Por: Rodrigo Tejeda

La política de seguridad de cada gobierno federal y de los estatales cambia cada sexenio, y ha pasado desde la confrontación abierta, de extrema violencia, hasta la negociación bajo reserva o una mezcla de ambas cuando el Estado no puede o no desea pelear al mismo tiempo con todas las organizaciones criminales y negocia con algunas de ellas para ir en persecución de las más violentas, o de las que causan mayores problemas con respecto a la sociedad civil. ¿Pero qué pasa cuando se ofrecen “abrazos, no balazos”?

Los italianos llaman a un jefe de la mafia como boss, lo que se traduce como los “señores” o los jefes de más alta jerarquía, quienes controlan realmente las grandes organizaciones criminales.

Un boss es tanto temido como respetado en el mundo del hampa, tiene sus territorios y negocios de influencia y tiene también poderosos enemigos que le disputarán el poder a la primera oportunidad, pero principalmente tiene como principal enemigo al Estado, que estará permanentemente en su búsqueda con el propósito de aplicarle la ley y llevarlo a los tribunales.

México es uno de los países con una de las redes criminales más importante a nivel mundial; somos un país de capos o de bosses, como se le quiera llamar, una parte de los cuales son “famosos”, por su constante referencia mediática, pero otros muchos dirigen sus organizaciones usando bajos perfiles, lo que les permite operar con mayor eficiencia.

Debido a la magnitud de algunas de las organizaciones criminales, la lucha contra ellas puede generar una gran violencia, partiendo además de que el Estado tiene que apegarse a la ley en el uso legítimo de la fuerza, mientras que el crimen no tiene ley alguna y puede utilizar cualquier práctica de terror que escandalice a la sociedad civil o, inclusive, ir en contra de ésta para “calentar” las plazas o territorios y obligar al Estado a una negociación.

Una constante es la lucha entre las diferentes organizaciones criminales por el control de territorios, lo que puede ser sumamente brutal, con matanzas de sicarios de un lado y otro, enfrentamientos donde se emplean armas cada vez más sofisticadas y se aplican prácticas de terrorismo demenciales, como descabezar a los oponentes, descuartizar cautivos, colgar cuerpos de puentes o lugares públicos, desintegran cadáveres en ácido y recurrir a todas las formas de tortura conocidas.

En estas guerras entre capos o “bosses”, el Estado puede optar por dejar que se aniquilen unos a otros e intervenir al final sobre los sobrevivientes, pero esta barbarie trasciende a los medios de comunicación, a las redes sociales y a los medios internacionales, lo que genera una imagen de gran violencia e inseguridad, lo cual ni social ni políticamente conviene.

COMBATIR O NEGOCIAR O AMBAS

El crimen organizado acarrea otros dos grandes problemas. Los capos son ambiciosos y jamás paran de estar en expansión; son como una plaga invasora que penetra en todos los ámbitos sociales donde se le permite entrar y todo lo corrompe a su paso. Puede comprar comunidades y pueblos enteros, cuerpos policiacos, funcionarios públicos de todo tipo, empresas y empresarios de todos los ramos imaginables. Esta hidra de mil cabezas requiere de una “poda” permanente de parte del Estado, sino se sale de control.

El otro problema es que de origen son organizaciones dedicadas a la producción y tráfico de drogas, pero de pronto pueden expandirse a cualquier otro tipo de negocios, como el secuestro, la extorsión, el robo de automóviles, el tráfico de mujeres y de inmigrantes, el cobro de “derechos” de piso, en suma, todo lo que es ilícito, incluido el control de las cárceles del país.

Hemos tenido periodos donde el Estado llama a los jefes y los obliga a limitarse al tráfico de drogas, prohibiéndoles incursionar en cualquier otro tipo de delitos, además de limitarse a sus rutas y territorios. Algo parecido a esto se hizo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como siempre está encima la presión estadunidense e internacional, hay el entendido que el Estado mexicano, cada cierto tiempo, va a llevar a cabo operativos y la captura de algunos capos, la mayoría de los cuales eran extraditados a los Estados Unidos, que es el peor castigo y a lo que más temen los mafiosos.

Una cárcel mexicana es ya un castigo fuerte, que se trata de evitar por todos los medios, pero una cárcel norteamericana de alta seguridad es el infierno.

Una cárcel mexicana incluye una suite especial con todas las comodidades, servicio de prostitutas caras, comida al gusto, teléfonos celulares, visitas de familiares y el manejo, desde el interior, de los negocios que se quedaron fuera.

Una cárcel estadunidense es habitar en una celda de tres por dos metros, aislados, con visitas sumamente restringidas, sin ningún privilegio, sin comodidad alguna, con custodios que ni tan siquiera hablan español, sin visitas conyugales, aislados por completo del exterior y del mundo, con una hora para salir a tomar el sol y ver pasar las nubes, si bien les va. El infierno en otras palabras, además por el resto de los días que tengan de vida.

Otra opción adoptada por algunos gobiernos es que no hay negociación, pero a través de los más altos mandos militares y gubernamentales se advierte a los capos lo que no se les va a tolerar, y a quien se salga de los lineamientos se le mata, se le encierra o se le extradita, pero además se hace permanente un trabajo de “poda”, para evitar la expansión de las organizaciones criminales.

El gobierno de Vicente Fox tuvo dos problemas: al darse la alternancia de partido, aquellos que se encargaban de mantener cierto control y orden con respecto al crimen organizado se fueron, lo que ya fue delicado, pero además muchos de ellos se sumaron o prestaron sus servicios a las grandes organizaciones criminales (funcionarios, jefes policiacos, gentes de inteligencia, militares de élite, entre otros), a lo cual se sumó una política permisiva, lo que tuvo como consecuencia una expansión enorme de las organizaciones, generando una escalada a nivel nacional.

El crimen se empoderó y se salió de control, lo que en buena medida llevó a la llamada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, quien lanzó una lucha frontal contra ciertas organizaciones y éstas, empoderadas, desataron un baño de sangre en todo el país.

Después de decenas de miles de muertes, el Estado había logrado “podar” la hidra, por lo menos en una buena proporción (ver el caso de Coahuila como un ejemplo), pero se acabó el tiempo y la sociedad quedó horrorizada por el baño de sangre, ante el uso de una confrontación armada directa, no del uso selectivo de la fuerza después de una labor de inteligencia e investigación, que evitara tal cantidad de muertes.

ABRAZOS Y NO BALAZOS

Enrique Peña Nieto, mediocre como era, no supo plantear una política de seguridad pública y, en consecuencia, no supo qué hacer con la sacudida que se dio en el gobierno de Felipe Calderón.

En buena medida se benefició en los primeros años del desmantelamiento o debilitación de algunas de las organizaciones más violentas, pero por otro lado permitió que se expandieran organizaciones que habían sido menores, las cuales adoptaron los métodos de terror y de barbarie impuestos por cárteles dirigidos por ex militares de élite pasados al crimen.

La política de Felipe Calderón había traído muchos cambios en la distribución de territorios y, en consecuencias, muchas guerras territoriales, lo que siguió manteniendo en el país una estela de decenas de miles de muertes, entre criminales y civiles atrapados en el fuego o víctimas de la expansión criminal a delitos contra la población civil.

Se bajó la intensidad de la confrontación armada directa, pero también la acción organizada y sistemática para desmantelar a varias de las organizaciones más peligrosas, las que se lanzaron a la expansión bajo el disimulo de los altos mandos militares y civiles del gobierno federal.

Cuando cerró el sexenio peñista el crimen organizado se había reposicionado en todo el territorio del país, infiltrado algunos estados que no habían tenido ese problema, como Guanajuato, San Luis Potosí, Quintana Roo, la Ciudad de México, Zacatecas y Baja California Sur, entre otros.

Llegó así de nuevo la alternancia con Andrés Manuel López Obrador, un gobierno de izquierda y populista, para quien la expansión del crimen organizado era el resultado del descuido de los sectores jóvenes de la población; muchachos pobres sin otra alternativa de sustento más que ingresar a la nómica de los cárteles.

Así como los soldados “son el pueblo uniformado”, los sicarios del crimen son muchachos del pueblo sin alternativas de una vida honesta; ¿y los capos?, ¿y todas las enormes estructuras paramilitares, financieras y de tráfico de drogas y delincuencia? Para ellos se lanzó una política bajo el lema de “abrazos no balazos”, lo que es una complacencia inédita y sumamente peligrosa.

La tropa de las organizaciones criminales podía estar compuesta por muchachos de los barrios pobres o los ejidos; inexpertos, adictos, parias sociales, dispuestos a “halconear”, a servir de “mulas”, a matar y dejarse matar en enfrentamientos brutales para calentar territorios o enfrentar a grupos contrarios; pero se trata de la última fila, carne de matadero que es prescindible y que se usa y se desecha con la misma prontitud.

En otro nivel están los sicarios profesionales, muchos de ellos exmilitares desertores del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, sujetos mucho más mortíferos empleados en tareas de todo tipo, que implican un cierto grado de destreza. Muchos ya no son ningunos muchachos sino criminales curtidos, fogueados en los laberintos del crimen, para quienes no aplica la historia del desempleo y del adolescente marginado y desechado por la sociedad.

SIN UN PLAN DE SEGURIDAD REAL

De entrada, con el gobierno de López Obrador se suprimió la participación de la DEA y de otras agencias estadunidenses en territorio mexicano, bajo el argumento de que eran injerencistas y se eliminó, al mismo tiempo, la captura y la extradición de capos a Estados Unidos.

Las fuerzas especiales de la Marina y del ejército, que habían recibido adiestramiento en el extranjero y eran temidas por los grandes capos, se desconoce a qué tipo de tareas fueron asignadas o si sencillamente se les puso en descanso.

Se pararon los operativos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en gran parte del país y, en público, el presidente personalmente ha tenido gestos amistosos al menos con una de las familias de uno de los dos cárteles de la droga más importantes del país; los mismos que lo desafiaron en un operativo posterior que fue un desastre, tanto en su implementación, como en las filtraciones que se dieron y en la decisión presidencial de no hacer nada, cuando inclusive se amenazó de forma directa a las familias de los propios militares, algo que jamás se le había permitido a ninguna organización criminal.

El ejército y en general las fuerzas armadas se convirtieron en el brazo derecho del presidente, pero para las más diversas tareas, tales como comprar camiones-pipa, construir y cuidar aeropuertos, cuidar campañas de vacunación, manejar viveros, construir vías del Tren Maya y otra cantidad de quehaceres, que no son parte de las funciones ni del ejército ni de la marina armada de México.

Ante semejante complacencia, los capos se han dado a la tarea de expandirse por todo el territorio nacional, al grado que en la Ciudad de México controlan todo el centro histórico, el entorno del propio palacio nacional y, ya en plan amistoso con el actual gobierno, ingirieron como nunca en los procesos electorales por las gubernaturas el año pasado, ayudando a que el partido oficial se hiciera de toda la zona del pacífico, desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala.

Para fortuna de los capos y del actual gobierno, Joe Biden, el presidente estadunidense, tiene la agenda saturada con graves problemas internos e internacionales, pero además López Obrador ha cumplido puntualmente con la agenda de represión migratoria que le marcaron, pero el problema va a ser las consecuencias que tendrá, o más bien ya está teniendo, esta política de “dejar hacer y dejar pasar” que se está aplicando desde el 2019.

La herencia puede tener costos altísimos, pero por lo pronto el país se está llenando de jóvenes adictos a las drogas y avanza la descomposición del tejido social en zonas completas del país.

Si se siguiera la propia lógica del actual gobierno, el país tiene hoy más jóvenes pobres y desempleados que en 2019; hay potencialmente millones de sicarios y de adictos si este fenómeno se da por la pobreza, que se ha incrementado, en parte, por la pandemia, pero en mayor medida por la ineficiencia en el manejo de la economía del país.

Los números, como las balas, no mienten. Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2021, de acuerdo a la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que preside Rosa Icela Rodríguez, en su reporte de esta última fecha, el número de asesinatos en todo el país era de 105 mil 804, cifra superior al mismo periodo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y falta aún la mitad del sexenio.