El caso Guanajuato: ¿en manos de quién estamos?

Por: Rodrigo Tejeda

Guanajuato es el estado más productivo de México, con un crecimiento del 4% anual en los últimos 10 años, pero además es uno de los estados más emblemáticos del país desde el punto de vista histórico.

Ser el estado donde se inició la guerra de independencia del país no es ninguna casualidad sino el resultado de su historia y de su cultura, pues ya en este siglo es de los muy pocos estados que se opusieron abiertamente al autoritarismo de los primeros gobiernos revolucionarios, como también es la cuna del movimiento sinarquista, otro movimiento opositor a la hegemonía del régimen autoritario en la primera parte del siglo pasado.

Desde hace aproximadamente 30 años, Guanajuato es gobernado por el PAN y en 2018 fue el estado que votó masivamente en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, por lo cual el ahora presidente lo considera como la cuna del “conservadurismo” y de “los retrógradas”, porque en las encuestas la mayoría de los guanajuatenses lo siguen rechazando.

Pero esta postura de independencia política y de apego firme a su tradición le está costando sangre, mucha sangre, a los guanajuatenses.

Y es que en Salamanca, Guanajuato, se ubica la segunda refinería en importancia del país, lo que no había sido ningún problema hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando el crimen organizado descubrió el enorme negocio del “huachicoleo” y comenzó a “ordeñar” toda la red de ductos que salen de la refinería.

El robo llegó a tal escala e impunidad por parte de las autoridades federales, que se creó un cártel regional en el sur del estado denominado “Cártel de Santa Rosa de Lima”, el cual se convirtió en un serio problema para el municipio de Salamanca y de varios municipios cercanos.

Ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el “huachicoleo” había tomado proporciones alarmantes, lo que obligó a realizar operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, el ejército, la marina y las fuerzas estatales, que llevó a la detención, en agosto de 2020, de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima y responsable de una larga lista de asesinatos, secuestros, levantones y del manejo de el robo masivo de gasolinas a la refinadora de Salamanca.

El gobierno federal pensó que con la detención de “El Marro” terminaba el problema del “huachicoleo” en esa parte del país, pero el problema de la violencia apenas comenzaba.

Después del “bautismo” del gobierno de López Obrador por parte de los “huachicoleros” apenas iniciado su gobierno, consistente en una horrible matanza de al menos 137 civiles y decenas de heridos de gravedad en la comunidad de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, el nuevo gobierno se vio obligado a tomar medidas, pero también se mostró temeroso a involucrarse en una lucha abierta en contra de las organizaciones del crimen organizado.

El tiempo tan largo que se empleó para la detención de “El Marro” (un año y ocho meses) permitió la incursión en Guanajuato del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, considerado hoy como el cártel más violento y poderoso de todo el país, el cual le comenzó a disputar “la plaza” al cártel de Santa Rosa de Lima, provocando actos demenciales de violencia, como el asesinato de 27 internos de un centro de rehabilitación de drogas en la ciudad de Irapuato.

ABANDONADOS A SU SUERTE

Con la detención de “El Marro”, un psicópata sumamente violento, se anunció el debilitamiento y posible desaparición del Cártel de Santa Rosa de Lima, pero lo que ha sucedido durante el último año ha sido una sangrienta lucha entre los grupos que operaban dentro de este cártel y el CJNG, lo que ha colocado a Guanajuato como el estado con más homicidios de todo el país.

Tan solo en el periodo de enero a mayo de 2021 se registraron 1,545 homicidios, seguido por Baja California Norte, que registró 1,341.

Ante esta situación y las enormes cifras de homicidios en el actual gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra del gobierno estatal de Guanajuato y más específicamente en contra del fiscal estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, a quien acusó de tener 12 años en el cargo y no dar resultados, pidiendo su destitución.

Lo esperado era que el gobierno federal, conjuntamente con el gobierno estatal, implementaran algún plan para el combate al crimen organizado, específicamente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y las células que quedan del Cártel de Santa Rosa de Lima, pero lejos de esto la postura ha sido endosar el problema al gobierno de Guanajuato y a su fiscalía.

Como suele suceder, de los dichos de la “mañanera” se pasó a los hechos. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, abrió una investigación contra el fiscal Carlos Zamarripa y contra su esposa (designada por los medios como juez activa del Poder Judicial del Estado, sin otorgar su nombre), pero al no encontrar nada relevante se va contra un empresario del que se presume tiene nexos económicos con el fiscal, al cual le congela sus cuentas bancarias antes de tener ninguna evidencia contundente.

Esto tuvo como repercusión el generar diferencias muy fuertes con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien estará en el cargo hasta 2024.

“HICIERON ALIANZA CON LA DELINCUENCIA”

Molesto por no lograr obligar al gobernador a destituir al fiscal del estado y sin haber encontrado ningún antecedente relevante para incriminarlo, en la conferencia mañanera del 30 de agosto López Obrador hizo declaraciones sumamente delicadas y además infundadas, donde acusa a las autoridades de Guanajuato de tener una alianza política con la delincuencia.

“…Es muy probable” afirmó, “que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre”.

AMLO expresó, literalmente, tener presente que en la elección de 2006 “le dieron a Felipe Calderón 300 mil votos falsos”.

Es ya demasiado evidente que López Obrador tiene una fijación obsesiva y muy negativa con la elección de 2006, en la cual perdió por un corto margen, pero esta afirmación en torno a Guanajuato es completamente falsa porque carece de evidencia alguna, pero además exhibe la manera en que sus fobias políticas personales influyen en las políticas de Estado, en un tema tan delicado como la seguridad.

“Nosotros estamos haciendo todo, pero no contamos con apoyo y lleva mucho tiempo el fiscal y no hay resultados” añadió.

En respuesta a las declaraciones presidenciales, el alcalde de León, la ciudad más importante de Guanajuato y centro económico de la entidad, Héctor López Santillana, externó que el gobierno municipal se ha hecho cargo de las necesidades de alimentación y alojamiento de los elementos de la Guardia Nacional y del ejército mexicano que llegan a la ciudad para apoyar en acciones de seguridad.

“Los elementos de la Guardia Nacional y del ejército que llegan no traen resueltos ni sus viáticos, ni su alimentación, ni su lugar donde se quedan y ahí está la muestra del compromiso municipal para facilitar la colaboración” declaró López Santillana.

Enseguida detalló que la presidencia municipal ha hecho diversas aportaciones para el ejército y la Guardia Nacional, que van desde la construcción de las unidades habitacionales y el cuartel de la XII región, la donación de un terreno en Villas de San Juan y la renta de bodegas que se emplean como bases de operación.

Parece muy evidente que el gobierno federal se está deslindando del problema de seguridad de Guanajuato, cuando la mayoría de los delitos corresponden al fuero federal, pero Guanajuato es un estado opositor y no sólo se está evitando el combate a los cárteles del crimen organizado, sino que se está acusando de colusión al gobierno estatal y tratando de incriminar al propio fiscal, pero al no obtener resultados se recurre a la difamación.

Mientras esto sucede, la sangre sigue corriendo en ciudades que, aun en el periodo calderonista, tenían índices delictivos bajísimos, pero hoy los asesinatos no parecen tener fin.