Por: Marcela Valles

El nuevo alcalde de Torreón,  Román Alberto Cepeda, ha denunciado en los medios de comunicación que el SIMAS, Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, ha sido heredado con una grave crisis financiera, al recibir pasivos por 240 millones de pesos; 800 millones de pesos de cartera vencida y 226 observaciones de auditorias no resueltas por un valor de 540 millones de pesos, correspondientes a los años de 2018, 2019 y 2020, restando aún lo que surja del 2021.

Estas cifras, que han sido calificadas como una situación grave, fueron proporcionadas en entrevistas improvisadas, de las que podríamos llamar de banqueta, pero hasta ahora no se ha proporcionado un informe oficial detallado, con cifras de la Contraloría Interna, sobre cuál es el estado en detalle del SIMAS.

Tampoco hay ningún informe pormenorizado de la situación financiera en la que dejó el gobierno municipal Jorge Zermeño Infante, pero sí hay múltiples filtraciones de que existen muchas y muy delicadas anomalías, las que tampoco han sido informadas de forma explícita y detallada, algo que resulta indispensable para el inicio de la nueva administración municipal.

El SIMAS ha sido, a lo largo de muchas administraciones, un caso recurrente de corrupción, de opacidad y de negocios turbios y, todo indica, que en los gobiernos de Jorge Zermeño Infante las cosas fueron a mayores.

Las anomalías son muchas y están teniendo serias consecuencias para la ciudad: asignación de contratos a modo, tráfico de influencias, inflación de los costos de las obras, conflictos de intereses por parte de los principales funcionarios, serias deficiencias en la prestación del servicio y graves rezagos en la red de distribución de agua y en el sistema de drenaje, entre otros.

Apenas en el inicio de la primavera, ya hay protestas ciudadanas por fallas en el suministro de agua potable en varios sectores de la ciudad, cuando la etapa más crítica se presenta en el verano.

El cuestionamiento es si en esta ocasión se terminará la impunidad o habrá, una vez más, solamente una vuelta a la página y la ciudad tendrá que asumir los costos, pues, de entrada, para poder realizar mejoras al servicio, que implican obras como la perforación de nuevos pozos, se tendrá que recurrir a préstamos, al menos en ese sentido han sido las declaraciones oficiales.

La Auditoria Superior del Estado (ASE) y el mismo gobierno municipal tienen la obligación de proceder legalmente, en los casos de anomalías comprobadas; en los casos en que los pasivos no estén legalmente sustentados y las observaciones no hayan sido resueltas en tiempo y forma.

LA INFORMACIÓN DE LAURO VILLARREAL

Lauro Villarreal, nuevo gerente general del SIMAS, rindió su primer informe sobre el estado en que recibió la paramunicipal, en la segunda sesión de este año de la Comisión de Agua del Ayuntamiento, realizada el pasado 23 febrero.

En la reunión, presidida por Luis Jorge Cuerda Serna, titular de la comisión y primer regidor del ayuntamiento, Lauro Villarreal calificó de grave la situación del SIMAS y añadió que “requiere de una cirugía más que mayor, inclusive de algunos trasplantes”.

Fue ahí donde dio a conocer que la deuda asciende a 246 millones, en la que se incluyen la CFE, adeudos a proveedores a quienes no liquidó la administración saliente e inclusive impuestos que no fueron cubiertos.

En relación a los 540 millones que se tienen registrados dentro de las observaciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y los reportes preliminares de la Auditoria Interna del propio organismo, se han detectado múltiples anomalías, haciendo referencia a la práctica de adjudicar de forma directa las obras, sin llevar a cabo licitaciones públicas, como lo establecen las disposiciones legales.

Como ejemplo citó el caso de la empresa Grupo Marniez, SA de CV, a la cual le asignaron obras sin licitación en 2018 por 14 millones 692 mil pesos, pero le siguieron haciendo asignaciones en 2019, 2020 y 2021 hasta por 20 millones 817 mil pesos. Dicha empresa registra como domicilio una casa particular u otros domicilios no verificables.

En varias ediciones de 2019, Revista de Coahuila dio a conocer la existencia de varias empresas “fantasma”, a las cuales el gobierno de Jorge Zermeño Infante estaba asignando obras de forma directa, cuando no cumplían los requisitos, e inclusive tenían domicilios que, al ser verificados, se trataban de casas habitaciones donde vivían personas que no tenían ninguna relación con tales empresas. Otros domicilios correspondían a fincas semi abandonadas, donde no se registraba actividad. Hoy esto se viene a confirmar en voz de los funcionarios del nuevo gobierno municipal.

Sobre la cartera vencida, Lauro Villarreal confirmó que asciende hasta 800 millones de pesos, pero la cobranza estaba asignada a la empresa Stratimex, SAPI de CV, cuyo domicilio no se ha podido localizar, no obstante que cobraba el 30% de cada cuenta recuperada.

En la misma sesión, el gerente general del SIMAS afirmó que la Contraloría Interna se encontraba auditando en detalle todas las áreas de la empresa y se tendría una mayor información. A la fecha no se han proporcionado más detalles, aunque el alcalde Román Alberto Cepeda, afirmó a los medios que estaba abierta la decisión de proceder legalmente, a través de los organismos correspondientes.

Cabe mencionar que en la pasada administración no se llevaron a cabo auditorias externas al SIMAS, en lo que es otra de las fuertes anomalías.

“LA CIRUGÍA MÁS QUE MAYOR”

Uno de los aspectos más delicados es el hecho de que la eficiencia en cobranza del SIMAS es apenas de un 46 a un 48% del total de los aproximados 220 mil usuarios del sistema de agua potable, pero también la eficiencia en la distribución del agua que se extrae de alrededor de 40 pozos distribuidos en todo el municipio, es también de la misma proporción; es decir un 52% de toda el agua que se extrae se pierde en fugas, por el mal estado de la red.

Esto ha creado un círculo vicioso, ya que al no recibir el servicio, al menos no como debería ser, más de la mitad de los usuarios se niega a pagar, por lo que antes de poder aumentar los niveles de cobranza, la paramunicipal tendrá que mejorar el suministro de agua, sobre todo en los sectores oriente y norte de la ciudad.

Lauro Villarreal afirmó ante la Comisión de Agua del Ayuntamiento que estiman un plazo de un año para resolver la problemática que han heredado, lo cual, dadas las proporciones del problema, pareciera un tiempo muy corto.

El plan, según expresó, es el de perforar 8 nuevos pozos, cuatro de ellos a corto plazo; dar mantenimiento a la totalidad de los 40 pozos que se encuentran en funcionamiento; reponer 7 colectores y realizar el desazolve del drenaje citadino en diferentes áreas.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha dado a conocer ninguna información en torno a lo que sucedió con el juicio legal que se llevaba en contra de la empresa ECOAGUA, la cual firmó un contrato leonino con el gobierno municipal desde 1999, al final del primer gobierno de Jorge Zermeño Infante y, aunque el gobierno anterior lo había ganado ya en dos instancias, el mismo Jorge Zermeño contrató a un nuevo y controvertido abogado.

No se conoce ni el estado del juicio ni los montos que se han pagado a dicho abogado. En caso de que el SIMAS perdiera dicho juicio implicaría un quebranto millonario, aun cuando ECOAGUA cayó en incumplimiento y el manejo de la Planta Tratadora de Aguas Residuales era todo un fraude.