El IMSS empeora el servicio y la falta de medicamentos

El IMSS empeora el servicio y la falta de medicamentos

Por: Marcela Valles

El servicio del IMSS ya era deficiente, pero a raíz de la pandemia de COVID-19 han empeorado aspectos fundamentales como consulta interna, especialidades, cirugías y el suministro de medicamentos, lo que se suma al temor de los derechohabientes a exponerse por horas en salas de espera y filas de farmacia, ante la posibilidad de contraer el virus y enfermar de gravedad.

Hasta ahora, a nivel nacional, la atención sobre la falta de medicamentos la ha atraído el cáncer infantil, al no haber medicamentos oncológicos, que son especialmente costosos, pero la falta de medicamentos en general es un problema de todas las farmacias del IMSS, donde al paciente le avisan que no se cuenta con el medicamento o le hacen dar al paciente dos y hasta tres vueltas para surtirle la receta.

Esta situación está teniendo una fuerte repercusión en la economía de las familias, quienes tienen que comprar en una farmacia comercial sus medicamentos o bien no tomarlos, con todas las consecuencias que ello implica.

Otro problema muy delicado es que el año pasado se dejaron de programar cirugías en casi todas las especialidades, y este año las programaciones tienen un rezago y tiempos muy prolongados, pero también está el miedo a internarse en una clínica u hospital del IMSS, ante la amenaza de contraer el COVID-19, amenaza que había disminuido pero está de vuelta con la llamada tercera ola de contagios y las nuevas variantes del virus, como la Delta, mucho más peligrosa que las anteriores.

La adquisición y la distribución de medicamentos en todo el sector salud público ha sido uno de los grandes fracasos del actual gobierno federal, que, empecinado, se empeña en una estrategia de compras consolidadas y un nuevo sistema de distribución que no ha sido capaz de implementar, cuando, de forma absurda, eliminó el sistema anterior de compras sin estar preparado para ello, como si se tratara del abasto de cualquier otro producto y no de medicamentos, los cuales tienen que suministrarse en plazos máximos de 30 días o menores.

CASTIGANDO LA ECONOMIA FAMILIAR

Celia, madre de familia de 56 años, quien labora como secretaria, padece de hipertiroidismo y tiene que tomar Levotiroxina de 100 miligramos, un comprimido diario. Durante casi todo el año pasado y lo que va del presente ha tenido que comprar su medicamento en una farmacia comercial, donde cuesta de 750 a 800 pesos la caja con 50 comprimidos.

Para obtener el medicamento del IMSS tiene que hace cita con su médico familiar, las cuales se dan de forma muy espaciada, por lo que tendría que estar en la clínica de 2 a 3 horas. Ya con la receta, tiene que hacer fila en la farmacia hasta por dos horas más, pero el problema es que frecuentemente tenía que dar dos y hasta tres vueltas para que le surtieran el medicamento.

Sin la vacuna, las posibilidades de contagio eran muchas, pero en Celia es muy riesgoso porque ha padecido de neumonía y varias veces de bronquitis, lo que le da temor. Ahora que ya tienen las dos dosis de la vacuna volvió al IMSS por el medicamento, pero se repitieron las esperas de dos a tres horas y las largas filas en la farmacia, donde le indicaron que regresara en cuatro días porque no había llegado el medicamento.

Patricia es una madre soltera de 45 años de edad y padece diabetes, por lo que tiene que tomar un medicamento para la estimulación del funcionamiento del páncreas. La caja de nateglinida, que en las farmacias tiene un nombre comercial de Prandin, tiene un costo promedio de 582 pesos, con 30 comprimidos y lo ha dejado de surtir el IMSS desde mediados del año pasado de 2020, por lo que ella lo tiene que adquirir por su cuenta, pero además tiene que adquirir otros medicamentos, que tampoco se los surten.

“A veces no tengo para comprar el medicamento y se me sube mucho el azúcar y me siento muy mal, para surtir todos los medicamentos que no me está dando el seguro social tengo que gastar más de mil pesos al mes, no es justo lo que nos están haciendo. Yo trabajo en una maquila y pues uno siempre le está pagando al seguro social”, explica molesta.

En 2019, utilizando todavía en parte el sistema anterior de compras consolidadas, el gobierno federal gastó en medicamentos 21,470 millones de pesos, pero en 2020, mientras implementaban un nuevo sistema de compras consolidadas y de distribución, solamente gastó 7,965 millones de pesos, la tercera parte, por lo cual dejaron desiertas 1,923 claves de medicamentos, el 63% del total.

Los medicamentos que más se escasearon fueron los que están destinados a atender el cáncer, la diabetes y la hipertensión, cuando estas dos últimas enfermedades son las más importantes en incidencia a nivel nacional, además de la comorbilidad que representan en caso de que se llegue a contraer COVID-19.

Doña Leonor tiene un problema igual o más crítico, pues ella tiene 80 años y padece de epilepsia, por lo que tiene que tomar Acetazolamida. Si deja de tomar el medicamento, se le presentan convulsiones, provocándole caídas, por las cuales ya tiene diferentes fracturas de huesos.

El IMSS no le está surtiendo el medicamento desde hace aproximadamente un año, por lo que sus hijos tienen que ayudarla para adquirirlo en una farmacia comercial, donde tiene un costo de 840 pesos y, según lo manifiesta, no le dura la caja ni un mes.

“Pues yo ya estoy muy vieja, comenta doña Leonor, ya me llevaron mis hijos a vacunar y me han llevado al seguro social por mi medicina, pero dicen que no ha llegado, siempre dicen lo mismo, yo no sé qué está pasando, porque pues con la ayuda que me dan porque estoy vieja a veces tengo que comprar el medicamento ¿Entonces donde está pues la ayuda?

“HASTA QUE NO SEPAMOS A CIENCIA CIERTA…”

Como es ya bien conocido, el problema del desabasto de medicamentos comenzó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando este, de manera personal, tomó la decisión de vetar a tres empresas encargadas del abasto de medicamentos al sector salud, en un sistema de compras consolidadas implementado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio del cual, según reportó oficialmente el propio IMSS, permitió, de 2013 a 2018, un ahorro de 21,361 millones de pesos y un abasto de medicamentos con una eficiencia del 92% de entregas oportunas.

Estas empresas eran el Grupo Farmacias Especializadas (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos (Dimesa) y Maypo, además la empresa farmacéutica PIPSA, encargada de la mayor parte de las sales para los medicamentos oncológicos.

El 20 de marzo de 2019, López Obrador giró un documento vetando a estas empresas y suspendiendo todo el sistema de compras consolidadas de medicamentos del sector salud, pero sin haber preparado un sistema sustituto.

El escrito, firmado personalmente por él, surgió de una reunión de trabajo, donde algunos de sus colaboradores le inculcaron que había corrupción en las compras de medicamentos, corrupción que no ha sido demostrada hasta la fecha con hechos concretos.

Se planteó la idea de que el nuevo gobierno podía comprar los medicamentos de forma más directa y haciendo grandes ahorros, pero lo que surgió fue un grave desabasto de medicamentos que se prolonga hasta la fecha.

El escrito que ordena la suspensión de las compras consolidadas y veta a las empresas, dice, en su párrafo principal: “…hasta que sepamos a ciencia cierta si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”.

De esta manera comenzó un viacrucis más para los derechohabientes del IMSS, que es el grueso de la población que requiere de una atención médica y de fármacos de forma oportuna.

Los medicamentos reportados en las quejas de los usuarios como más escasos son insulina, losartán, ciclosfarida, atorvastatina y quimioterapeúticos.

Debido al COVID-19 el número de diagnósticos de cáncer cervicouterino y de mama descendieron hasta en un 20%, por citar solo un ejemplo de la baja en la atención de pacientes debido a la insuficiencia de las clínicas y hospitales para atender, al mismo tiempo, la ola de enfermos por COVID-19 y los padecimientos que sufre la población en condiciones ordinarias.

Casi un año después de su orden de suspensión del anterior sistema de compras consolidadas, el gobierno de López Obrador anunció que implementaría un nuevo sistema de compras, a través de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) y del Insabi, un organismo que ha sido creado al vapor al inicio del actual sexenio, sin ninguna planeación y asesoría de especialistas.

Se informó que se invertirían 6,800 millones de dólares y el proceso de licitación se iniciaría en octubre de 2020, pero se inició hasta el 4 de diciembre del mismo año, para concluir en mayo de 2021.

Para la distribución de los medicamentos se ha decido emplear los servicios de una empresa denominada Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, una empresa con un pasado corrupto y opaco.

Como referencia, López Obrador había decidido que el nuevo encargado de la empresa distribuidora de medicamentos fuera David Eduardo León Romero, el mismo político que ha aparecido en tres videos entregando paquetes de dinero a los hermanos López Obrador.

A raíz del primer videoescándalo, el mismo David León renunció en agosto de 2020 a dirigir la nueva empresa, “para no afectar la imagen gubernamental”. Si no se destapa el videoescándalo hoy sería el encargado de la nueva distribución de medicamentos del sector público a nivel nacional.

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