Jorge Zermeño y la manipulación de la obra pública en Torreón

Por:  Eduardo Rodríguez

De los 1,059 millones de pesos ejercidos en obra pública en Torreón durante el gobierno del panista Jorge Zermeño Infante, a través de 393 obras, un 86% fue asignado de forma directa o a través de concursos cerrados y a modo para beneficiar a empresas allegadas al alcalde y a su familia.

De estas 393 obras, únicamente 3 fueron por licitación directa, 98 por invitación y 292 fueron adjudicadas directamente, cuando la Ley de Obras Públicas de Coahuila establece que sólo se puede realizar una asignación directa cuando el proyecto no rebase los 400 mil pesos.

A través de la plataforma de transparencia Karewa, el Consejo Cívico de las Instituciones realizó una sistematización de los contratos municipales, lo que arrojó que el 50% del gasto total en obras públicas, equivalente a 525 millones de pesos, fueron asignados de forma directa; el 36%, que representaron 383 millones de pesos, fueron asignados mediante licitaciones cerradas por invitación; mientras que tan solo el 14%, que suma un total de 150 millones de pesos, fue asignado a empresas ganadoras por medio de una licitación pública.

El de Jorge Zermeño Infante ha sido un gobierno de obras menores, la mayoría de ellas pavimentación, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos y remozamiento de parques y jardines. Solo algunas de las obras fueron de reposición de drenajes y de obras relacionadas con el abasto de agua potable, pero no se realizó una sola obra de infraestructura urbana importante.

Varias de estas obras, que incluían contratos que iban de los 3 hasta los 10 ó 15 millones de pesos, eran seccionadas para asignarlas directamente y evadir el realizar una licitación pública.

Lo anterior permitió un manejo discrecional de los contratos, asignados a empresas cercanas al propio alcalde o a sus familiares, con una gran opacidad, según se ha venido observando en el portal de transparencia de obras públicas y contratos del ayuntamiento de Torreón.

Muchas de las obras fueron cobradas con muy fuertes sobreprecios, lo que sólo se puede explicar a través de la corrupción.

Un ejemplo contundente de la forma en que se manejó la obra pública en el gobierno que termina, son los recursos recabados en 2018 bajo el concepto de Centro Histórico, que fueron de 17 millones 318 mil 560 pesos, los que se cobran al contribuyente junto con el pago del impuesto predial.

Inconformes con la aplicación de estos recursos, el Consejo Morelos Centro Histórico, A.C, solicitó al entonces tesorero, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, una relación detallada de la aplicación de dichos recursos.

Con la información proporcionada, el Consejo realizó una investigación detallada y contrató a peritos particulares para evaluar el costo real de las obras.

A través de dicha investigación, se detectó que la mayoría de las obras reportadas tenían información incompleta en el portal de transparencia; la existencia de empresas cuya existencia no pudo ser comprobada en los registros de la Secretaría de Hacienda ni en ninguna otra fuente; gastos reportados como ejercidos en obras de mantenimiento inexistentes, entre otras graves anomalías.

DESVIACIÓN ESCANDALOSA

Como ejemplo se tomó el costo reportado en las canchas deportivas de la Alameda Zaragoza, cuyo monto oficial fue de 3 millones 551 mil 729 pesos, asignada por invitación a la empresa Construcciones RFG, S.A de C.V, cuyos datos generales aparecieron en blanco en la copia del contrato proporcionado al Consejo, apareciendo únicamente el nombre de Ignacio Franco González como responsable, pero al investigar en el medio de los constructores locales, nadie pudo identificarle.

En la información oficial, el gasto final de la obra fue de 3 millones 845 mil 619 pesos.

El Consejo contrató los servicios de un experto en la materia, de nombre José Antonio Mireles Barrientos, para realizar un presupuesto de la aplicación de materiales y mano de obra de las canchas deportivas de la Alameda Zaragoza.

El experto reportó que el costo real de la obra sería de tan solo 360 mil 633 pesos, en lo que es una diferencia escandalosa.

En total el Concejo detectó gastos con apariencia de delitos por 13 millones 686 mil 397 pesos, ejercidos oficialmente con cargo al fondo del Centro Histórico, correspondientes al ejercicio de 2018.

Sólo para hacer algunas especificaciones más puntuales sobre dichas anomalías que motivaron la presentación de una denuncia formal que nunca prosperó, por el concepto de “retiro de escombro y flete de la Alameda Zaragoza”, se reportó un gasto de 624 mil 010 pesos, lo que es una cantidad infladísima, absurda.

En otro concepto de gasto, la “adquisición de material para rehabilitar fuentes de la avenida Morelos”, se reportó un gasto de 351 mil 880 pesos, pero dichos trabajos nunca fueron realizados, según fue verificado físicamente por el propio Concejo.

Un concepto absurdo más: “Trabajos de impermeabilización y rehabilitación de sanitarios en funeraria DIF, en avenida Allende” tuvo un costo oficial de 678 mil 019 pesos y fue por asignación directa.

Esta investigación y denuncia del Consejo Morelos Centro Histórico A.C. muestra detalladamente de qué forma se manejó la obra pública del gobierno de Torreón durante los últimos cuatro años.

Sólo por el cobro de la cuota del Centro Histórico, los dos gobiernos de Jorge Zermeño ingresaron al menos 70 millones de pesos, la mayoría de los cuales fueron desviados a través de un manejo como el que se realizó en la Alameda Zaragoza.

ACUMULACIÓN DE SEÑALAMIENTOS

En su momento, Revista de Coahuila publicó los señalamientos detallados realizados por la síndico de vigilancia, Dulce María Pereda Ezquerra, en torno a la opacidad que se dio en el portal de transparencia en torno a la asignación de contratos y de obra pública.

La constante ha sido el ocultamiento de información precisa sobre obras, empresas, contratos y montos, pero, en varias ocasiones, se denunció la contratación de empresas que pueden ser consideradas como “fantasmas”, domiciliadas en casas habitación de colonias de la periferia o en domicilios donde no se pudo comprobar la existencia de actividad empresarial alguna.

La misma síndica de vigilancia denunció la presencia de razones sociales como Oseye S.A de C.V., Green Patcher México S. de RL de C.V., GST Ingeniería y Diseños S.A. de C.V., Grupo Marniez de Durango, COREESAC S.A. de C.V., empresas foráneas todas ellas, de Puebla, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Durango, que fueron favorecidas por Jorge Zermeño a través de contratos que estaban a modo y en obras que muchas veces fueron de baja calidad o bien a precios inflados.

Pero el modus operandi más importante fue la realización de obras menores, manejadas en varios contratos de asignación directa, con costos totalmente fuera del mercado de la construcción o bien cobro de contratos por obras en apariencia pequeñas que nunca se realizaron, como se ejemplificó anteriormente.

Un esquema más reciente, empleados principalmente en 2020 y 2021, fue el involucrar a grandes empresas de la región para que cooperaran económicamente en “el rescate de espacios públicos”, para realizar una mezcla con recursos municipales, lo que permitía que al mezclarse dichos recursos los contratos de obra podían ser manejados por los funcionarios públicos.

Éste es el caso de la rehabilitación que se está realizando en el Bosque Venustiano Carranza, donde el anuncio fue de una inversión de hasta 40 millones de pesos, en lo que sería la integración de un complejo recreativo y deportivo, incluyendo el bosque, la unidad deportiva Nazario Ortiz Garza y el Estadio de la Revolución.

Tan solo en la banqueta perimetral, el gobierno de Jorge Zermeño afirma que se realizará una inversión de 10 millones de pesos de recursos públicos. Se inició en enero de 2021 y hasta la fecha no ha podido ser concluida.

En el caso de los mencionados fondos del Centro Histórico, hay obras como la remodelación de la Casa Mudéjar, cuyo costo de las obras de reconstrucción nunca ha sido dado a conocer; tampoco quién se encargó directamente de dichas obras.

Si se le quisiera resumir, la obra pública de los dos gobiernos de Jorge Zermeño Infante han sido un gran agujero negro, donde hay cientos de millones de pesos cuya aplicación no puede ser debidamente justificada, si se le audita con rigor profesional y con la normativa vigente de la Ley de Obras Públicas de Coahuila.