Por: Gerardo Lozano

    “El terrorismo se define comúnmente como actos de violencia

dirigidos en contra de civiles, procurando objetivos ideológicos o políticos”

                                                                              -Organización de las Naciones Unidas, ONU

El ala dura de la política norteamericana sostiene que las grandes organizaciones del crimen organizado en México, conocidas como cárteles, deben ser clasificadas como organizaciones terroristas y combatidas como tales, en tanto que el actual gobierno mexicano se niega a darles este calificativo y minimiza actos que están destinados, de forma directa, a provocar terror entre la población civil.

¿Hay o no terrorismo en México? Los expertos coinciden en que es evidente el uso de terror por parte del crimen organizado, lo que se ha evidenciado de forma más clara en los últimos años, donde se genera violencia con el evidente propósito de inhibir la acción del estado en contra de ciertas poderosas organizaciones, algo que, lamentablemente, se está logrando.

El pasado 9 de agosto se dio lo que se puede considerar, objetivamente, como una semana de terror en varios estados del país.

En el poblado de Ixtlahuacán del Río, en Jalisco, se dio un enfrentamiento entre las fuerzas del ejército y un grupo de sicarios del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

En la versión oficial, se detectó una reunión de jefes regionales de la organización, entre ellos el “Doble R” y “El Apá”, lo que motivó el enfrentamiento, pero estos no fueron detenidos.

En una versión fincada en investigaciones periodísticas, se trató realmente del descubrimiento de un campo de adiestramiento militar de sicarios, en donde fueron detenidos 6 criminales, uno de ellos un familiar cercano a Nemecio Oseguera, alias “El Mencho”, máximo líder del CJNG.

De inmediato el CJNG lanzó un operativo en la zona metropolitana de Guadalajara, especialmente en el municipio de Zapopan, y en 10 municipios de Guanajuato, la mayoría de ellos ubicados al sur del estado.

Decenas de sicarios, organizados en comandos, ametrallaron e incendiaron 29 tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo y arrebataron a particulares 23 vehículos, entre ellos camiones de pasajeros, los que fueron usados para bloquear vialidades estratégicas, prendiéndoles fuego. Los actos de terror se prolongaron por toda la noche del martes y la madrugada del miércoles 10 de agosto.

No hay datos precisos de cuántos detenidos hubo y se registró la muerte de al menos dos civiles, pero al día siguiente muchas actividades fueron suspendidas en los municipios afectados, como clases y operación de comercios.

El objetivo de sembrar el terror entre la población civil se logró de forma muy exitosa.

CIUDAD JUÁREZ: 11 MUERTOS

En la misma semana se registró un motín en una de las cárceles de Ciudad Juárez, por un enfrentamiento entre la organización delincuencial de los Mexicles y Los Chapos, que dejó 2 muertos y 20 heridos, pero lo que sucedió después fue una ola de terror dirigida hacia la población civil.

Comandos de sicarios recorrieron las calles de la ciudad disparando en contra de civiles, al azahar. Fueron masacrados 9 civiles, sin hacer inclusive distinción de sexo, entre ellos cuatro miembros de un grupo radial local que realizaban la transmisión de un programa especial en vivo.

Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno intervino. Al día siguiente la ciudad amaneció desierta, literalmente paralizada por el terror. Tuvieron que transcurrir varios días para que la vida ordinaria se restableciera.

No hay una explicación clara del porqué se atacó a la población civil, pues hay un trasfondo que sólo la autoridad gubernamental conoce, lo mismo que el mensaje que fue enviado a través de la masacre.

Para cerrar esta semana de terror, una organización criminal, que las autoridades inclusive no precisaron, secuestró vehículos particulares en forma simultánea en las ciudades de Baja California Norte: Tijuana, Mexicali, Rosarito, Tecate y Ensenada; obstruyó avenidas estratégicas con vehículos y les prendió fuego.

No hay una versión documentada del porqué el crimen lanzó este operativo, pero lo cierto es que sembró el terror entre la población civil.

Algo muy similar ocurrió en el estado de Zacatecas, en la última semana de agosto del presente año.

INTIMIDAR AL ESTADO

Coahuila tiene un historial de terrorismo cometido por los carteles de la droga, especialmente en el periodo de 2007 a 2011, donde se perpetraron varias masacres en contra de civiles, al atacar comandos armados centros de diversión y bares en ciudades como Torreón, donde fallecieron decenas de jóvenes.

La cubertura de estos hechos fue muy limitada, precisamente debido al ambiente de terror que sembraron en toda la sociedad civil y ante la pasividad de todas las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En diciembre de 2019, un comando del llamado Cartel del Noreste, que tiene su centro de operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, integrado por 130 sicarios que se transportaban en 25 vehículos, se introdujo a Coahuila y atacó la cabecera municipal de Villa Unión, en el norte del estado, en lo que era un operativo de terrorismo, pero fueron repelidos por las fuerzas armadas del estado, el ejército y la Guardia Nacional, con un saldo de 4 policías y al menos 11 sicarios fallecidos; 10 más detenidos y 21 “halcones” también detenidos.

Es el operativo más grande lanzado por el crimen organizado en contra de una población civil, pero en este caso fue enfrentado y disuelto por las fuerzas públicas, siendo con esto Coahuila una excepción a nivel nacional en materia de seguridad pública.

El propósito de los grandes cárteles y organizaciones regionales del crimen organizado es inhibir o intimidar la acción de las fuerzas armadas, tanto del ejército y la marina como de la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales.

Los actos de terrorismo fueron incorporados en la guerra entre los cárteles. Quienes introdujeron las prácticas más brutales fueron fuerzas especiales del ejército que se incorporaron al llamado Cartel del Golfo, entonces bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén, el líder de la organización, hoy recluido en una cárcel estadunidense.

Estas prácticas, como el descuartizamiento y la decapitación de cuerpos, el colgar muertos de puentes públicos, la tortura más demencial y el asesinato de las familias completas de miembros de cárteles rivales se volvieron comunes, en lo que fue una escalada salvaje de la violencia, pero hoy el mensaje parece más directo en contra del estado mexicano.

Ante la política del actual gobierno federal de “abrazos no balazos”, los grandes capos parecen haber adoptado el lema de responder a la acción directa en contra de sus cabecillas y de puntos estratégicos, con operativos de terror en contra de la población civil.

El precedente y la política del actual gobierno se fincó el 17 de octubre de 2019, hace 4 años, cuando el ejército capturó a Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, hijo del famoso narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la ciudad de Culiacán.

Al momento de la detención del capo, en un operativo que fue mal planificado y mal ejecutado por el ejército, la organización criminal movilizó todas sus fuerzas paramilitares en las calles de la ciudad, amenazando con atacar a la población civil e inclusive a la unidad habitacional de las familias de los militares si no se liberaba a Ovidio Guzmán, en lo que era un hecho sin precedentes en la historia de la lucha contra el narcotráfico en México.

Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes del presidente de la república, quien lo ha reconocido varias veces públicamente, lo que ha marcado a este gobierno y dio paso al surgimiento de esa política de terror por parte de los grandes carteles del narcotráfico y el crimen organizado.

Hasta la fecha Ovidio Guzmán no sólo sigue libre, sino que las relaciones entre el gobierno federal y esta organización se han llevado, por decirlo de alguna manera, con cordialidad, lo que resulta algo aparentemente increíble, más a los ojos de la inteligencia estadunidense, que considera al Cartel de Sinaloa como el principal introductor y distribuidor de drogas sintéticas a su país, en especial el fentanilo, una droga mortífera que ya es considerada como una pandemia en varias ciudades de Estados Unidos.

Según datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS por sus siglas en inglés), de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la epidemia de los opiáceos en EE UU es ya la más mortífera de la historia. Entre abril de 2020 y el mismo mes del año 2021, más de 100.000 personas murieron por sobredosis. Los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, fueron los causantes de casi dos tercios (64%) de todas las muertes.

UN FUTURO OSCURO

Ante este devastador escenario, el gobierno de Joe Biden, no parece haber tomado las medidas más eficientes, pero hay sectores, especialmente en el ala republicana más dura, que ya están presionando sobre un cambio hacia una política más enérgica en la lucha contra los cárteles mexicanos, lo que incluye la presión sobre el gobierno mexicano para asumir una política mucho más eficaz.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador parece tener la disposición de mantener su política de “abrazos no balazos”, que se traduce como una política de declinación del uso de la fuerza pública y las tareas de inteligencia militar y policiaca, lo que le ha permitido una expansión sin precedentes al crimen.

Cada vez más territorios del país están en manos del crimen organizado, el cual ha infiltrado la política y muchos de los gobiernos, tanto a nivel municipal como estatal.

De seguirse aplicando la actual política, la herencia que se dejará en 2024 al país será verdaderamente de terror, en su sentido literal.