zermeño Infante tenía un conflicto de intereses, ya que él fue quien otorgó la concesión a ECOAGUA y bajo cuyo mandato había elementos que señalan anomalías en el manejo del juicio, con el propósito de perderlo y salvar los intereses de ECOAGUA, que son realmente los intereses de la poderosa empresa metalúrgica PEÑOLES, con la cual había contraído el compromiso.

De esta forma PEÑOLES salva sus intereses económicos, después de que la planta tratadora, de acuerdo a los estudios técnicos, era un enorme fraude al momento de ser requisada por el ayuntamiento, y aun mucho antes de ello, pero ahora se cobrarían intereses por 400 millones de pesos aproximadamente, en lo que es un caso escandaloso de corrupción, en el cual aparece como directamente implicado Juan José Gómez, quien firmó originalmente el anómalo contrato y bajo cuya gerencia, coincidentemente, se perdió el juicio en contra de ECOAGUA, cuyo membrete debería de dejarse de usar y hacer mención a las empresas que están realmente detrás del contrato.

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Redacción




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