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La Fiscalía de Gertz Manero, una justicia selectiva y absurda

Análisis Político y Social / Opinión / Slider / 3 octubre, 2021

Por: Marcela Valles

No hay nada que haga la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que no sea por las órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador, eso es algo que no está a discusión y se lleva a cabo de una manera burda, insultante para una fiscalía que se presume autónoma, completamente independiente del poder ejecutivo.

La subordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, es explicable, pues se encuentra dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no es válido que se le esté usando en contra de políticos y personas a quienes se considera como enemigos y críticos del actual gobierno.

Alejandro Gertz Manero juró independencia y apego a derecho, pero en los hechos se está manejando más como un jefe policiaco con poderes amplios que como un fiscal, lo que se apega a su historial profesional de haber sido jefe policiaco en la Ciudad de México y a nivel nacional con partidos tan encontrados como el PRD de López Obrador y el PAN de Vicente Fox Quezada.

Al obrar por consigna y no conforme al debido proceso judicial, como debería hacerlo alguien de la jerarquía del fiscal de la república, está cometiendo errores muy elementales pero, debido al poder que le confiere el cargo, muy peligrosos para los derechos de los acusados y en general para el estado de derecho del país, que es uno de los problemas capitales que ha enfrentado México por décadas.

Los hechos no pueden ser más ilustrativos.

Abrieron un proceso contra el exdirector de Pemex del periodo de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, un funcionario muy corrupto, como la mayor parte de los exdirectores de Pemex, quien fue traído del extranjero bajo graves cargos que en un proceso judicial correcto le le hubieran representado muchos años de cárcel, entre otras medidas.

Emilio Lozoya fue detenido en febrero de 2020 en La Zagaleta, uno de los sectores más exclusivos del centro vacacional de Málaga, en España, donde tenía meses encerrado viviendo en la mansión de un magnate ruso.

Según lo describió la policía española en su momento, Emilio Lozoya no tenía necesidad de salir de la Zagaleta e inclusive de la mansión del magnate, porque podía disfrutar “de todos los lujos imaginables”. El lugar, custodiado por exmilitares de fuerzas especiales, era y es inaccesible incluso para la policía, por lo que se requirió de toda una maniobra de inteligencia para poder sacar del lugar al exfuncionario mexicano.

Acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa, el de Lozoya Austin era un caso grande, que involucra maniobras financieras por miles de millones de pesos.

En julio de 2020 fue traído a México, pero bajo un previo acuerdo de convertirlo en “testigo protegido”, por lo cual el exdirector e Pemex no pisó siquiera la cárcel ni tampoco compareció ante ningún ministerio público de forma física. Todo ha sido virtual y bajo el acuerdo de que proporcionaría toda la información que poseía sobre la trama de corrupción, en torno a Pemex y a la llamada Reforma Energética en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora Emilio Lozoya ha involucrado a 70 personas en tratos de corrupción a través de él o de su conocimiento, todo con base en sus dichos y ha proporcionado dos testigos: Froylan García y Norberto Gallardo, el primero coordinador ejecutivo al servicio de Lozoya cuando éste era director de Pemex y el segundo, jefe de escoltas también de Lozoya.

A cambio de esa información y de alguna otra que está bajo la reserva de la FGR, el exdirector de Pemex enfrentará todo su proceso en libertad condicional y seguirá compareciendo de forma virtual, mientras se aloja en su residencia de Lomas de Bezares, una propiedad valuada en 38 millones de pesos, con 1,162 metros de terreno y 1,000 de construcción, propiedad que tiene a salvo de cualquier alto del poder judicial.

Ya no está en la Zagaleta de Málaga pero la pasa bastante bien en su mansión.

JUSTICIA SELECTIVA

De la lista de 70 supuestos involucrados, la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero ha seleccionado a un grupo de políticos panistas y ha ido en contra de ellos.

El caso más notorio es el de Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, por quien Andrés Manuel López Obrador muestra una especial animadversión desde la campaña de 2018.

Ricardo Anaya, quien también fue acusado de ilícitos en su periodo de campaña y exonerado, ahora es acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, a partir de supuestos sobornos por 6 millones 800 mil pesos recibidos de Emilio Lozoya.

El proceso es demasiado singular y desaseado. Desde su conferencia mañanera, López Obrador ha calificado a Ricardo Anaya como “hipócrita, chueco y ladrón”, lo que violenta el debido proceso y además le abona a la polémica de que se trata de una vendetta política.

Pero Alejandro Gertz Manero, siendo el fiscal de la nación, ha declarado que la defensa de Ricardo Anaya “es francamente deleznable”, en respuesta a las afirmaciones de que se trata de un caso de persecución política.

El fiscal de la nación fue más allá y declaró que se trata de “una trama delictiva, donde Anaya dio el voto parlamentario para entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

No podía haber una ideologización y politización más manifiesta en el uso de la supuesta justicia, al grado de considerar el voto de los diputados en favor de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto como un acto antipatriótico y delictivo.

Las declaraciones como la postura del fiscal son aberrantes desde el punto de vista del proceso judicial, que está perfectamente establecido en la ley.

El encono y las anomalías son tales que se le negó por semanas la copia del expediente a los abogados del acusado y se requirieron de 12 oficios solicitándolo.

Al mismo tiempo, Emilio Lozoya compareció virtualmente a finales de agosto ante un juez del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, en torno al caso de la empresa Agronitrogenados. El juez dio una nueva fecha para el 19 de noviembre y exhortó a las partes “a que concreten pláticas y lleguen a un acuerdo”, así de displicente para un exfuncionario que está involucrado en una trama verdaderamente enorme de corrupción, a través de la petrolera Pemex, hoy en la quiebra y como la mayor deuda de todo el sector público.

De esta manera los dichos de Emilio Lozoya y los dos testigos que él mismo proporcionó y que eran personas de su confianza y bajo su mando, son suficientes para impartir “justicia”, aun en contra de un excandidato presidencial que se promueve para la contienda de 2024.

Sobre los testigos, hay declaraciones tan singulares como la narrativa de que los mandaron a entregar maletas repletas de dinero y ellos, antes de entregarlas, contaban el dinero, de donde se desprende la confirmación supuesta de que eran 6 millones 800 mil pesos. ¿Desde cuándo un mandadero se pone a contar el dinero que va a entregar en una transacción mafiosa?

Es, concretamente, una acusación fincada en dichos de un “testigo protegido” que va a decir lo que la PGR quiere que le digan y de lo dicho usará lo que convenga políticamente al propio gobierno.

De seguirse tales procedimientos, el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, debería estar en la cárcel enfrentando un juicio por los mismos cargos, y no, como sucedió, rescatado de las autoridades norteamericanas por la petición directa del presidente de la república.

La corrupción era, y es, una práctica arraigadísima en el poder legislativo, que era “compensado” por el presidente en turno, especialmente tratándose de sacar adelante ciertas iniciativas, eso es tan viejo como el sistema político mexicano, pero es público que los panistas apoyaron, y apoyan, abiertamente la llamada Reforma Energética.

Ricardo Anaya es parte de una generación de jóvenes políticos panistas que cayó en muchas prácticas de corrupción, pero si ya lo acusaron anteriormente de lo mismo y lo exoneraron, va a ser muy complicado que le puedan ganar este juicio, el cual indudablemente tiene aroma de venganza y de un uso cada vez más autoritario del poder.

Políticamente le pueden estar haciendo un favor a Ricardo Anaya y, con ello, fortaleciendo el poder que tiene en la cúpula del PAN, lo cual no parece ser lo más inteligente y beneficioso para el principal partido de oposición del país.

Fortalecer a Ricardo Anaya es debilitar a la dirigencia nacional del PAN, y eso es lo que está provocando este proceso judicial.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN y gente de Ricardo Anaya, en medio del escándalo mediático ha solicitado permiso al cargo para buscar reelegirse, incluso estando muy distante de ser el mejor dirigente nacional que puede tener el PAN, ahora que está buscando reposicionarse a nivel nacional como la principal fuerza opositora al partido gobernante, que busca desarticular a toda la oposición.

Como fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero ha sido una decepción, cuando su cargo es el más estratégico para un gobierno que maneja como su principal activo la lucha en contra de la corrupción.

El manejo de la fiscalía debería ser técnicamente impecable, fuera de cualquier cuestionamiento y no sujeto a cuestiones políticas y mucho menos ideológicas.

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Redacción




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