Ante fracaso en política de seguridad, el crimen crece en todo el país

Por: Rodrigo Tejeda

Las cifras sobre la criminalidad y la violencia son contundentes y desmienten al discurso federal. Oficialmente el número de homicidios dolosos en los primeros 30 meses del actual gobierno de AMLO es el doble de los registrados en el mismo periodo de Felipe Calderón y casi un setenta por ciento de los que se presentaron, también en el mismo periodo, con Enrique Peña Nieto.

El país vive un baño de sangre en una gran parte de los estados del país. Además del índice de homicidios, en lo que va del periodo de AMLO se han presentado ya 21,500 desaparecidos.

Y no es que haya fallado una política o plan de seguridad establecido, sino que no existe un plan de seguridad, sino una política por la cual se pretende combatir a las poderosas organizaciones del crimen organizado y a la delincuencia en general con algunos programas de tipo social, lo cual está resultando como un rotundo fracaso.

De acuerdo a las estadísticas oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros 30 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que van de diciembre de 2018 a mayo de 2021, se han registrado 72,892 expedientes por homicidio doloso.

En el mismo periodo del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que ha sido duramente cuestionado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”, se presentaron, de acuerdo a la misma fuente, 30,572 homicidios dolosos, en tanto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto y considerando también sus primeros 30 meses, se registraron 41,979 homicidios dolosos en todo el país.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumenta “tener otros datos”, afirmando que el registro puntual de las víctimas de homicidio, secuestro y extorsión no se dio sino hasta 2014, por lo cual no se puede hacer una comparación de los primeros 30 meses de los tres gobiernos.

Contra este argumento, está el hecho contundente de que los mecanismos de recopilación de información delictiva del país son básicamente los mismos en lo que se refiere a homicidios y delitos de alto impacto, donde una parte de delitos como la extorsión y el secuestro no son debidamente registrados. En el caso de homicidios puede haber variaciones, pero no son muy significativas.

DESCOMPOSICIÓN EN LOS ESTADOS

El clima de inseguridad y violencia se extiende a gran parte de los estados del país, donde el lema presidencial de “abrazos y no balazos” se traduce como una política por la cual el gobierno federal ha girado la orden de evitar la confrontación y el uso de la fuerza legítima por parte de las fuerzas armadas y de la nueva Guardia Nacional en contra del crimen organizado, lo que ha propiciado el empoderamiento de los cárteles y su agresiva expansión.

Al nivel de inteligencia la capacidad del Estado ha sido disminuida, mientras que la llamada Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, que depende en teoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ha convertido en un arma terrible en contra de los enemigos políticos del actual gobierno, pero no en contra de la gigantesca red de lavado de dinero que opera el crimen organizado en todo el país.

En el pasado proceso electoral del 6 junio de 2021, considerada como la elección más grande de la historia del país por la cantidad de cargos públicos que serían renovados, entre ellos 15 gubernaturas, la intromisión del crimen organizado fue más evidente que nunca y, en muchos casos escandalosa.

En su Quinto Informe de Violencia Política en México, realizado por la consultora Etellek, en el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, se registraron 782 agresiones contra 737 víctimas, de los cuales 518 (70%) eran aspirantes a un cargo de elección popular.

Se dieron 90 asesinatos directos en contra de candidatos, colaboradores y personas relacionadas con el proceso. El delito más extendido fue la amenaza en contra de candidatos, para no contender o para alinearse con la delincuencia. En los casos en que las amenazas no dan resultados, se recurre a medidas más drásticas, como el secuestro (se documentaron un total de 40 secuestros en contra de políticos y candidatos).

El presidente anunció, en sus conferencias mañaneras, que no permitirían la injerencia del “partido del crimen” en las elecciones, pero fueron desplegados 3,300 de la Guardia Nacional para proteger a 21,000 candidatos, en un país de 110 millones de habitantes.

Los resultados completos del informe están disponibles en la internet.

Frente a esta violencia registrada en el proceso electoral y documentada, diversas organizaciones, voceros y autoridades gubernamentales en los estados denunciaron la intervención masiva del crimen organizado, que inclusive llegó a montar campañas paralelas de proselitismo en estados como Sonora, Baja California Norte y Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, entre otros.

La infiltración es tal en estados como Guerrero, que el obispo católico de la diócesis de Chilpancingo, la capital, Salvador Rangel Mendoza, denunció abiertamente la violencia que se vive en el estado y la infiltración del narcotráfico a las campañas electorales, haciendo referencia concreta a la violencia que se presenta en varios municipios, donde afirma: “vamos a ser gobernados por los narcos”.

En Michoacán, el propio gobernador, Silvano Aureoles, denunció que el nuevo gobierno estatal estará en manos del narcotráfico, así como una gran parte de la entidad. El presidente le pidió pruebas y el gobernador se presentó en palacio nacional con un voluminoso expediente. Nunca fue recibido. Se presentó posteriormente ante la Fiscalía General de la República pero sólo le dieron un trato de trámite, por lo que anunció que acudirá a instancias internacionales.

Después de presentar durante varios meses una cubertura periodística puntual de lo que sucede realmente en algunas regiones de Michoacán, la periodista Azucena Uresti, conductora del noticiero televisivo de Milenio por las noches, fue amenazada de muerte por el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes.

El grupo Milenio está incomodando y poniendo en evidencia no sólo a los cárteles del crimen, sino al propio gobierno federal, al ejército y a la Guardia Nacional, en una exposición muy cruda de acontecimiento donde se puede apreciar la indignante indefensión en que viven pueblos enteros, así como la absoluta impunidad de los criminales.

En lo que va del periodo de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 defensores estaban bajo protección gubernamental, de acuerdo a la información proporcionada oficialmente por la Secretaría de Gobernación.

Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron asesinados un total de 47 periodistas, lo que evidencia un notorio incremento en el actual gobierno, y el lamentable hecho de que México es el país más mortal, después de las zonas de guerra, para ejercer el periodismo.

Contradictoriamente, el principal agresor de la prensa en México es el propio presidente, quien, desde que asumió el poder, se ha dedicado a atacar sistemáticamente a casi todos los periodistas más conocidos del país, montando inclusive una sección especial los días miércoles en sus conferencias para descalificar y atacar periodistas y medios de comunicación.

No es entonces nada extraño que un poderoso capo se permita amenazar de muerte a una periodista que, anteriormente, ha sido agredida y descalificada por el propio presidente, quien ahora le ofrece su protección, lo que está visto que no pueden garantizar debido a la baja eficiencia de los organismos de seguridad.

VUELVEN LAS MATANZAS DE CIVILES

Como si se tratara del término de una tregua, apenas pasadas las elecciones del pasado 6 de junio de 2021, la violencia ha arreciado en varias zonas del país.

En Tamaulipas, que se ha convertido en un narcoestado, el enfrentamiento entre facciones criminales motivó las matanzas de civiles al azahar, sólo para calentar la plaza de Reynosa. En la lucha por controlar el paso hacia un puente internacional con Estados Unidos, fueron ejecutados al menos 15 civiles en sus domicilios o en la vía pública, a lo que se han seguido otras matanzas.

En Guanajuato el enfrentamiento entre las bandas criminales ha regresado, con masacres de hasta 14 ejecutados en un solo fin de semana, como ocurrió el pasado 8 de agosto. Este estado, que es el de más alto crecimiento económico de todo el país (un 4% anual en los últimos 10 años), es gobernado por el PAN y es el único donde el presidente y Morena tienen un rechazo contundente. Desde el 2018 vive un baño de sangre interminable, que le ha convertido en la entidad más violenta del país.

De enero a mayo de 2021 Guanajuato ha registrado 1,545 homicidios, colocándose en primer lugar a nivel nacional, seguido por Baja California Norte, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.

La respuesta de AMLO ha sido atacar al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha sido investigado a nivel personal por la Unidad de Inteligencia Financiera. Al no encontrar nada relevante se investigó a su esposa con el mismo resultado, pero le fueron congeladas las cuentas bancarias a un empresario cercano al funcionario, tras la mera presunción de ciertas operaciones financieras irregulares.

La postura de López Obrador es que el procurador, quien tiene 12 años en el cargo, sea removido por el gobernador de Guanajuato, argumentando que la ola de homicidios son del fueron común y le competen a la fiscalía estatal, no a las fuerzas federales, cuando los especialistas coinciden en que el problema de fondo sigue siendo la lucha por el control del “huachicoleo”, que se origina en los ductos de la refinería de Salamanca, la segunda más importante el país.

Lejos de buscar un esquema de coordinación de fuerzas federales, estatales y municipales, con mando único, como el que opera en Coahuila, el gobierno federal se lava las manos de toda la sangre que está corriendo en Guanajuato, en buena medida por motivos de carácter político; por negar que el problema del “huachicoleo” continúa y por la política de no ejercer operativos de gran alcance sobre los grandes cárteles del crimen, en este caso el Cártel Jalisco la Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

No hay acciones contundentes en contra del crimen organizado, pero sí la utilización de la UIF para eliminar al fiscal del estado de Guanajuato, lo que no hace sino empeorar la situación y alentar el baño de sangre, pues finalmente se está dando en el estado más opositor a la 4T, aunque sea el que tiene la economía más productiva de México.

LOS AMIGOS DE SINALOA

Los índices de criminalidad y el empoderamiento del crimen organizado han propiciado que las organizaciones criminales que vienen del periodo de Enrique Peña Nieto estén teniendo una penetración muy delicada en una gran cantidad de estados, donde se han ido apoderando de regiones completas.

En toda la costa del pacífico o lo que puede denominarse como la zona oriente del país, que va desde Baja California Norte y Sur hasta Chiapas, pasando por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los cárteles tienen tal presencia que se permiten hacer campañas masivas de imagen, regalando a la población despensas, artículos electrodomésticos y artículos diversos para el hogar, dándole inclusive acceso a los medios de comunicación para ser filmadas las entregas.

El poderoso cártel de Sinaloa, cuna del narcotráfico en México y con presencia en toda la zona del pacífico, está recibiendo un trato abiertamente amistoso por parte de Andrés Manuel López Obrador, aún después de que la facción que controla la familia de Joaquín “El Chapo” Guzmán desafiara abiertamente al Estado y amenazara a las familias del propio ejército.

A cambio de este trato amistoso, el cártel, compuesto por un grupo de facciones que dirigen varias familias de capos, se ha convertido en un aliado político en todos los estados de la costa.

El 1 de agosto de este año el presidente volvió a Badiraguato, la tierra de la familia Guzmán, para inaugurar obras, lo mismo que en Tamazula, Durango, que es parte del santuario del llamado “Triangulo dorado”, donde han operado por décadas los narcotraficantes de Sinaloa.

Mientras en la serranía se inauguran obras, la autopista Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Reynosa se ha convertido en la vía de tránsito más peligrosa del país, cuando es la vía terrestre de de mercancías a Estados Unidos más importante de México, al grado que no puede ser transitada de noche y aún de día hay riesgo de asaltos y secuestros.

Paradójicamente, el país se está militarizando cada vez más, aunque la participación del ejército y la marina tenga un papel cada vez más pobre en materia de seguridad. En una maniobra amañada, bajo el argumento de que la nueva Guardia Nacional se puede corromper, ésta fue incorporada formalmente al ejército y, así, por primera vez, México tiene una policía militar en todo su territorio, lo que le da un poder potencial enorme a la milicia.