Acusan a SIMSA de prácticas ilegales

Por: Eduardo Rodríguez

La empresa lagunera SIMSA, propiedad de la familia Issa Tafich, ya captó la atención de la prensa nacional al atribuírsele manejos ilícitos en el negocio del gas natural y etano, en colusión con una funcionaria de Pemex, de nombre Beda Carreto Santiesteban, Gerente de Gas Natural y Etano de la paraestatal.

A través de su columna de temas financieros y de negocios del 27 de octubre pasado en el diario El Financiero, Darío Celis señala una serie de situaciones muy delicadas sobre SIMSA, una empresa de La Laguna que ha tenido en los últimos diez años un crecimiento explosivo, al grado de tener que bajar su perfil para no atraer demasiado la atención, algo que al parecer ya no es posible.

En la opinión de Darío Celis, la empresa, aprovechando su monopolio del negocio de la transportación y distribución de gas en La Laguna y en parte del Golfo de México, especialmente en el estado de Veracruz, el tercer estado más poblado del país, está utilizando su posición monopólica para realizar prácticas ilegales.

Se le señala de estarle imponiendo a otras empresas del ramo la decisión de a quién le venden, cuánto deben facturar y cómo deben cobrar.

En el caso de que alguien se niegue, afirma el analista de El Financiero, SIMSA, por medio de sus filiales GNN, Gas Natural del Noroeste, y Energas, recurre inclusive a las amenazas, la extorsión o hasta el fincar delitos falsos.

Como ejemplo concreto pone a la empresa Destiladora del Valle, S.A de C.V y a otras 25 empresas que está afectando en ciudades como Orizaba, Veracruz.

SIMSA habría obtenido al menos 40 contratos exclusivos para distribución y transportación de gas y viene trabajando desde el periodo de Enrique Peña Nieto, con la conexión de Beda Carreto Santiesteban.

La empresa fue fundada hace 20 años, pero su explosivo crecimiento se da en la última década, hasta llevarla a ser un enorme conglomerado, con presencia en 18 estados del país y diez distintas divisiones, entre las que destaca la transportación y distribución de hidrocarburos, la venta de gas, de gasolinas y de diésel, entre otras actividades relacionadas.

En La Laguna opera bajo las razones sociales Mi Gasolina y Combugas, y se presenta inclusive como una empresa socialmente responsable y hasta filantrópica, además de patrocinadora de equipos deportivos profesionales.

EL MONOPOLIO DE LAS GASOLINERÍAS

En el periodo de Eduardo Olmos Castro, empresario gasolinero, como presidente municipal de Torreón, de 2010 a 2013, se implementó una restricción, por medio de la cual no se podía instalar una gasolinería a menos de un kilómetro y medio de otra, argumentando motivos de protección civil y de competencia del mercado.

Lo llamativo es que Mi Gasolina comenzó a comprar gran parte de las gasolinerías de la toda la región lagunera, hasta convertirse en un monopolio de facto.

Al ingresar las franquicias de firmas extranjeras, lo que hizo SIMSA fue cambiar a una parte de sus establecimientos los nombres de firmas como Shell, entre otras, con lo cual el monopolio se ha disimulado en cierta medida.

Posteriormente, la disposición que se había implementado en Torreón de establecer un kilómetro y medio de distancia entre estaciones expendedoras de gasolina fue convertida en ley a nivel estatal durante el periodo de gobierno de Rubén Moreira Valdés.

La página de internet que anteriormente ostentaba la capacidad de flotillas, las instalaciones y el alcance de SIMSA en La Laguna y en otros estados del país fue cambiada por una página de un perfil mucho más bajo, cuando la empresa ha tenido un crecimiento enorme en los últimos diez años, como lo muestra el monopolio que ha logrado establecer en La Laguna.

El problema, según lo reportan analistas de presencia nacional como Darío Celis, es que en ese crecimiento asombroso del consorcio lagunero, está incurriendo en prácticas ilegales para imponer sus condiciones de mercado, y todo indica que en estados como Veracruz ha ido más allá de sólo usar prácticas monopólicas, lo que ha llamado ya la atención de los medios de comunicación nacional.

Habrá que ver si el caso brinca hasta la dirección de Pemex y a otras instancias gubernamentales, ahora que el tema de la distribución y venta del gas de consumo doméstico se ha convertido en toda una polémica a nivel nacional.