Por: Gerardo Lozano

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, parece estar jugando políticamente a nadar sin mojarse la ropa. No le aceptó a Andrés Manuel López Obrador alargar su periodo como presidente de la SCJN, porque era algo demasiado burdo, pero le está haciendo favores grandes a López Obrador, como el declarar constitucional, para todo efecto, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de marzo de 2021, y ahora, con 5 votos en contra y 6 a favor, también han aprobado la constitucionalidad de la figura de los llamados “superdelegados”.

Para declarar la constitucionalidad del contenido de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), se requería que 8 de los 11 ministros no votaran en contra y, por maniobras de Zaldívar Lelo de Larrea, sólo votaron en contra 7, logrando que 4 votaran a favor. Al menos uno de estos 4 ministros fue “persuadido” de alguna manera, porque originalmente no se alcanzaba el mínimo para validar la constitucionalidad.

En la opinión de todos los expertos, esta ley va en contra de los intereses del país, primero porque promueve las energías sucias y, segundo, porque encarecerá al mediano plazo el costo de la energía eléctrica, pero además le permitirá a la CFE recuperar su condición de monopolio estatal. Faltan los amparos y todos los conflictos que se vienen, pero Arturo Zaldívar le hizo un favor muy grande al autoritarismo presidencial, una vez que el Congreso de la Unión le rechazó la reforma energética.

Ahora, también por sólo un voto de diferencia, Arturo Zaldívar ha validado constitucionalmente la muy controvertida figura de los “superdelegados”, una figura que inventó el propio AMLO para tener una injerencia directa en todos los 32 estados del país, cuando aún no sabían cuántos gobiernos estatales podían ganar en las elecciones intermedias.

Estos “superdelegados” dependen de una Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que a su vez depende directamente de la oficina de la presidencia de la república, o más concretamente del propio presidente.

Posteriormente se manejó que supuestamente dependerían de la Secretaría del Bienestar, pero no es así: dependen directamente del presidente.

De entrada esta figura de los “superdelegados” es sumamente ambigua, pues puede servir, al mismo tiempo, para todo y para nada, dependiendo de la decisión del propio presidente. Si desea, el “superdelegado” puede convertirse en una figura política estatal y puede convertirse inclusive en gobernador, como ha sucedido en algunos estados, o sencillamente puede ser una figura para incomodar a los gobernadores que no son de Morena.

Existe una estructura institucional de las secretarías de estado, las cuales tradicionalmente tienen delegaciones en los estados, lo mismo que ciertos organismos federales que tienen también oficinas en los estados. Si al nuevo gobierno le parecían muchas y quería economizar pudo haber simplificado la estructura burocrática, pero esto no se hizo, por lo menos no de forma sustancial y ordenada.

El propósito más evidente de estos “superdelegados” es que supervisaran la aplicación de los 12 programas estrella del gobierno de AMLO, que supuestamente maneja la Secretaría del Bienestar, pero sólo en parte. Sin embargo, se dejó una gran ambigüedad, por la cual los “superdelegados” serían algo así como los representantes del gobierno federal para todo aquello que se ofreciera, bajo las directrices directas del presidente.

EL CASO DE COAHUILA

En el caso de Coahuila, cuyo gobierno es de oposición, se colocó como “superdelegado” a Reyes Flores Hurtado, un abogado de bajo perfil, originario de Torreón, quien trabajaba para el hoy senador, Armando Guadiana Tijerina, quien tenía un conflicto con Humberto Moreira Valdés debido al manejo del negocio de la explotación del carbón mineral en el norte del estado.

Al financiar la campaña de AMLO en Coahuila en el 2018, Armando Guadiana Tijerina se convirtió en el jefe político de Morena e incursiona, ya bastante viejo, en la política estatal, como candidato a gobernador y ahora como senador de la república.

De origen Reyes Flores Hurtado ha sido una figura de bajo perfil, supeditado a las decisiones de Armando Guadiana Tijerina, quien el año pasado todavía se postuló como candidato a la presidencia municipal de Saltillo, y volvió a perder, con lo cual quedaron cerradas sus posibilidades de volver a ser candidato, pues es un hombre que ya está próximo a los 80 años de edad.

A tres años y medio de estar en el cargo, ¿qué ha hecho por Coahuila el “superdelegado” Reyes Flores Hurtado? De importancia no ha hecho nada; su capacidad de influencia y de toma de decisiones es muy pobre, así que sólo desempeña tareas menores relacionadas con los programas del bienestar y, que se conozca, mantiene algunas relaciones con ciertas dependencias federales, sobre todo durante los procesos electorales, pero hasta ahora es una figura que puede ser totalmente prescindible.

Su relación y el trabajo de coordinación entre el gobierno estatal y el federal es también mínima, sin relevancia, aún en los problemas críticos del estado o en eventos y situaciones especiales.

¿Por qué sigue entonces en el cargo? Sólo hay dos razones para explicarlo: el sueldo de un “superdelegado” está entre los 85 mil y los 87 mil pesos mensuales, y esto con cifras de 2019, lo que se acerca muchísimo o es casi similar al sueldo del gobernador del estado.

La otra razón es de carácter político: Reyes Hurtado considera que si permanece en ese cargo tiene posibilidades de ser nominado a algún otro cargo político o inclusive de elección popular, pero mientras tanto sigue cobrando puntualmente su sueldo mensual.

El primer coordinador nacional de los “superdelegados” fue Gabriel García Hernández, uno de los operadores políticos más importantes que tuvo AMLO en su campaña por la presidencia de la república.

SUPERPRESCINDIBLES

Gabriel García Hernández es el creador de los llamados “servidores de la nación” y gozaba de una enorme influencia. Su jefe directo era el propio López Obrador, en campaña y ya como presidente, pero por razones que hasta la fecha forman parte de las zonas oscuras del Palacio Nacional, cayó en desgracia y fue apartado de sus funciones, sin que se diera ninguna explicación o inclusive alguna justificación al respecto.

Regresó al senado de la república, pero casi de forma inmediata fue enviado al estado de Durango como encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna, lo que ha sido interpretado en el primer círculo del gobierno de AMLO como una especie de castigo político, dado el nivel de influencia y el poder que llegó a tener Gabriel García Hernández.

A medida que Morena ha ido ganando estados en las elecciones sucesivas que se han dado desde 2019, los “superdelegados” se vuelven figuras de menor importancia, aunque se les sigue manteniendo. En los estados en donde sigue gobernando la oposición los “superdelegados” pueden seguir siendo esas figuras incómodas, que tienen utilidad política si así lo desea el presidente o se limitan a ir llevando el cargo.

Hay un solo ámbito donde los “superdelegados” con más respaldo pueden tener influencia, y esta es en influir de alguna manera en la asignación de beneficiarios de algunos programas del bienestar, varios de los cuales operan con un gran desaseo, como es el programa de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que se ha prestado a muchas anomalías.

Pero ahora, por obra y gracia de Arturo Zaldívar, los “superdelegados” están respaldados constitucionalmente, no obstante las quejas de los gobernadores de oposición, quienes consideran que es una figura que no está justificada en la estructura orgánica del gobierno federal y tienden, con gran frecuencia, a tornarse en figuras que se dedican a la manipulación política y al uso de los programas asistenciales con fines electorales, que es de fondo la razón para la cual fueron creados y manejados originalmente por Gabriel García Hernández, quien ganaba por cierto exactamente el mismo sueldo que el presidente de la república, de acuerdo a la propia información oficial.