Por: Rodrigo Tejeda

La principal política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la lucha en contra de la corrupción de un sistema que tiene precisamente a la corrupción como la grasa que mueve todo su aparato político, gubernamental y parte del electoral, y sus complejas relaciones con la sociedad civil. Sin embargo, ¿qué tanta lucha contra este mal estructural del país puede demostrar la 4T cuando comienza su cuarto año de gobierno?

Poco a poco, pero de manera cada vez más evidente, el gobierno de AMLO ha ido registrando casos de corrupción, cada vez más cercanos a la misma oficina de la presidencia de la república, pero, ya iniciado el cuarto año de su periodo, la lucha contra la corrupción heredada por los gobiernos anteriores se mantiene casi intacta, con unos cuantos casos menores de funcionarios que están siendo procesados, ni siquiera sentenciados.

Hasta inicios de 2021 se consideraba que los dos brazos principales en la lucha contra la corrupción era la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, y al cierre del año pasado Santiago Nieto, quien se había convertido en un funcionario temible y había congelado no menos de 25 mil cuentas bancarias por supuestos delitos financieros, se ha tenido que retirar de su cargo de forma abrupta, encubriendo lo que realmente fue una destitución.

El pretexto de la renuncia de quien era considerado como un “brazo de hierro”, se dio a raíz de su boda con Carla Humphrey, consejera del INE, en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala.

La boda hubiera pasado desapercibida para la prensa de no haber sido porque uno de los invitados, Ealy Ortiz, propietario principal del diario El Universal, fue retenido por las autoridades guatemaltecas por llevar consigo 35 mil dólares en efectivo, los cuales no fueron declarados. Se desconoce para qué quería esa cantidad de dinero en efectivo si, sencillamente, iba a un evento social.

El otro hecho es que iba como invitada en el jet privado la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien fue despedida de su cargo de inmediato.

¿Pero realmente cuál era el problema de fondo con Santiago Nieto? El motivo de la boda fue un asunto que pudo pasarse por alto, más cuando se trataba de un evento de carácter privado. El problema real es que Santiago Nieto abrió expedientes de investigaciones contra personajes del círculo más cercano a López Obrador y sobre algunos miembros de su propia familia.

Su relación se había deteriorado de manera drástica con el fiscal Alejandro Hertz Manero, a quien, con sobrados motivos, le había abierto expedientes, pero en el listado también se encontraban gentes como Andrés López Beltrán, el hijo mayor de AMLO; Pío López Obrador, hermano del presidente, y gentes como Julio Scherer Ibarra, exencargado jurídico de la presidencia.

LAS PROPIEDADES DEL “BRAZO DE HIERRO”

Ya fuera del cargo, se filtró información detallada sobre las propiedades de Santiago Nieto, estableciendo que había adquirido bienes inmuebles hasta por 40 millones de pesos en los últimos 25 meses, en lo que es un cálculo demasiado conservador y maquillado.

Con un sueldo mensual de 107,358 pesos mensuales, había adquirido en diciembre de 2020, en lo que ya eran sus preparativos de boda, una casa en el sur de la ciudad de México por 24 millones de pesos, valor que los especialistas consideran por debajo del mercado, dado las características de la misma.

Ya poseía una casa en San Jerónimo, valuada en 6 millones de pesos, pero en 2019 adquirió un departamento en el sector exclusivo de Santa Fe, en 8 millones 200 mil pesos, para lo cual solicitó un crédito de 7 millones de pesos.

En el mismo año de 2019 adquirió otra propiedad en la ciudad de Querétaro por 1 millón 600 mil pesos, con un crédito del Fovisste.

En la misma ciudad recibió una donación, en compañía de una hermana, de un terreno de 1,656 metros cuadrados, con un valor de 5.5 millones de pesos.

Si los valores que se reportan fueran los reales, que no es el caso, los pagos mensuales de las hipotecas ascenderían a 313 mil pesos mensuales, que sería el equivalente a tres veces su salario oficial.

El que se hayan detectado estos bienes muestra el nivel de vida económica al que había ascendido Santiago Nieto, pero no refleja todo el dinero que pudo acumular en el cargo, tomando en cuenta que tenía la capacidad, casi ilimitada, de abrir investigaciones a quien deseara y congelar cuentas bancarias de la misma manera.

En un solo año, 2020, congeló 20,017 cuentas bancarias bajo presunción de irregularidades.

Para un hombre con el poder que tuvo Santiago Nieto como titular de la UIF, parece una acumulación de bienes inexplicable pero no tan grande como la de otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de la 4T, aunque sí muestra que la pregonada honestidad “republicana” es una historia que se ha caído a pedazos, no ahora, sino desde el mismo 2019.

La primera secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quedó expuesta cuando la agencia Latinus, a través de Carlos Loret de Mola, diera a conocer que ella y su esposo, John Ackerman, ambos investigadores académicos, habían ocultados en sus declaración oficial bienes inmuebles por un valor de 60 millones de pesos, pero no fue removida del cargo por ello, sino por ir en contra de la voluntad presidencial de nombrar como candidato al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, uno de los más impresentables políticos cercanos a AMLO.

Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de gobernación y hoy presidenta del Senado de la República, había ocultado en su declaración patrimonial un penthouse de lujo en la ciudad de Huston, Texas, pero en el periodo de 2017 a 2020, tuvo ingresos por 24 millones 379 mil 505 pesos.

Tan solo por su pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo 8 millones 253 mil 717 pesos y en el año de 2020, siendo Secretaria de Gobernación, tuvo ingresos por 4 millones 805 mil 841 pesos por concepto de asesorías.

Su ingreso como Secretaria de Gobernación era la más pequeña de sus ganancias financieras, pero eso no era ningún problema para estar en su cargo, ni tuvo nada que ver con su poco digna salida, sino los movimientos políticos de AMLO, quien la consideró más útil al frente del Senado para los proyectos que tenía en mente, sin importar que violentara la división de poderes, algo a lo que no le presta la menor importancia.

UN FISCAL YA INSOSTENIBLE

La lista de funcionarios, parientes y políticos que están relacionados a conductas de corrupción es cada vez más grande; crece al ritmo del sexenio y se extiende hasta la misma familia presidencial, pero el caso que se ha vuelto un escándalo cada vez más grande es el del Fiscal de la República, Alejandro Hertz Manero, un anciano que está ya por los 84 años de edad, cuyos excesos son cada vez mayores.

Utilizando el poder de su cargo, se hizo nombrar, ilícitamente, investigador titular nivel III del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, pero enseguida fue exhibido como un plagiador de obras de otros autores, en lo que es una corrupción de carácter académico.

Como venganza abrió un proceso judicial en contra de 31 investigadores, a quienes llegó al exceso de tratar de fincarles delitos tan graves como delincuencia organizada.

En lo que es toda una historia cainita, ha emprendido un juicio contra su propia familia política, colocando en la cárcel a su sobrina, Alejandra Cuevas Morán, una mujer de 67 años, acusándola de homicidio culposo, por no haber cuidado, supuestamente, de la manera debida a su hermano Federico, fallecido en 2015, a los 82 años.

El trasfondo está relacionado por un pleito de millones de dólares, que habría estado depositado en un paraíso fiscal a nombre de su hermano, quien se presume era su prestanombres, el cual lo designó como albacea y heredero único de sus bienes.

El fiscal, quien fuera rector de la Universidad de las Américas, ya en funciones de su cargo, no tuvo escrúpulo en ejercer una presión extrema sobre su familia, que involucra el haberles exigido 3.5 millones de pesos, entrega de obras de arte y presión para que renunciara a su pensión y a los únicos ingresos de su propia cuñada, Laura Morán, una anciana que hoy tiene 95 años de edad.

Además de la “indemnización” de 3.5 millones de pesos, les exigió la carta la renuncia de la pensión por 50 mil pesos mensuales, dejando sin sustento a la anciana, pero su sobrina sigue en prisión, no obstante que cumplieron sus exigencias.

PETICIÓN DE JUICIO POLÍTICO

Alejandro Hertz Manero parece haberse excedido con su familia, al grado en que ésta ha destapado el verdadero trasfondo: una trama de aparente lavado de dinero en paraísos fiscales del Caribe.

Presionados al extremo, los hijos de Alejandra Cuevas Morán, con documentos en mano, de los cuales han proporcionado copias a la prensa capitalina, han acudido al Congreso a solicitar juicio político en contra del fiscal, quien, entre los años de 2013 a 2021, habría gastado hasta 109 millones de pesos en vehículos de lujo, realizar transferencias millonarias a bancos de EEUU y España y manejar, al mismo tiempo, montos millonarios en cheques y efectivo.

Como ejemplo, han proporcionado los documentos que demuestran que entre 2010 y 2013 el hermano del fiscal, Federico, recibió depósitos por 7.9 millones de dólares a través de la sucursal panameña del banco suizo Julius Bär, por medio de la Operadora Invictus, con sede en Panamá.

Fueron tres depósitos por 1.3, 6.2 millones y 300 mil dólares, sobre los cuales presentaron los expedientes documentados.

Se presume que ésa fue sólo una de las transacciones más importantes que realizó Alejandro Hertz Manero a través de su hermano Federico, y esto es parte de la investigación que habría iniciado la UIF, cuando era dirigida por Santiago Nieto.

“EL DECRETAZO”

Las constantes filtraciones que se han presentado, ya alcanzan a miembros de la oficina presidencial, como Alejandro Esquer, secretario privado del presidente, y Denis Zaharula Vasto, encargada de finanzas de la presidencia, sobre quienes se difundieron videos al momento de realizar depósitos hormiga por 50 mil pesos en diferentes instituciones bancarias, de fondos provenientes de las aportaciones públicas para los damnificados del último sismo que ha habido en la Ciudad de México.

Dichos videos fueron difundidos por la agencia Latinus y por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, quienes también habían dado a conocer una serie de manejos irregulares en contratos y gastos en relación a las obras del nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el cual está siendo construido por el ejército mexicano.

La respuesta de AMLO fue el denominado “decretazo”, por medio del cual declaró como de seguridad nacional a las obras que realiza su gobierno, como el mencionado aeropuerto, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, sobre los cuales ya no se podrá tener acceso a ningún tipo de información, lo que violenta todo tipo de disposiciones legales, yendo en contra de la política de transparencia, que es anulada de forma autoritaria, lo que podría generar una corrupción a gran escala.

Ya anteriormente fue encubierta la corrupción sobre la Línea 12 del metro en la Ciudad de México, protegiendo a Marcelo Ebrand, bajo cuyo gobierno capitalino se construyó con graves anomalías y a la ineficiencia de la administración de Claudia Sheinbaum, quien él mismo promueve como su sucesora.

En este escándalo, que costó la vida a 27 personas y dejó una gran cantidad de heridos, también es encubierto Mario Delgado Carrillo, actual presidente nacional de Morena y quien fuera tesorero en el periodo de Marcelo Ebrand.

No se puede luchar contra la corrupción cuando todos los principales actores del gobierno y del partido en el poder, Morena, provienen de otros partidos políticos, principalmente del PRD y del PRI, donde imperaba una cultura de la corrupción, y tienen antecedentes importantes en su carrera política. Cambiar de partido no cambia la ética de un político, por el contrario: puede empeorar los vicios, pero éstos se realizan de forma más encubierta.

Coahuila es tal vez uno de los mejores ejemplos de cómo la cúpula de Morena está compuesta de políticos expriistas y expanistas con fuertes antecedentes de corrupción, sin autoridad moral para encabezar una lucha contra ésta, pero quienes además siguen practicando todos los vicios que trajeron consigo al movimiento denominado como la Cuarta Transformación. Varios inclusive no se han tomado la molestia de formalizar su filiación a Morena, porque sencillamente no lo necesitan.