Cerocahui desnuda la fallida política de seguridad

Cerocahui desnuda la fallida política de seguridad

Por: La redacción

Los acontecimientos de Cerocahui, en el municipio serrano tarahumara de Urique, Chihuahua, desnuda como ningún otro caso la fallida política de “abrazos no balazos” y pone en entredicho a todos los niveles de gobierno, e inclusive al ejército mismo y a la Guardia Nacional.

El asesinato a mansalva de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, en el interior de la Parroquia de San Francisco, pone en claro que las organizaciones del crimen organizado están operando con absoluta impunidad y se están apoderando de una extensión cada vez más grande del territorio nacional.

Los jesuitas han trabajado por medio siglo en la sierra tarahumara, donde realizan una de las pastorales más comprometidas de la iglesia católica mexicana. Los dos sacerdotes asesinados tenían 79 y 80 años de edad, eran ya ancianos que tenían décadas trabajando con las comunidades rarámuris con verdadera dedicación. Hicieron de su vida un servicio para los más desposeídos.

Eso no evitó que un capo que controla la región, perteneciente al cártel de Sinaloa y que tiene en su historial una serie de asesinatos, entre ellos el de un montañista norteamericano y, de acuerdo a la periodista Marcela Turati, el de la comunicadora Miroslava Breach, persiguiera hasta el interior de la parroquia a una de sus víctimas: un guía de turistas muy estimado por la comunidad, a quien un sicario había baleado.

Al tratar de prestarle asistencia espiritual uno de los sacerdotes fue asesinado a sangre fría y otro más, que se acercó a tratar de detener la barbarie también fue asesinado en el acto. Un tercer sacerdote, quien identificó al capo José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, se libró de ser también ejecutado cuando el hombre armado, que en apariencia estaba alcoholizado y drogado, decidió llevarse los tres cuerpos. ¿Para qué? No hay hasta ahora una explicación lógica, como no sea para utilizarlos de distractor mientras él se daba a la fuga por otra ruta.

A partir de los hechos surgen una realidad muy grave. La región está controlada por Portillo Gil, que opera bajo la protección del cártel de Sinaloa, pero con la complicidad de los organismos de seguridad federales, estatales y municipales, ante lo cual, como se vio, la comunidad está indefensa y puede ser víctima de violencia, incluidos los propios sacerdotes jesuitas que trabajan a favor de la zona.

Ni el ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene servicios de inteligencia, pueden alegar que ignoraban la presencia del crimen organizado en la sierra tarahumara y las operaciones de este capo denominado “El Chueco”, quien tiene años operando abiertamente con completa impunidad.

Tampoco el gobierno estatal que presidió Javier Corral pudo haber ignorado esta situación, pero no enfrentó el problema, ya sea por negligencia o cobardía, o ambas cosas.

El gobierno municipal, que es sumamente modesto y con recursos limitadísimos, no tiene la capacidad de hacer algo, porque sería un suicidio, no sólo para los escasos agentes de seguridad sino para el mismo presidente municipal.

Los hechos indican que los capos del crimen, en los últimos tres años, consideran gozar de una mayor impunidad, de ahí que “El Chueco” cruzara una línea roja que anteriormente estaba prohibida: agredir a los sacerdotes jesuitas que trabajan en la serranía, así que decidió matar a dos de ellos, nada más porque sí; porque puede.

COMUNIDADES CONTROLADAS

Desnudando la irrealidad y lo peligroso de la política oficial de “abrazos, no balazos”, la seguridad no es provocada por la pobreza de la región, que inclusive ha sufrido hambrunas en pleno siglo XXI. No son los habitantes locales, sumamente pobres, quienes provocan violencia; por el contrario: se trata de gente muy amistosa y pacífica.

El problema de la inseguridad llega a través de una organización criminal, que tiene objetivos tácticos y estratégicos para controlar la región serrana, lo que le permite sus operaciones de narcotráfico, ya sea la producción de estupefacientes o el trasiego de la droga hacia Estados Unidos.

Para ello, “El Chueco” controla a las comunidades mediante dádivas y a punta de cañón, convirtiéndolas en “su territorio”.

El capo se pasea por “su territorio” siempre acompañado de un contingente de sicarios mejor armados y adiestrados que los mismos militares. También se divierte. Como es fanático del beisbol, patrocina a un equipo de la liga municipal y, como es “el jefe”, él quiere un equipo ganador, campeón. Pocos días después del asesinato del guía turístico y los sacerdotes, Portillo Gil secuestró a dos muchachos de un equipo local que habían tenido el atrevimiento de ganarle a su equipo; la primera semana de julio, 17 días después, la Sedena localizó el cadáver de uno y al otro vivo.

Entrevistado por los medios, un jugador del equipo de “El Chueco”, un muchacho muy joven y de trato agradable, manifestó que ellos nada más juegan en el equipo y no saben de lo demás, pero añadió que tiene una beca gubernamental, de las que otorgan los programas del bienestar que ha implementado AMLO.

Esto desmiente por completo la idea de que los jóvenes pobres se enrolan en las organizaciones del crimen organizado porque no tienen opciones. La dinámica es distinta: pobres o no pobres los jóvenes son reclutados por las organizaciones criminales por medio de la fuerza, la adicción a alguna droga, la promesa de grandes cantidades de dinero y a través de lazos de parentesco, los que son muy fuertes especialmente en las comunidades y pueblos rurales.

Si las organizaciones criminales son impedidas para operar, en sus mandos altos y medios, simplemente no pueden reclutar gente nueva, pero además la campaña gubernamental debería estar orientada a concientizar a los jóvenes de todas las consecuencias que tiene el involucrarse en la vida criminal y violentar la ley, algo para lo cual la institución pública tiene todo el apoyo de las familias.

Andrés Manuel López Obrador llamó “hipócritas” a los jesuitas y a la iglesia católica, porque en los sexenios anteriores no hicieron ninguna denuncia de las masacres, como si estas fueran parte del pasado y no cosas de todos los días en su gobierno.

La iglesia hizo el señalamiento de que es necesario revisar la política de “abrazos, no balazos”, en un plan serio, profesional, y lo único que recibió fueron insultos y descalificaciones, cuando dos ancianos jesuitas fueron asesinados a mansalva por prestar asistencia espiritual y humanitaria a una víctima. Un tercero denunció específicamente al capo criminal, pero si los sacerdotes denuncian no hay ninguna autoridad que los proteja de ser asesinados, además sólo van a recibir insultos por parte del presidente.

¿Quién protegió a los dos hermanos que “El Chueco” secuestró y a uno asesinó sólo por ganarle un partido a su equipo de beisbol? Porque no sólo fue el secuestro y asesinato, sino que además les quemó su casa, para dejar más en firme la brutalidad.

Los miembros de las comunidades de la sierra tarahumara saben todo en torno al crimen organizado, pero están completamente desprotegidos, así que es una locura denunciar, porque va de por medio la propia vida y la de la familia. Ellos saben dónde está “El Chueco”, pero también saben que ejército, Guardia Nacional, gobierno federal y el gobierno estatal le habían entregado la región.

¿Requerirá o no una revisión a fondo la actual “política” federal de seguridad pública?

Comentarios de Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lo más visto

Siguiente Noticia

Te podría interesar: